LLA busca ir al recinto el jueves 17 de septiembre para sancionar reforma del BCRA e Inocencia fiscal II.
El oficialismo busca dictaminar el Súper RIGI la próxima semana y continúa la negociación por la reforma de Sociedades. Hojarasca, en tanto, se prepara para su sanción.
La Libertad Avanza planea en el Senado sancionar en las próximas semanas el tratamiento de Hojarasca, al tiempo en que se posterga el cierre del debate sobre otras dos iniciativas económicas que el oficialismo considera centrales: el proyecto de Sociedades y el Super RIGI. La intención es que ambos expedientes continúen en discusión y sean aprobados en septiembre.
La apuesta del Gobierno es que el Super RIGI llegue al dictamen el miércoles 26, mientras que el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades todavía requiere mayor negociación con los bloques aliados. En paralelo, Hojarasca aparece como la iniciativa que logró destrabar su recorrido parlamentario: Diputados ya le dio el visto bueno en abril y la Cámara alta lo dictaminó en junio.
No se descarta una sesión el jueves 27 para sancionar Hojarasca y avanzar con pliegos judiciales. Entre ellos, los de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos por Javier Milei para cubrir las dos vacantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la cual revisará los expedientes de alto impacto político e institucional. Entre ellos figuran la investigación por la criptomoneda $LIBRA, el caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otras causas que involucran a funcionarios nacionales.
En el caso del Super RIGI, el oficialismo busca avanzar con el dictamen durante la próxima semana. Hasta el momento, los aliados no presentaron modificaciones al texto, un dato que en la bancada libertaria interpretan como una señal de que el proyecto está encaminado para cerrar su debate en comisión.
La iniciativa crea un régimen de incentivos para grandes inversiones destinadas exclusivamente a nuevas industrias, con el objetivo de atraer proyectos vinculados con actividades industriales, tecnológicas y de infraestructura digital estratégica. El proyecto exige una inversión mínima de USD 1.000 millones por proyecto y establece que al menos el 20% de ese monto debe ejecutarse durante los primeros dos años desde la adhesión.
El régimen apunta especialmente a actividades que actualmente no se desarrollan en el país o que tienen un grado de desarrollo experimental o piloto. También excluye proyectos destinados simplemente a ampliar, modernizar o reconvertir instalaciones existentes.
Entre los principales beneficios previstos aparecen una alícuota del 15% en Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades y beneficios vinculados al IVA y al comercio exterior. También contempla incentivos cambiarios y una estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años.
El proyecto, además, requiere la adhesión expresa de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, cuando corresponda, los municipios donde se radiquen los proyectos. El Gobierno busca así que los incentivos nacionales estén acompañados por compromisos de las jurisdicciones locales en materia de previsibilidad y moderación fiscal.
Con ese esquema, el oficialismo pretende que el Super RIGI sea una versión superadora del RIGI aprobado durante el primer año de gestión de Javier Milei, pero enfocada exclusivamente en actividades económicas nuevas y de alto impacto productivo.
El escenario es más complejo con la reforma de la Ley General de Sociedades. El oficialismo también pretende dictaminarla en las próximas semanas, pero el expediente acumula mayores observaciones por parte de los senadores aliados y de la oposición.
Uno de los puntos que genera discusión está relacionado con el alcance de los controles sobre las sociedades tecnológicas y el uso de nuevas herramientas digitales. El proyecto busca modernizar de manera integral el régimen societario y adaptar la legislación a una realidad en la que la constitución, registración y administración de empresas se realizan cada vez más a través de herramientas digitales.
La senadora libertaria por Neuquén Nadia Márquez defendió ese enfoque durante el debate y explicó que la iniciativa permitiría, entre otras cosas, constituir sociedades mediante instrumentos privados con firma digital o electrónica y modernizar el régimen de publicidad para que pueda realizarse a través de plataformas digitales.
El objetivo es digitalizar prácticamente todo el circuito societario. En esa línea, el proyecto contempla herramientas tecnológicas para la identificación de las personas, incluidos mecanismos biométricos mediante reglamentación, con la intención de reducir costos y facilitar el acceso a la economía formal.
Otro de los cambios centrales es la creación de un legajo digital público de cada sociedad, de acceso gratuito, irrestricto y online. La idea que planteó Márquez es que el Registro Público deje de ser concebido como un filtro burocrático y se convierta en una infraestructura digital que facilite el funcionamiento de las empresas y el acceso a la información.
La reforma también incorpora una mirada específica sobre la inteligencia artificial. El proyecto establece que el uso de estas herramientas por parte de los administradores de una sociedad no elimina ni reduce las responsabilidades que les corresponden.
Ese aspecto tecnológico también abrió una discusión entre los senadores. Jorge Capitanich, senador chaqueño del PJ y uno de los opositores que siguió de cerca el tratamiento en comisión, planteó reparos sobre el modo en que el proyecto aborda la intervención humana frente a decisiones tomadas o asistidas por sistemas de inteligencia artificial.
“La revisión humana debe ser real, no decorativa”, advirtió Capitanich, al cuestionar que la mera existencia de una persona que apruebe automáticamente lo que recomienda un sistema pueda ser considerada suficiente. Para el chaqueño, la intervención humana debería ser realizada por una persona competente e informada, con capacidad efectiva de revisar y corregir una decisión y con responsabilidad jurídica sobre ella.
Capitanich también llevó la discusión hacia un terreno más amplio: el manejo de los datos. Su planteo es que los sistemas de IA no trabajan solamente sobre capital financiero, sino también sobre datos, lenguaje, imágenes, voces, textos, preferencias, conocimiento profesional, decisiones e interacciones humanas.
Desde esa perspectiva, consideró que el debate excede al Derecho Societario y alcanza también cuestiones vinculadas con la jurisdicción, la utilización de datos y la llamada “soberanía conectiva”.
Mientras Super RIGI y Sociedades continúan en negociación, Hojarasca quiere destrabarse de una vez en el Senado dado que está a un paso de su sanción. La iniciativa -una de las primeras propuestas de Sturzenegger desde el inicio de la gestión libertaria- apunta a derogar y modificar un conjunto de normas consideradas obsoletas, innecesarias o superadas por legislación posterior, cambios tecnológicos o transformaciones sociales y económicas.
Una de las normas de las que quiere deshacerse es de la conocida como "ley Lobizón". Es la Ley 20.843, que establece el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer: para que no se transforme en este monstruo (o en una bruja, en el caso de las mujeres), se lo apadrina y se le da educación gratuita.
La revisión alcanzó normas vigentes desde 1864 y detectó leyes que ya no tienen aplicación práctica, fueron reemplazadas por legislación posterior o generan trámites y costos considerados innecesarios. Agrupa las derogaciones en seis grandes categorías: normas sustituidas por legislación posterior; leyes superadas por avances tecnológicos, económicos o por el paso del tiempo; normas que afectan libertades individuales; legislación cuya derogación busca avanzar en la desburocratización; leyes vinculadas con organismos o instituciones que dejaron de existir; y normas que crean organismos financiados con recursos públicos nacionales.
Entre los ejemplos incluidos aparecen normas sobre microfilmación, televisión en color, el denominado “carnet de mochilero”, organismos ya disueltos y distintos mecanismos burocráticos que, según el Gobierno, perdieron su razón de ser.
Con Hojarasca encaminado, el oficialismo ahora concentra las negociaciones en los otros dos proyectos. La expectativa es dictaminar Super RIGI la semana próxima, mientras que Sociedades requerirá algunas semanas más de negociación para intentar acercar posiciones con los aliados, especialmente alrededor de los mecanismos de control y las nuevas herramientas tecnológicas que incorpora la reforma.
Javier Milei envió un nuevo proyecto de Inocencia fiscal para complementar su ley actual. La misma fue dictaminada en la Cámara de Diputados este miércoles.
El presidente acudirá al Congreso para presentar la llamada "Ley de leyes" con la nueva hoja de ruta fiscal para el año entrante, marcado por las elecciones.
