Los mandatarios provinciales dudan ante la falta de "consulta" sobre qué cambios deben hacerse. Temen que termine en algo "lavado". Empresarios, igual.
Los gobernadores dialoguistas comienzan a plantear algunas dudas sobre las intenciones del Gobierno con la reforma laboral. Sobre todo tras la postura del presidente Javier Milei de evitar consultarles sobre los puntos que podrían ser útiles. Lo mismo sucede con empresarios que creen los cambios podrían ser mucho menores a los esperados.
Desde que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciaron la ronda de reuniones con los mandatarios provinciales, el menú fue casi siempre el mismo: Presupuesto 2026, fondos, obras, algún guiño impositivo y la ingeniería política para las sesiones extraordinarias. La “modernización laboral”, como empezó a presentarse en los documentos oficiales, apareció más como un título que como un capítulo trabajado en detalle.
Según reconstruyen en los despachos provinciales, en esos encuentros no hubo una consulta formal para conocer la postura de los gobernadores sobre la reforma laboral. No hubo matrices comparativas, ni escenarios fiscales, ni una línea clara sobre el alcance de los cambios. “Nos preguntan cuántos votos podemos garantizar para el paquete de reformas, pero nadie se sienta a mostrar qué quieren hacer exactamente con el régimen laboral”, resumió un funcionario que reporta a uno de los mandatarios dialoguistas.
Ese vacío empezó a generar sospechas incluso entre gobernadores que aún no pasaron por la foto con Adorni y Santilli, pero que siguen por teléfono cada movimiento de la Casa Rosada. El mensaje que circula entre ellos es simple: si el Gobierno busca blindar la gobernabilidad con el apoyo de las provincias, la reforma laboral debería ser, justamente, uno de los puntos conversados y no un comodín que se revela a último momento.
Los gobernadores dialoguistas comienzan a desconfiar de las intenciones del Gobierno con la reforma laboral.
En paralelo, en el mundo empresario se repite la misma escena. Dirigentes industriales, del comercio, de servicios y del sector tecnológico escucharon, en off o en presentaciones generales, que Milei quiere “avanzar fuerte” en la flexibilización del mercado de trabajo. Pero cuando piden precisiones sobre indemnizaciones, cargas patronales, juicios laborales, convenios colectivos o mecanismos de actualización salarial, la respuesta suele quedar en un terreno gaseoso: todo está “en elaboración” y se conocerá “cuando llegue al Congreso”.
La duda que atraviesa tanto a gobernadores como a empresarios es la misma: si Javier Milei está dispuesto a empujar una reforma amplia, de corte estructural —similar al espíritu del DNU 70/2023 y de la vieja ley ómnibus— o si en la práctica terminará enviando algo “más lavado”, pensado para poder vender una victoria legislativa en extraordinarias sin desatar un conflicto mayor con la CGT y los bloques opositores.
Los gobernadores dialoguistas comienzan a desconfiar de las intenciones del Gobierno con la reforma laboral.
En las provincias recuerdan la secuencia de los últimos meses: el Gobierno blindó el Presupuesto y se aseguró margen para sostener vetos, pero a costa de una negociación permanente con los gobernadores dialoguistas, muchos de ellos peronistas no K, radicales o del PRO. Ese mismo grupo, que hoy aparece dispuesto a facilitar la gobernabilidad y a acompañar un esquema de reformas, no quiere quedar atado a una ley laboral que no haya podido discutir, ajustar o al menos conocer antes de que llegue al recinto.
“Si nos sentamos a votar algo que no vimos, el costo político lo pagamos acá, no en la Casa Rosada”, se sinceró uno de los gobernadores que ya se reunió con Santilli. Entre sus pares comparten una preocupación adicional: el riesgo de que la reforma se convierta en un trofeo discursivo para Milei, pero que en términos prácticos deje a las provincias en medio de una puja con sindicatos fuertes y con un mercado laboral que ya llega golpeado.
En ese esquema, el rol de Santilli y Adorni queda desdoblado. Hacia afuera, son las caras del diálogo y del “nuevo vínculo” con las provincias. Hacia adentro, conviven con la incomodidad de recibir preguntas concretas sobre la letra chica de la reforma laboral que, por ahora, no tienen cómo responder. Según distintos interlocutores, los detalles se cocinan en un círculo más reducido donde confluyen el equipo económico, la cartera de Desregulación y los asesores presidenciales, con la instrucción de evitar filtraciones que enciendan de antemano la respuesta sindical y legislativa.
Los gobernadores dialoguistas comienzan a desconfiar de las intenciones del Gobierno con la reforma laboral.
El resultado es un clima de “ruido de fondo” que empieza a colarse en cada reunión. Gobernadores que en público se muestran proclives a avalar una reforma laboral y a acompañar el rumbo general del Gobierno, en privado reclaman algo tan básico como previsibilidad: quieren saber qué costo asumen, qué margen de negociación tendrán y hasta dónde está dispuesto a ceder Milei si la cuenta de votos en el Congreso no cierra.
En el empresariado la lectura es similar. Ven en la reforma laboral una oportunidad para ordenar reglas, reducir litigiosidad y alentar la contratación, pero temen que el Ejecutivo mezcle objetivos de fondo con la urgencia política de mostrar un triunfo rápido en extraordinarias. Si la balanza se inclina demasiado hacia la épica y poco hacia la técnica, el riesgo es terminar con una ley que no resuelva los problemas estructurales y deje, otra vez, la responsabilidad del ajuste en las espaldas del sector privado.
La paradoja es que el Gobierno se propuso construir su nueva mayoría parlamentaria precisamente con estos gobernadores dialoguistas y con buena parte de los empresarios que hoy observan con recelo la falta de definiciones sobre la reforma laboral. Si la Casa Rosada insiste en reservarse el texto hasta el último minuto, puede encontrar un obstáculo inesperado: que el malestar silencioso en las provincias y en el círculo económico se convierta en un límite concreto cuando el proyecto llegue al Congreso y ya no haya tiempo para corregirlo.
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