Los mandatarios provinciales acordaron no confrontar con el Gobierno, pondrán el foto en la preocupación por la caída de la recaudación y la obra pública.
Los 24 gobernadores se reunirán el próximo lunes 3 de junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en lo que será un cónclave inusual por su masividad, por su tono y por su agenda: sin buscar confrontar con Javier Milei, pero con una profunda preocupación por la caída de la recaudación y el freno a la obra pública.
La foto tendrá una potencia simbólica innegable. Por ahora no habrá documento final ni se prevé una ofensiva política: la cita se proyecta como un espacio de diagnóstico y preocupación compartida frente a una coyuntura que golpea por igual a oficialistas y opositores. En el centro del debate estarán la merma de la coparticipación, la abrupta caída de la recaudación en los distritos y el parate de la inversión en infraestructura, tres variables que afectan de manera directa la caja, la gestión y, eventualmente, la gobernabilidad.
Los mandatarios que estarán presentes son: Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA).
Desde distintas provincias aseguran que no se trata de una cumbre “anti-Milei”. De hecho, ni siquiera está prevista la publicación de un comunicado conjunto. Se espera una jornada larga, con intervenciones individuales de cada gobernador y aportes técnicos sobre el estado actual de las cuentas provinciales. El diagnóstico que sobrevolará la reunión tiene dos pilares: la caída de la recaudación propia y el desplome de los fondos que giraba la Nación, ya sea por coparticipación o por transferencias discrecionales.
“Es una reunión para poner en común el diagnóstico, ver números, y entender hacia dónde va esto. No es contra nadie, es entre nosotros”, explicó uno de los mandatarios que impulsa la convocatoria. Lo que sobrevuela el encuentro es una mezcla de alerta, pragmatismo y búsqueda de información concreta. Las provincias, que vienen ajustando en silencio desde diciembre, están sintiendo con fuerza el impacto de la desaceleración económica. La recaudación de los tributos nacionales, principal fuente de la coparticipación, se contrajo de forma sostenida en términos reales, afectando la caja chica con la que los gobernadores pagan sueldos, sostienen programas sociales y financian servicios esenciales.
Según estimaciones de distintos equipos fiscales provinciales, la caída de la coparticipación acumulada en los primeros cinco meses del año ronda entre el 15% y el 20% interanual en términos reales, dependiendo de la provincia. A eso se suma un desplome del financiamiento para obras públicas: en varios distritos directamente no hay nuevas licitaciones y se paralizaron proyectos en ejecución, lo que además deja sin empleo a miles de trabajadores del rubro. A esto se suma que muchas dejaron de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos específicos para obras. En paralelo, el consumo (principal motor de recaudación por Ingresos Brutos) sigue planchado, lo que impacta directamente en las arcas locales.
Uno de los temas que más interés genera entre los mandatarios es el esquema tributario que proyecta el Gobierno nacional. Si bien hasta ahora no hubo precisiones públicas por parte de Milei o del ministro Economía, Luis Caputo, en los despachos provinciales se especula con un rediseño del sistema impositivo que podría afectar aún más el reparto de fondos. Los gobernadores quieren saber si habrá cambios en el esquema de coparticipación, si se buscará consolidar la eliminación de transferencias discrecionales y qué margen quedará para los ingresos propios. Todo esto, en un contexto en el que la presión fiscal ya es alta y los niveles de actividad no dan señales claras de recuperación.
La preocupación por el freno total de la obra pública también será parte del temario. Para muchas provincias, las inversiones nacionales en infraestructura eran clave no solo para el desarrollo económico, sino también como herramienta de empleo. En algunos casos, se frenaron rutas, hospitales, viviendas y hasta obras de agua potable. Si bien algunas administraciones intentaron continuar con fondos propios, el esfuerzo resulta insostenible a largo plazo. En la reunión del CFI se hará un repaso de los proyectos paralizados y se buscará al menos un marco común para reclamar su reactivación en el futuro.
En este marco, algunos mandatarios están evaluando reconfigurar sus presupuestos para este año y trabajar con escenarios mucho más restrictivos. La mayoría ya aplicó recortes en áreas no esenciales, congelamiento de sueldos o postergación de obras. También hay preocupación por la presión social que puede derivarse de un deterioro mayor de la situación económica, en un contexto donde la asistencia social también se ha reducido por parte del Estado nacional.
El tono de la reunión será institucional. Algunos de los gobernadores vienen de dialogar con funcionarios nacionales, otros mantienen un canal abierto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se ha transformado en el nexo político más estable entre el Ejecutivo y las provincias. En algunos casos, los mandatarios tienen una doble estrategia: muestran preocupación puertas adentro, pero evitan el conflicto público para no dinamitar puentes de diálogo.
En definitiva, la cita del lunes no será una cumbre explosiva, pero sí una radiografía precisa del momento económico que viven las provincias. Una postal federal que no grita, pero que alerta.
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