Marcha atrás: el Gobierno baja el proyecto chino para instalar un nuevo radar espacial
El convenio que autorizaba la construcción del observatorio, que iba a ser instalado en la provincia de San Juan, se venció y no se renovó.
El Gobierno argentino resolvió desactivar el proyecto de instalación de un nuevo radar espacial chino en la localidad sanjuanina de El Leoncito, una iniciativa acordada en 2015 entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el CONICET y la Academia de Ciencias de China (CAS), y aprobada durante la gestión kirchnerista.
El Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) iba a ser la segunda antena de observación espacial operada por el gigante asiático en territorio nacional, después de la estación ya existente en Neuquén. La Casa Rosada decidió no renovar el convenio que viabilizaba la instalación, vencido en junio de 2024, y bloquear en la Aduana el ingreso del equipamiento enviado desde China, argumentando irregularidades en los envíos y falta de respuesta oficial por parte de las autoridades del país asiático.
Un proyecto con control chino y riesgo de cesión de soberanía
El observatorio de El Leoncito formaba parte de una red global de radares de observación espacial promovida por China. Según el acuerdo original, el 60% del tiempo operativo iba a estar bajo control exclusivo de la Academia de Ciencias de China, sin obligación de reportar los objetivos de observación. Otro 20% se destinaría a proyectos conjuntos y el restante 20% a investigadores independientes de ambos países.
El radar, valuado en 350 millones de dólares, contaba con una antena principal de 40 metros de diámetro y un sistema de posicionamiento y recepción de señales de alta potencia. Aunque se presentaba como un proyecto científico, su carácter “de uso dual” —capaz de servir a fines astronómicos o militares— generó fuertes críticas de analistas internacionales y de la Embajada de Estados Unidos, que lo consideraban una amenaza potencial para la seguridad hemisférica.
El ex embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, había manifestado: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, y los argentinos deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”. Para el actual Gobierno, permitir la instalación de una segunda antena bajo condiciones similares a la neuquina equivaldría a una cesión de soberanía funcional sobre el territorio y el espacio radioeléctrico nacional.
Neuquén: la base china que sigue generando controversia
La Estación del Espacio Lejano de China, ubicada en Bajada del Agrio, Neuquén, se mantiene en el centro del debate geopolítico. Inaugurada en 2017 bajo un convenio firmado durante el kirchnerismo, la instalación opera bajo administración de la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC), un organismo dependiente del Ejército Popular de Liberación.
Aunque oficialmente se presenta como una base de cooperación científica para la exploración lunar y el monitoreo de satélites, su nivel de autonomía y el secretismo sobre sus operaciones generan inquietud tanto en sectores políticos locales como en los Estados Unidos. El acuerdo original otorga inmunidad diplomática al personal chino y cede el uso del predio por 50 años, impidiendo el ingreso de autoridades argentinas sin autorización previa.
Estas condiciones —inusuales para un proyecto de carácter científico— alimentaron las sospechas de que la estación podría tener fines estratégicos o de inteligencia espacial. En 2023, una comisión del CONAE y del Ministerio de Relaciones Exteriores logró acceder al lugar tras gestiones diplomáticas especiales, aunque no se revelaron detalles sobre la actividad interna. Para Washington, la base de Neuquén simboliza la expansión del aparato tecnológico-militar chino en América del Sur, y fue precisamente ese antecedente el que llevó al Gobierno argentino a frenar el radar en San Juan.
Entre la ciencia y la geopolítica
Desde la Universidad Nacional de San Juan, el Consejo Superior de la UNSJ lamentó la cancelación del proyecto y la calificó como “una pérdida para la ciencia argentina”. Defendió la iniciativa como resultado de “más de 30 años de cooperación internacional” entre el Observatorio Félix Aguilar y la Academia de Ciencias China.
Pese a esa defensa, el Ejecutivo nacional mantiene su postura: no se permitirá nueva infraestructura de vigilancia espacial extranjera en territorio argentino sin control operativo local. La medida marca un giro en la política de alineamientos estratégicos, priorizando la relación con Estados Unidos y revisando los acuerdos tecnológicos firmados con China en los últimos años.
El caso del radar de El Leoncito sintetiza un dilema mayor: cómo equilibrar cooperación científica y resguardo de soberanía en un contexto de competencia global entre potencias. La Argentina busca reposicionarse como actor confiable dentro de la agenda de seguridad occidental, aunque eso implique dejar en suspenso proyectos que, aun presentados como científicos, cargan con una evidente dimensión geopolítica.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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