Patricia Bullrich mueve el tablero del Senado y reacomoda comisiones clave.
La Libertad Avanza calcula que contará con más de 40 senadores para la sesión: confía en sancionar el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. Pero un artículo del proyecto genera ruido.
El Senado se encamina a una sesión clave este viernes, cuando el oficialismo intentará convertir en ley el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal. Con los dictámenes ya firmados y salvo imprevistos de último momento, La Libertad Avanza confía en reunir el quórum necesario y avanzar con ambos proyectos en el cierre del período extraordinario de diciembre.
El bloque libertario aportará 19 senadores —con la particularidad de que Enzo Fullone, quien reemplaza a Lorena Villaverde, jurará una vez iniciada la sesión—. A ese número se suman 10 bancas de la UCR, tres del PRO que acompañaron el dictamen en disidencia, el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal, y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia.
Con ese esquema, el oficialismo ya queda cerca del objetivo. La presencia de Luis Juez (que tras irse del PRO ahora integra un interbloque con LLA), y el acompañamiento de senadores vinculados a gobernadores que ya jugaron a favor en Diputados permitirían superar holgadamente los 37 necesarios. En ese grupo aparecen la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que responden al exgobernador Carlos Rovira, aunque los mismos siempre despiertan dudas. El número, en este mejor escenario, trepa a 40.
Del otro lado, el interbloque Popular (que antes era Unión por la Patria), con sus 28 integrantes, ya adelantó que no acompañará el Presupuesto. La cordobesa Alejandra Vigo -quien responde al exgobernador Juan Schiaretti- no estampó su firma en el dictamen y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano mantienen, como es habitual, una postura reservada hasta el final de las negociaciones.
Mientras se afinan las cuentas, un nuevo foco de tensión apareció en el texto que llegó desde Diputados. Aunque el Gobierno decidió no insistir con el polémico Capítulo 11 —que eliminaba normas de financiamiento para universidades y discapacidad, recortaba beneficios en Zonas Frías, frenaba actualizaciones automáticas de la AUH y asignaciones familiares y redefinía recursos coparticipables para la Ciudad—, otros artículos volvieron a encender alertas entre potenciales aliados.
En particular, en la UCR del Senado generó ruido el artículo 30, que propone derogar disposiciones vinculadas al financiamiento del sistema científico-tecnológico, la educación técnico-profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. Un ítem que pasó totalmente desapercibido en Diputados, en su afán por tirar abajo el capítulo 11.
No se trata de una sorpresa: desde principios de mes ya habían llegado quejas desde distintas provincias advirtiendo por este punto. Nada impidió que pasara a la Cámara alta con media sanción y el oficialismo parece comenzar a ponerse nervioso.
Aun así, no todos los legisladores dialoguistas ven el tema como un límite infranqueable. Algunos relativizan el impacto y argumentan que fijar porcentajes mínimos atados al PBI le resta margen de maniobra al Ejecutivo, en un Presupuesto que ya tiene buena parte del gasto rígido por jubilaciones y programas sociales. Además, recuerdan que muchos de esos objetivos nunca se cumplieron en la práctica.
Otros, en cambio, ponen el foco en otro artículo que consideran más sensible. En privado, desde un despacho que suele tender puentes con la Casa Rosada advierten que el artículo 12 habilita al Ejecutivo a retacear fondos a universidades si no considera suficiente la información que estas brindan. Para ese sector, el margen de discrecionalidad que abre la norma es excesivo y podría reavivar un conflicto que ya tuvo alto costo político.
Con ese telón de fondo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, pusieron en marcha un esquema de control minucioso para llegar a la sesión sin sobresaltos. En los pasillos del Congreso lo describen como un operativo de “tolerancia cero”: revisión exhaustiva del articulado, detección de posibles conflictos y negociación preventiva con los aliados.
Bullrich multiplica las reuniones de bloque para ordenar la interna y despejar dudas técnicas, mientras Santilli despliega su habitual estrategia de llamados directos, gestiones con gobernadores y contactos personalizados con senadores clave. El objetivo es claro: evitar errores no forzados y asegurar que el debut del nuevo esquema libertario en la Cámara alta termine con el Presupuesto aprobado y sin fisuras visibles.
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