La imagen de Eva Perón en el ministerio de Desarrollo Social.
El Gobierno prohíbe las imágenes partidarias en edificios públicos y limita el uso de nombres de políticos en bienes del Estado por 10 años.
El presidente de la Nación, Javier Milei, promulgó un decreto que establece nuevas restricciones para el uso de nombres propios, imágenes y símbolos asociados a personalidades políticas en bienes del Estado Nacional. La medida busca garantizar la neutralidad de los espacios públicos y prevenir la autopromoción personal o partidaria de funcionarios.
Según el artículo 1° del decreto, queda prohibida "la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como propaganda política partidaria o culto a la personalidad política" en edificios, oficinas, monumentos y otros bienes públicos.
Asimismo, el decreto dispone que no podrán asignarse nombres de personalidades políticas a bienes del Estado hasta transcurridos 10 años desde su fallecimiento. Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la promoción personal o partidaria, una práctica que el texto considera una “infracción grave” a los principios republicanos.
El texto argumenta que esta normativa busca proteger los bienes públicos de los “vaivenes políticos” y dotar de mayor objetividad a las denominaciones de los espacios. También enfatiza la necesidad de restablecer la confianza en las instituciones a través de una gestión pública transparente y ética.
El artículo 3° del decreto establece que los funcionarios públicos, sin importar su rango, no podrán utilizar bienes del Estado para promocionar su imagen o la de su partido. En caso de incumplimiento, el decreto habilita a los ciudadanos a realizar denuncias sin costo a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD).
El decreto considera la violación de estas disposiciones como una infracción grave, lo que podría derivar en sanciones administrativas, patrimoniales y penales para los implicados. Además, refuerza la normativa vigente, como la Ley de Ética de la Función Pública (N° 25.188) y la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (N° 25.164), que prohíben el uso de recursos públicos para fines personales o políticos.
Con esta medida, el Gobierno busca marcar un límite claro entre la gestión pública y los intereses partidarios, promoviendo una administración más imparcial y respetuosa de los principios republicanos. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia este mismo martes.
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