Raúl Alfonsín intentó debilitar al sindicalismo con la "Ley Mucci" y fracasó. De la Rúa también se animó, pero apareció la "Banelco" y el gobierno de la Alianza implosionó, hasta llevar al presidente a una renuncia anticipada. Las enseñanzas de la democracia.
Javier Milei dijo que la media sanción de la ley de reforma laboral era "histórica". Difícil saber cuánto sabe de historia, y tal vez usó ese calificativo para engrandecer la gestión. Pero si leyó los libros, o alguien le explicó, habrá notado que fue preciso en su definición como pocas veces. Las dos ocasiones previas en que se intentó algo similar no solo fracasaron estrepitosamente, sino que provocaron el principio del fin de los respectivos gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
El primer presidente de la nueva democracia buscó democratizar al sindicalismo y mandó al Congreso la Ley de Asociaciones Profesionales de 1979, a pocos días de iniciado su gobierno, en período de sesiones extraordinarias. Lo hizo impulsado por el secretario General de la Presidencia de entonces, Germán López, quien pretendía aprovechar la popularidad del nuevo presidente y los valores democráticos de su partido que se habían derramado como nunca en la sociedad argentina, para condicionar al sindicalismo apenas iniciada la gestión. Por entonces, el período ordinario de sesiones arrancaba el 1º de mayo. En febrero obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Cuando partió al Senado, el sindicalismo ya se había fortalecido del golpe de la derrota electoral (habían decidido la fórmula que perdió y se hizo de cargo de la campaña, Luder-Bittel), para realizar una gran marcha del Congreso a la Plaza de Mayo donde le cantaban "gorilón, gorilón, salí de la Rosada que esa casa es de Perón", según recuerda uno de sus biógrafos, el periodista Eduardo Zannini. Pocas semanas antes nadie imaginaba que así podía tratarse al recientemente elegido presidente. Pero la frase más representativa de la época fue otra consigna: "borombombón, borombombón, los sindicatos son de Perón".
La movilización fue contra la llamada "Ley Mucci", por el apellido de Antonio Mucci, el ministro de Trabajo. Lo que buscaba el gobierno era garantizar elecciones internas periódicas y con mayor control estatal, limitar la reelección indefinida de los dirigentes, asegurar la representación de las minorías y transparentes los padrones y el manejo de los fondos. Más de cuarenta años después, nada cambió al respecto. Y nadie se le anima, tampoco Milei, que terminó aceptando muchos de los reclamos cegetistas en el texto de la reforma laboral que se votó en el Senado.
En medio de un contexto muy complicado, con un peronismo que recuperaba vigor y con capacidad de bloquear la iniciativa oficial, una deuda externa que vencía y una economía estancada, Alfonsín se empecinó en llevar la votación al Senado, que perdió porque esperaba el voto de los dos senadores neuquinos (respondían a la familia Sapag), que no se concretaron. Aparentemente, porque esperaban una transferencia para iniciar una obra en la provincia que no fue autorizada por el Ministerio de Economía.
A tres meses de asumir como presidente, el gobierno radical había conseguido unificar a las dos CGT (Saúl Ubaldini y Jorge Triaca), revitalizar al peronismo, debilitar las alianzas del gobierno con las provincias no peronistas y romper para siempre con el sindicalismo, que le hizo 13 paros generales entre 1984 y 1989.
Fernando de la Rúa también lo intentó, por otro camino, y tampoco pudo. Durante su breve presidencia (1999-2001) impulsó la ley 25.250, una reforma para flexibilizar el mercado de trabajo, reducir el costo laboral y mejorar la competitividad en plena recesión y bajo el régimen de convertibilidad, según consta en declaraciones de la época.
En su texto, priorizaba los convenios por empresa sobre los convenios por rama, reducía los costos de indemnizaciones, ampliaba el período de prueba y disminuía los aportes patronales. Los convenios por rama es lo que se considera el "modelo peronista original", base del sindicalismo argentinos, lo que los críticos denominan "corporativo". A diferencia de lo sucedido con Alfonsín, de la Rúa logró aprobar la ley por ambas cámaras del Congreso. Fue promulgada en abril de 2000 pero no alcanzó a ser implementada, porque un fenomenal escándalo provocó no solo la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, sino la del mismo de la Rúa, un año después.
De la Rúa consiguió la aprobación de la ley, pero Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros, declaró que lo había logrado usando la "Banelco", un comentario que habría realizado el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, cuando el sindicalista le preguntó -antes de la votación- cómo alcanzaría el respaldo necesario.
Según Moyano, la respuesta de Flamarique fue "están los nuestros y los aliados, no tendremos problemas".
- ¿Y con los que no son radicales ni aliados?"
- "Para esos tengo la Banelco", habría contestado, aunque el implicado siempre lo desmintió.
Por entonces se hablaba de de una coima de 5 millones de dólares que habrían salido de la SIDE (dirigida por el banquero y amigo del presidente Fernando de Santibañes). Quien se hizo cargo del traslado fue el secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, según él mismo reconoció ante la justicia, y lo entregó al senador peronista Emilio Cantarero en un departamento en el barrio de la Recoleta. Se supone que fue Cantarero el que distribuyó entre varios senadores el dinero que Pontaquarto retiró de la SIDE.
Luego de aprobada y reglamentada la ley, el sindicalismo reaccionó. Rodolfo Daer, de la CGT, dijo que se trataba de "una ley comprada". Otros dirigentes lo siguieron. Y Moyano, muy enfrentado al gobierno, denunció públicamente que la ley era producto de "arreglos" para los cuales Flamarique aseguró tener "la Banelco", como se relató más arriba. Así, se dio nombre para siempre al segundo fracaso para llevar democracia a los gremios.
Ni Carlos Saúl Menem, ni los Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández volvieron a intentarlo. Milei fue el primero, aunque no lo movió el impulso democratizador, sino la reducción de los costos laborales.
En el camino, hizo varias concesiones. No modificó el régimen de personería gremial, no lo llevó al modelo "por empresa", no se limitó la reelección indefinida de los dirigentes, no alteró el sistema de obras sociales sindicales. En concreto, no tocó el núcleo del poder sindical. En cambio, se mantuvieron las cuotas solidarias que están previstas en el convenio colectivo y se moderaron las limitaciones al derecho de huelga. Por último, y no menos importante, el más duro del Gabinete, Federico Sturzenegger, no solo fue corrido de las negociaciones, sino aún de las fotos, para no irritar al sindicalismo.
Con el protagonismo de un sector más moderado, integrado por la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, todo indicaría que no habrá problemas con la aprobación final. Así, Milei será el primer presidente que logre una reforma laboral. Porque la democracia, aunque a él no le gusta aceptarlo, también enseña.
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