Lo que importa sobre la ruta del dinero K
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó este lunes 19 de mayo el sorteo de dos conjueces para resolver el recurso de queja presentado por la defensa de Lázaro Báez, el dueño de “Austral Construcciones” condenado a 10 años de prisión por lavado de activos en la causa conocida como la “ruta del dinero K”.
- Los magistrados designados son Mariano Roberto Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón Luis González, de la Cámara Federal de Corrientes. Como suplentes, fueron sorteados Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
- La integración de estos conjueces es necesaria debido a que la Corte Suprema cuenta actualmente con tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
- Rosatti y Lorenzetti se han manifestado a favor de rechazar el recurso de queja, lo que dejaría firme la condena. Por su parte, Rosenkrantz propuso solicitar la opinión del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Contexto
La causa contra Lázaro Báez cobró notoriedad pública cuando se difundieron imágenes de su hijo mayor, Martín Báez, contando grandes sumas de dinero en la financiera conocida como “La Rosadita”, ubicada en Puerto Madero. La investigación culminó con la condena de Báez a 10 años de prisión por lavado de activos.
El recurso de queja presentado por la defensa busca que la Corte Suprema revise la sentencia condenatoria. La decisión que adopten los conjueces, junto con los ministros del máximo tribunal, será determinante para el futuro judicial de Báez.
Del sorteo de dos conjueces convocado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para definir la cuestión, participaron todos los presidentes de Cámaras Federales del país.
La decisión podría alterar el destino judicial de Lázaro Báez, quien estuvo ya preso en esta causa penal, y otros 15 condenados por lavado de activos.
La causa se originó en 2013 tras la difusión de un video en el programa “Periodismo para Todos”, donde se observaba a Martín Báez y otras personas contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La investigación judicial reveló un esquema de lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, y a varios de sus colaboradores.
En 2021, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, pena que posteriormente fue reducida a 10 años por la Cámara Federal de Casación Penal. Otros condenados incluyen a su hijo Martín Báez (6 años y 6 meses), Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco (6 años), Julio Mendoza (5 años), Fabián Rossi, César Fernández, Juan De Rasis y Eduardo Castro (4 años y 6 meses), Leandro Báez (3 años condicional), Federico Elaskar, Martín Eraso, Claudio Bustos (3 años condicional), Carlos Molinari (3 años y 6 meses) y Walter Zanzot (2 años y 6 meses).
La causa también tiene ramificaciones políticas, ya que se ha vinculado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero a través de contratos de obra pública y alquileres de propiedades.
Cristina Kirchner fue indagada por el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso, luego de una orden al respecto de la Cámara Federal porteña y a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, se dictó su sobreseimiento.
Pero de manera posterior, el Tribunal de Apelaciones revocó esta decisión y, por ello, sigue bajo investigación con falta de mérito.
Cómo sigue
Con la designación de los conjueces, la Corte Suprema podrá conformar una mayoría para resolver el recurso de queja. Si los conjueces acompañan la postura de Rosatti y Lorenzetti, la condena de Báez quedará firme. En cambio, si se alinean con la posición de Rosenkrantz, se abriría la posibilidad de solicitar la opinión del Procurador General y reexaminar aspectos centrales del caso.
El máximo tribunal del país también tiene bajo estudio la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros, en la causa Vialidad por delitos con la adjudicación de obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas de este último entre 2003 y 2015.
Al respecto, la semana pasada, el procurador interino ante la Corte Eduardo Casal, entregó su dictamen en el que reclamó condenar a la ex vicepresidenta por asociación ilícita y en ese sentido agravar su pena de 6 a 12 años de prisión.
La Corte quedó en condiciones de comenzar a analizar los recursos de todas las partes, aunque no tiene plazos para decidir.
