El proyecto había sido anunciado por Javier Milei en cadena nacional.
El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de la "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" o Ley Malvinas. Los detalles.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto denominado "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", conocido como Ley Malvinas. Con el mismo, la Casa Rosada busca construir un andamiaje legal integral para proteger recursos estratégicos, redefinir el mapa de la defensa y endurecer la respuesta ante interferencias extranjeras.
El núcleo central del proyecto endurece drásticamente el régimen sancionatorio de la histórica Ley 26.659 (a la cual deroga). Para castigar el desarrollo no autorizado de actividades hidrocarburíferas, pesqueras o de aprovechamiento de recursos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina, el Gobierno introduce una unidad de medida financiera inédita: multas cotizadas al valor del barril de petróleo crudo (WTI).
Las penas van desde inhabilitaciones comerciales de hasta 20 años y clausuras hasta multas penales de hasta 3 millones de barriles y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploten hidrocarburos o provean logística a firmas ilegítimas. No obstante, el articulado abre una ventana pragmática: un "Régimen de Desistimiento y Regularización" que permite el archivo de causas y la reconversión de inversiones si las empresas cesan su actividad clandestina.
El proyecto consta en su totalidad de 133 artículos distribuidos en 8 Títulos y 11 Capítulos:
TÍTULO I - Defensa de los recursos naturales de la Nación. Establece penas y multas (cotizadas en barriles de petróleo) a empresas o personas que exploren o exploten recursos sin permiso argentino en Malvinas y la Plataforma Continental. Incluye sanciones administrativas, penales, juicios en ausencia y un régimen para que los infractores puedan regularizarse si cesan su actividad.
TÍTULO II - Sistema de Seguridad Nacional. Crea el Sistema y el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano rector presidido por el Presidente e integrado por ministros clave para coordinar la política exterior, de defensa, inteligencia y economía del Estado.
TÍTULO III - Protección Aeroespacial, Marítima e Infraestructuras Críticas. Define protocolos progresivos de acción ante incursiones de aeronaves o buques hostiles o irregulares. Además, establece la identificación y protección obligatoria de instalaciones clave (físicas o digitales) del país.
TÍTULO IV - Afectación o amenaza a la Seguridad Nacional. Tipifica infracciones e impone sanciones a Estados, empresas u organizaciones extranjeras que atenten contra la integridad territorial, procesos decisorios o infraestructuras. Permite aplicar "medidas urgentes" inmediatas como congelamiento de activos o aumento de aranceles.
TÍTULO V - Defensa Nacional. Modifica la Ley N° 23.554 para habilitar a las Fuerzas Armadas a actuar frente a amenazas híbridas (cinéticas y no cinéticas, estatales o no estatales) y custodiar infraestructuras críticas.
TÍTULO VI - Fortalecimiento ante la influencia extranjera. Prohíbe que extranjeros no residentes financien campañas electorales y modifica el Código Penal para castigar el espionaje, operaciones de inteligencia clandestinas y campañas de desinformación masiva orquestadas desde el exterior.
TÍTULO VII - Registro de Terrorismo (RePET). Eleva a rango de ley el registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento en la órbita de la UIF, ordenando la inmovilización inmediata de sus bienes y activos.
TÍTULO VIII - Disposiciones transitorias y complementarias. Modifica la Ley de Inteligencia N° 25.520, invita a las provincias a adherir a la norma y declara a la ley de orden público.
Más allá de la cuestión atlántica, la norma da un salto cualitativo al crear el Sistema de Seguridad Nacional y su órgano rector, el Consejo de Seguridad Nacional. Presidido directamente por el Presidente de la Nación, este superórgano articulará las funciones diplomáticas, económicas, de ciberdefensa, inteligencia y seguridad interior.
Entre sus facultades más potentes se encuentra la capacidad de declarar e intervenir en la protección de las Infraestructuras Críticas de interés nacional (físicas, digitales o de transporte) y disponer de "medidas urgentes" en forma inmediata -como bloqueos bancarios, restricciones cambiarias o aumento de retenciones y aranceles hasta un 75%- ante amenazas graves de Estados u organizaciones extranjeras.
En paralelo, la ley reforma la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554) para aggiornar las competencias militares a la era contemporánea. Las Fuerzas Armadas quedan expresamente habilitadas para actuar frente a amenazas híbridas, cinéticas y no cinéticas, de origen estatal o no estatal, y para intervenir en la custodia de infraestructuras clave y en los espacios aeroespaciales y marítimos bajo protocolos de actuación progresivos de fuerza.
Por último, el proyecto se mete de lleno en el Código Penal y el sistema de financiamiento político: prohíbe el financiamiento o la injerencia electoral por parte de extranjeros no residentes, tipifica el espionaje y las campañas de desinformación masiva dirigidas desde el exterior, y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) en la órbita de la UIF.
Se trata de la neerlandesa Fugro, involucrada en el proyecto de GNL de YPF y, al mismo tiempo, encargada de los estudios para tendér un cable de fibra óptica entre el archipiélago y Montevideo.
Capítulo polémico. El Presupuesto 2027 busca que no se pueda cobrar la pensión por invalidez si se tiene un trabajo formal y quita la universalidad en sus valores. Esto generó el rechazo de aliados y el peronismo denunció que es inconstitucional.
Sorpresa en LLA. Este capítulo tomó por sorpresa a los propios diputados libertarios; ya venían articulando con el PRO un marco jurídico integral y "superador" para el sector, que va en carril opuesto a este proyecto.
Prioridad parlamentaria. LLA garantizó que continuará firme con su agenda legislativa, para fijar un cronograma de pagos y sostener el nomenclador actual a fin de que no siga la emergencia.
Modificaciones al Presupuesto. Oficialistas se abrieron al diálogo para ajustar el proyecto, por lo que el capítulo sobre discapacidad se podría modificar o quitar.
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Argentina iniciará en 2029. El país se comprometió a implementar el Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF) y a iniciar el intercambio automático de información sobre transacciones con criptoactivos entre autoridades tributarias.
Foco en operaciones realizadas en el extranjero. El sistema permitirá que las autoridades fiscales argentinas reciban información sobre transacciones con criptoactivos efectuadas fuera del país, uno de los puntos considerados de mayor riesgo para la ocultación de ingresos y patrimonio.
Se suma a 76 jurisdicciones. Con su incorporación, ya son 77 los países y jurisdicciones que se comprometieron a implementar el CARF y comenzar a intercambiar información de manera automática entre 2027 y 2029.
El objetivo es combatir la evasión y la elusión fiscal. El CARF fue desarrollado por la OCDE junto con los países del G20 para extender al universo cripto los mecanismos internacionales de intercambio de información tributaria.
