Javier Milei envió cuatro nuevos proyectos al Congreso y ya suma 13 iniciativas activas
Entre el viernes 22 y este martes 26, Milei envió cuatro nuevos proyectos al Congreso y ya suma 13 iniciativas activas.
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas en el Congreso y sumó cuatro nuevos proyectos a la agenda legislativa oficialista. Con estas iniciativas, la Casa Rosada ya acumula 13 propuestas aún activas dentro del Parlamento, en una estrategia que combina desregulación económica, reformas institucionales y nuevas ofensivas sobre temas sensibles como la ludopatía y el etiquetado frontal de alimentos.
Los textos ingresaron por ambas cámaras: el denominado “Súper RIGI” y la ley de Lobby fueron enviados a Diputados, mientras que el proyecto contra la ludopatía y la derogación de la ley de etiquetado frontal desembarcaron en Senado. La avanzada legislativa llega en momentos en que el oficialismo busca sostener iniciativa política y ampliar su agenda más allá de las reformas económicas iniciales.
El plato fuerte del paquete es el “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apunta a captar desembolsos millonarios en sectores estratégicos. La propuesta fija beneficios fiscales más agresivos que los contemplados en el esquema original, con una reducción de la alícuota de Ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada de inversiones y exenciones aduaneras para importaciones vinculadas a los proyectos productivos.
El nuevo régimen exigiría inversiones mínimas de US$1.000 millones por proyecto y obligaría a desembolsar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años. Entre los sectores alcanzados aparecen el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de vehículos eléctricos a partir del litio argentino. Según el ministro de Economía, el esquema podría habilitar inversiones por entre US$20.000 y US$30.000 millones.
Además, el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de designar la autoridad de aplicación, que tendrá atribuciones de evaluación, fiscalización y control sobre los emprendimientos adheridos.
Otro de los textos enviados por el Ejecutivo -y fuertemente impulsado por el sector del asesor Santiago Caputo- es el proyecto de ley de Lobby, oficialmente bautizado como “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”. La iniciativa busca regular las interacciones entre funcionarios y actores privados mediante la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses y un sistema obligatorio de trazabilidad de reuniones y gestiones.
Define quiénes podrán ejercer actividades de lobby, incorpora la figura de “beneficiario final” y establece categorías específicas para la “gestión de interés extranjero”. También prohíbe que exfuncionarios actúen como gestores de intereses durante los dos años posteriores a dejar sus cargos, tanto ante el organismo donde trabajaron como frente a dependencias sobre las que hubieran tenido intervención.
La iniciativa incluye además un capítulo penal. Allí se prevén penas de prisión para quienes realicen lobby sin registrarse (prisión de 6 meses a 2 años), oculten beneficiarios reales (condenas de 6 meses a 2 años) o intervengan en representación de intereses extranjeros sin declararlo (prisión de 6 meses a 3 años). En los casos vinculados a decisiones sobre defensa, seguridad, infraestructura crítica o recursos naturales, las penas podrían llegar hasta los tres años de cárcel.
Las autoridades de Aplicación serán: la jurisdicción o el organismo que Nación designe; así también ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Estos poderes podrán administrar los registros previstos en la presente ley, dictar normas aclaratorias y complementarias, aprobar formularios, formatos digitales y estándares de datos abiertos, así como recibir y tramitar denuncias, requerir información y ordenar la corrección de registros o reportes, entre otras facultades.
En paralelo, el Gobierno envió al Senado un proyecto para combatir la ludopatía, con eje en el juego online ilegal y la protección de menores. La propuesta reconoce al juego patológico como una problemática de salud pública y asigna a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) un rol central en las campañas de prevención y asistencia.
El texto también prevé la articulación entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el ENACOM y NIC Argentina para bloquear plataformas clandestinas y restringirles el acceso a herramientas financieras y tecnológicas. Además, prohíbe la publicidad de sitios de apuestas ilegales y obliga a verificar que los operadores promocionados cuenten con autorización oficial.
En materia de protección de menores, el proyecto exige sistemas eficaces de verificación de edad y dispone que el Banco Central impida transferencias desde cuentas vinculadas a menores hacia operadores de juego. También prohíbe campañas publicitarias que asocien las apuestas con éxito económico o social.
La iniciativa incorpora además nuevas figuras penales: propone penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten plataformas ilegales de apuestas y sanciones de hasta cuatro años para quienes brinden servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a operadores no autorizados.
El cuarto proyecto apunta directamente contra la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida por implementar el etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. El Ejecutivo propone su derogación total y argumenta que, tras su aplicación, se detectaron “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justificarían eliminar el sistema.
En los fundamentos del texto, el Gobierno sostiene que el esquema actual aplica parámetros homogéneos sobre alimentos “sustancialmente diferentes”, sin contemplar factores como la densidad nutricional, el grado de procesamiento, las porciones efectivamente consumidas o el rol de cada producto dentro de la alimentación cotidiana. Según el proyecto, eso derivó en que alimentos considerados tradicionalmente aceptables desde el punto de vista cultural y nutricional terminaran recibiendo advertencias similares a las de productos con composiciones muy distintas.
La iniciativa también cuestiona la metodología utilizada para calcular los sellos negros y asegura que el sistema puede inducir a “interpretaciones simplificadas o poco precisas” sobre el perfil nutricional integral de ciertos alimentos. A la vez, plantea que la estructura binaria de advertencias desalienta reformas graduales en la composición de los productos, porque no permite reflejar mejoras parciales dentro de una misma categoría alimentaria.
Otro de los argumentos oficiales apunta al impacto económico y regulatorio. El Ejecutivo afirma que la ley generó “sobrecostos e ineficiencias” vinculadas al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas y adaptación de procesos de comercialización, con un efecto particularmente fuerte sobre pequeñas y medianas empresas. Además, remarca que la falta de armonización regional dentro del MERCOSUR obligó a desarrollar sistemas diferenciados de rotulado para distintos mercados.
El proyecto aclara, sin embargo, que la derogación no implicará eliminar la obligación de informar el contenido nutricional de los alimentos. Según el texto, continuarán vigentes las disposiciones del Código Alimentario Argentino y las normas de protección al consumidor, publicidad engañosa y lealtad comercial. La Casa Rosada asegura que busca reemplazar el modelo actual por un esquema “más preciso, contextualizado y técnicamente consistente”, adaptable a la evolución de la evidencia científica y compatible con los estándares regionales.
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Exportaciones por U$S 2.300 millones. El 92% de la producción se destinará a los mercados externos. La iniciativa prevé generar más de 2.300 puestos de trabajo.
Dos etapas de inversión. La primera demandará U$S 4.175 millones para desarrollar la zona sur, mientras que la segunda requerirá U$S 8.065 millones para avanzar sobre la zona norte. El proyecto fue aprobado mediante la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía.
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