El entorno del goberndor de Catamarca, Raúl Jalil, apuntado por una estafa Ponzi.
Una financiera, un esquema Ponzi y la sombra del poder detrás de una estafa a 16 mil personas.
Las estafas piramidales parecen ser moneda corriente en la Argentina. En algunos casos se expanden a la sombre del poder y crecen regadas por la complacencia de la política. En Catamarca, por ejemplo, la financiera Adhemar Capital, que dejó un tendal de 16 mil damnificados, es apuntada por sus vínculos con la familia del Gobernador Raúl Jalil.
Si bien, los tentáculos de la financiera se extendieron hasta Córdoba, Tucumán y La Rioja, su operatoria estaba centrada en la provincia de Catamarca donde pudo se sospecha que desarrollaba actividades bajo el escudo protector del poder político.
En ese marco, Édgar Adhemar Bacchiani, dueño de la financiera Adhemar Capital, protagonizó uno de los mayores escándalos financieros recientes en Argentina. La falta de cumplimiento de las promesas sobre inversiones devino en causa judicial y en un escándalo político que sacudió a la familia del Gobernador.
La operatoria que desarrollo Adhemar Capital en la provincia de Catamarca no es novedosa. La financiera prometía altos rendimientos en base a inversiones que se harían en criptomonedas. Lo cierto que detrás de eso se estableció un clásico esquema Ponzi en el que se le pagaba a los antiguos inversores con el dinero de quienes se sumaban con posterioridad. Como suele suceder en estos casos, un eslabón de la cadena de pagos se rompió y comenzaron los inconvenientes. El incumplimiento de las promesas cimentó una causa judicial que tiene 16 mil damnificados y salpicó al poder catamarqueño.
La investigación judicial fue más allá de los dueños de Adhemar Capital y llegó hasta el Gobierno de Catamarca y los vínculos con la familia de su gobernador Raúl Jalil. También salpicó al exfuncionario porteño Roberto García Moritan.
La relación entre Bacchiani y la familia Jalil quedó en el medio del escándalo. El apellido del gobernador vinculado a una estafa Ponzi sacudió el firmamento político de la provincia de Catamarca.
Andrés Jalil, hermano del gobernador y empresario importante a nivel provincial, aparece en los medios locales y en la causa judicial como el vínculo directo entre el poder local y Adhemar Capital. Según informes públicos el hermano del Gobernador invirtió dinero en la financiera.
El propio Jalil reconoció el hecho, pero indicó que lo hizo sin firmar contratos formales. Por lo tanto, no hay recibos ni pruebas que establezcan con claridad el vínculo entre Bacchinani y Jalil. En ese marco, lo único que tiene el hermano del gobernador es su testimonio respecto de que es tan sólo un damnificado más.
Sin embargo, Bacchiani y Andrés Jalil compartieron actividades más allá de la relación financiera. Juntos pusieron en marcha una fundación que en principio funcionó para mejorar la reputación de Bacchiani.
Desde la oposición provincial no dudan en señalar que los vínculos de Bacchiani van más allá de Andrés y llegan hasta el propio gobernador. Si bien nada de esto está probado en la justicia, las sospechas sobre la relación entre el Gobernador y el dueño de la financiera atraviesa a toda la política provincial.
La principal crítica desde los sectores enfrentados políticamente a Jalil tiene que ver con una mirada por lo menos laxa del gobierno que permitió la expansión de su esquema en la provincia, generando un tendal de víctimas en un contexto de confianza generalizada.
Más allá de la causa judicial, la precepción extendida en el sistema político provincial da cuenta que la relación entre Édgar Bacchiani y los Jalil, en particular con Andrés Jalil, fue un elemento clave en el entramado social y político que permitió la expansión de Adhemar Capital.
La financiera de Bacchiani atrajo a miles de inversores con la promesa de rendimientos mensuales de hasta el 20% a través de inversiones en criptomonedas.
Como sucede en las estafas piramidales, la plata de los nuevos inversores era utilizadas para pagar los rendimientos. Así funcionó hasta que la cadena de pago se rompió y se desató una catarata de denuncias por fraude que terminaron por llevar Bacchiani a la cárcel en 2022.
La UIF intervino en la investigación para analizar las operaciones financieras de Bacchiani y su empresa.
El organismo de investigación financiera encontró grandes transferencias y retiros en efectivo sin una actividad económica legítima que los respalde, identificó sociedades vinculadas a Bacchiani y familiares que actuaban como vehículos para ocultar y mover fondos de manera opaca, lo que dificultaba el rastreo del dinero y determinaron que los fondos de los inversores no se utilizaban en inversiones genuinas, sino que se redirigían a cuentas personales de Bacchiani y sus colaboradores.
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