Axel Kicillof despide y denuncia a policías por una protesta salarial en Ituzaingó
El ministerio de Seguridad bonaerense los acusó de sedición y los apartó de la fuerza. La protesta se organizó en redes y usó patrulleros oficiales.
Lo que importa sobre los despidos y denuncias de Axel Kicillof a policías bonaerenses
El ministerio de Seguridad bonaerense echó y denunció penalmente a 18 policías que participaron en un reclamo salarial en Ituzaingó y Tres de Febrero.
Los efectivos fueron acusados de sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público por utilizar patrulleros y uniformes en la manifestación.
La protesta se organizó a través de redes sociales y contó con la participación de familiares y policías retirados.
El gobierno provincial argumenta que los policías no pueden sindicalizarse ni realizar este tipo de reclamos, ya que sus aumentos salariales dependen de la paritaria estatal.
El conflicto ocurre en un contexto de creciente violencia en la provincia y de tensiones entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei por el financiamiento de la seguridad.
Contexto
¿Por qué fueron sancionados estos policías?: Los 18 agentes desplazados participaron en una protesta salarial que el ministerio de Seguridad bonaerense calificó como una "sublevación". Según la legislación vigente, los policías no tienen derecho a sindicalización ni pueden realizar reclamos colectivos de mejoras salariales. Además, la manifestación incluyó el uso de patrulleros y uniformes oficiales, lo que llevó a que se los denunciara penalmente por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público.
¿Cómo se organizó la protesta?: La movilización se convocó a través de redes sociales, en particular desde perfiles de Facebook manejados por familiares y policías retirados. Aunque una convocatoria previa en febrero no tuvo éxito, el 17 de febrero se realizó un "sirenazo" en una estación de servicio en Ituzaingó y otro en El Palomar, en Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros.
¿Cuál fue la reacción del gobierno bonaerense?: Desde el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, se enfatizó que los agentes sancionados violaron la Constitución y los reglamentos internos de la fuerza. “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones”, advirtieron voceros del ministerio, asegurando que tomarán la misma medida ante futuras protestas similares.
¿Qué reclamos planteaban los manifestantes?: Los policías exigían un aumento del 100% del salario básico, mejoras en la cobertura médica de IOMA, acuerdos con clínicas privadas y que el personal solo pueda ser destinado a un radio de 50 kilómetros de su domicilio, entre otros puntos. También pedían que no hubiera sanciones para quienes participaran de las protestas.
¿Cómo impacta esto en el contexto de seguridad en la provincia?: El conflicto ocurre en medio de una serie de hechos violentos que sacudieron la provincia, como el asesinato de agentes policiales en servicio y ataques de motochorros. Además, se da en un momento de tensión entre la gobernación de Kicillof y la administración de Javier Milei, con acusaciones cruzadas sobre la falta de recursos para seguridad.
¿Qué dijo Kicillof sobre la situación?: El gobernador bonaerense apuntó directamente contra el gobierno nacional, acusándolo de recortar fondos que debían destinarse a la seguridad provincial. “Que nos devuelva los $700 mil millones que nos robó el año pasado”, afirmó Kicillof, argumentando que ese dinero habría permitido la compra de 10 mil patrulleros.
¿Cómo afecta esto a los municipios involucrados?: Los intendentes de Ituzaingó y Tres de Febrero reaccionaron de manera diferente. Pablo Descalzo, de Ituzaingó (Unión por la Patria), respaldó la postura del gobierno provincial y criticó el uso de bienes estatales en la protesta. En cambio, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (Juntos por el Cambio, con acercamiento a La Libertad Avanza), pidió la restitución de los policías desplazados para no debilitar la seguridad en su distrito.
Cómo sigue
Los 18 policías relevados están en proceso de exoneración y enfrentan causas penales en la Justicia de San Martín e Ituzaingó. Mientras tanto, el gobierno bonaerense continúa con el aumento salarial escalonado del 9% para los policías, pese a que las demandas de los manifestantes iban mucho más allá.
El conflicto de seguridad en la provincia sigue escalando, en medio de la disputa política entre Kicillof y Milei por los fondos para seguridad. Desde los sectores policiales que impulsaron la protesta, hasta ahora no se anunciaron nuevas movilizaciones, pero el malestar dentro de la fuerza sigue latente.
El Presidente criticó con dureza al gobernador bonaerense. Además, confirmó la incorporación de José Luis Espert al oficialismo y lo postuló como rival de Kicillof en la Provincia.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.