Creencias Sociales 2025 de la UBA: la mayoría prefiere empleo privado, pero apoya un Estado regulador
El informe de la UBA revela un fuerte apoyo a la asistencia social estatal y revela divisiones sobre temas como el empleo privado y derechos individuales.
El Cuarto Informe de Creencias Sociales 2025, elaborado por el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA), arroja datos significativos sobre cómo los argentinos ven la relación entre el Estado y el mercado. El estudio, basado en una encuesta realizada entre mayo y junio de 2025, revela una sociedad con tensiones entre el deseo de mayor intervención estatal en ciertas áreas y una creciente preferencia por el sector privado en cuestiones económicas.
El empleo sigue siendo uno de los temas más destacados del informe. Más de la mitad de los argentinos sigue prefiriendo que el trabajo sea generado por empresas privadas, aunque esta cifra disminuyó levemente con respecto a años anteriores. En 2023, el 60% de la población favorecía al sector privado en la creación de empleo, pero en 2025 esa cifra bajó al 54%.
Sin embargo, cuando se les preguntó si preferían un empleo público o privado con iguales condiciones laborales, la mayoría optó por el sector privado. Este dato subraya una tendencia sostenida a favor de esta modalidad, aún cuando la percepción de confianza en las empresas privadas cayó en los últimos tres años, situándose en el 47% frente al 42% que confía en las empresas públicas.
En cuanto a los servicios públicos, el informe revela una fuerte preferencia por un modelo mixto. El 56% de los encuestados cree que los servicios deben mantenerse en manos privadas, pero con un control estatal más estricto, lo que sugiere que la sociedad argentina sigue valorando un Estado regulador y fiscalizador, aún cuando apoya la participación del sector privado en muchos sectores económicos.
El Estado como garante de asistencia social
Otro de los temas clave del informe es el papel del Estado en la asistencia social. Entre 2023 y 2025, la proporción de argentinos que apoya la intervención estatal en la asistencia a los sectores más vulnerables creció significativamente. Si bien en 2023 el respaldo a la ayuda social era del 54%, en 2025 esa cifra alcanzó el 77%, con un apoyo transversal que incluye incluso a seguidores de sectores más conservadores y de la oposición.
La tendencia a favor del apoyo estatal a las personas más necesitadas es tan firme que incluso dentro de las bases oficialistas, la mayoría lo respalda. Según los datos del informe, seis de cada siete simpatizantes del oficialismo apoyan la asistencia social del Estado. Este consenso se extendió más allá de las líneas partidarias, sugiriendo que la asistencia social se ha convertido en un tema menos polémico y más aceptado por la sociedad en su conjunto.
Este artículo se basa en los resultados de la encuesta realizada entre mayo y junio de 2025, con una muestra de 1.252 casos y un margen de error estimado del 2.8%. Estos datos fueron proporcionados por el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y reflejan una muestra representativa de la población argentina, abarcando diversas regiones, edades, géneros y niveles educativos.
Una encuesta de la UBA revela cómo los argentinos se posicionan sobre la obligatoriedad del voto, la implementación de nuevas formas de sufragio y la elección popular de jueces.
El informe de ManpowerGroup revela que las empresas argentinas proyectan un leve aumento en la contratación para finales de 2025, con un 5% de expectativa neta.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
