Desde 1994, cada gobierno argentino adoptó enfoques diferentes sobre la investigación del caso que dejó 85 muertos, cientos de heridos y un profundo trauma colectivo.
El 18 de julio de 1994 marcó un antes y un después en la historia argentina. A las 9:53 de la mañana, una explosión devastó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el barrio del Once, causó 85 muertos y más de 300 heridos. El atentado se convirtió en el mayor acto terrorista de la historia del país y, tres décadas después, sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina.
Lo que comenzó como una tragedia nacional derivó en una compleja trama judicial y política que atravesó seis administraciones presidenciales. Cada gobierno adoptó posturas diferentes sobre la investigación, las responsabilidades y la búsqueda de justicia, reflejando no sólo enfoques distintos sobre el caso, sino también visiones divergentes de política exterior y relaciones internacionales.
La administración de Carlos Menem (1989-1999) debió enfrentar el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994, apenas dos años después de otro ataque terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Adoptó desde el primer momento una postura que responsabilizaba por el hecho a la República Islámica de Irán y a su proxy, la organización terrorista Hezbollah.
La investigación del atentado quedó a cargo del juzgado federal N° 9 de Juan José Galeano y la fiscalía federal de Eamon Mullen. Las primeras pesquisas se centraron en una camioneta Renault Trafic que se cree fue utilizada como coche bomba cargado con alrededor de 300 kilogramos de explosivos. El vehículo había sido robado y posteriormente modificado para llevar a cabo el ataque.
Sin embargo, la investigación inicial estuvo marcada por serias irregularidades que comprometerían el desarrollo del caso durante años. El juez Galeano cometió errores procesales graves, incluyendo el pago a testigos para obtener testimonios falsos. Uno de los casos más controvertidos fue el de Carlos Telleldín, el vendedor de la camioneta usada como coche bomba, quien recibió dinero del juzgado a cambio de acusar a un grupo de policías bonaerenses.
Estas irregularidades generaron lo que se conoció como la "pista interna" o "conexión local", una línea investigativa que exploró la posible participación de efectivos policiales y otros actores locales en el atentado. La contaminación de la escena del crimen y la pérdida de evidencias clave durante las primeras horas también dificultaron el esclarecimiento de los hechos.
Durante el breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001), la investigación del caso AMIA mantuvo la línea establecida por el gobierno anterior. La crisis económica y política que culminó con la renuncia del presidente en diciembre de 2001 impidió avances significativos en el caso, aunque se mantuvo la hipótesis de la responsabilidad iraní.
El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) introdujo un cambio significativo en el enfoque del caso. Por primera vez, una administración comenzó a cuestionar públicamente las irregularidades en la investigación inicial, particularmente las actuaciones del juez Galeano.
En 2004, Galeano fue destituido por mal desempeño y encubrimiento, después de que se revelara que había pagado a un testigo para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses. Este hecho ensombreció aún más el proceso judicial y generó una gran desconfianza en la población sobre la imparcialidad de la justicia.
El kirchnerismo comenzó a gestar las bases de lo que posteriormente sería un acercamiento diplomático hacia Irán, planteando la necesidad de explorar vías alternativas para obtener respuestas sobre el caso. Esta nueva perspectiva marcó el inicio de un enfoque que privilegiaba la negociación por sobre la confrontación internacional.
La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) estuvo marcada por el controversial Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013. El acuerdo establecía la creación de una "Comisión de la Verdad" que investigaría el atentado, pero generó una fuerte controversia en la sociedad argentina.
Las organizaciones de víctimas, particularmente Memoria Activa, se opusieron férreamente al memorándum, considerándolo una traición a la búsqueda de justicia. El acuerdo fue presentado como un mecanismo para cooperar en la investigación del atentado, pero fue ampliamente criticado por sectores de la sociedad que lo interpretaron como un intento de encubrimiento a cambio de beneficios comerciales.
El fiscal Alberto Nisman, designado en 2005 como titular de la Unidad Fiscal AMIA, había presentado una denuncia en 2006 acusando a Irán de haber planificado el atentado y a Hezbollah de haberlo ejecutado. Durante años, Nisman trabajó en la recolección de evidencias y testimonios que respaldaran su hipótesis sobre la responsabilidad iraní.
En 2015, un día antes de presentar una denuncia contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a funcionarios iraníes, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento en circunstancias controvertidas. La muerte de Nisman fue inicialmente considerada un suicidio, pero posteriormente, en 2018, la justicia argentina concluyó que se trató de un homicidio. Este evento agregó un nuevo nivel de complejidad y controversia al caso AMIA, generando teorías sobre las implicaciones políticas y judiciales del asesinato del fiscal.
La administración de Mauricio Macri (2015-2019) marcó un giro radical en el enfoque del caso. Una de las primeras medidas fue declarar la nulidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, retornando a la línea tradicional de responsabilizar a ese país y alejándose de la estrategia de negociación directa.
El gobierno macrista reforzó la cooperación con Israel y Estados Unidos en la investigación, volviendo a la línea establecida durante el menemismo. Se intensificaron los esfuerzos para mantener las alertas rojas de Interpol sobre los sospechosos iraníes y se buscó fortalecer la presión internacional sobre Teherán.
Durante esta administración se produjeron algunos avances en la investigación, con nuevas evidencias que reforzaron la hipótesis de la responsabilidad iraní. El gobierno impulsó gestiones diplomáticas para que otros países mantuvieran la presión sobre Irán y se comprometieran con la búsqueda de justicia en el caso.
La estrategia macrista se centró en reactivar la vía judicial tradicional y abandonar definitivamente cualquier intento de negociación bilateral con Irán, considerando que el memorándum kirchnerista había sido un error estratégico que solo benefició a los acusados.
El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) adoptó una postura que buscó equilibrar las demandas de justicia de la comunidad judía con una política exterior menos confrontativa hacia Irán que la del gobierno anterior. Su administración se caracterizó por mantener un compromiso formal con el esclarecimiento sin generar tensiones diplomáticas innecesarias.
Durante sus encuentros con las autoridades de la AMIA, Fernández ratificó consistentemente "su compromiso por el esclarecimiento de los atentados" y la lucha contra el antisemitismo. En julio de 2020, el presidente declaró que "necesitamos conocer la verdad" sobre el atentado, asegurando que "el terrorismo no tiene lugar para convivir en un sistema democrático".
Un momento de tensión significativo ocurrió en 2022 cuando un avión de carga venezolano con tripulación iraní fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza por vínculos con la Fuerza Quds iraní. Las autoridades de la AMIA expresaron su preocupación por este hecho durante una reunión con el presidente. Fernández defendió la decisión de retener la aeronave y criticó a la oposición por intentar "aprovechar" la situación para vincularla con el atentado.
Durante su mandato, en 2019, un tribunal federal absolvió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros acusados de encubrimiento, aunque la causa siguió abierta y bajo investigación. Este fallo generó reacciones encontradas en la sociedad argentina y mantuvieron viva la controversia sobre las responsabilidades políticas en el caso.
El actual gobierno de Javier Milei adoptó la postura más dura contra Irán desde el menemismo, marcando un quiebre definitivo con cualquier estrategia de acercamiento diplomático. Su administración se caracterizó por una línea inflexible que busca máxima presión internacional sobre los responsables del atentado.
El 11 de abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA, lo calificó como un delito de lesa humanidad y pidió reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado "en ausencia".
En julio de 2024, durante el Foro Internacional de Contraterrorismo, Milei declaró que "no venimos a hacer más de lo mismo, sino a plantear un quiebre de lo que hicieron los otros gobiernos respecto a la causa". El presidente apuntó contra "la inacción" y "la ineptitud" de algunos sectores de la política y la Justicia, denunciando "tres décadas de impunidad, de cortina de humo y maniobras groseras".
El gobierno valoró positivamente la designación de Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas extranjeras y reforzó la cooperación con Israel en materia de seguridad. En julio de 2024, declaró oficialmente que "frente a las atrocidades perpetradas por la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hezbollah, exigimos justicia para las víctimas y sus familiares".
En junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que Argentina es responsable por fallas en la prevención e investigación del atentado, culpabilizando al Estado argentino por su falta de eficacia en el esclarecimiento de los hechos. Este fallo internacional agregó una nueva dimensión al caso, estableciendo responsabilidades estatales más allá de las individuales.
Estados Unidos respaldó la posición argentina actual, valorando la designación de Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas y reconociendo el fallo judicial que determina que el atentado fue ejecutado por Hezbollah y ordenado por Irán. Esta convergencia internacional fortaleció la estrategia del gobierno de Milei de aislar diplomáticamente a Irán.
El juez Rafecas resolvió que los acusados del atentado a la AMIA enfrenten el juicio en ausencia, avanzando así en un proceso histórico tras más de 30 años.
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