Francisco Luperi fue el primer denunciante del caso y es el cónyuge de una trabajadora del hospital. El ingeniero ofrecerá su declaración el jueves. Mientras tanto, este miércoles dos madres de bebés que lograron sobrevivir también darán su testimonio
El proceso judicial relacionado con la trágica muerte de cinco bebés y el supuesto intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba está próximo a finalizar la fase de testimonios. Uno de los últimos testigos que comparecerá ante los jueces y el jurado será Francisco Luperi, el ingeniero que destapó este escándalo.
Los eventos se inician el 18 de marzo de 2022, cuando fallece el bebé Francisco Calderón Cáceres, y concluyen el 7 de junio de ese mismo año. La querella ante la Justicia se presentó un mes después, el 4 de julio. A pesar de que numerosos individuos estaban al tanto de lo que sucedía en el centro médico, no hubo ningún reporte oficial sobre la serie de tragedias y episodios inexplicables. Además, no se registró ninguna acción por parte de fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial de manera proactiva.
Luperi está casado con Virginia Zamora, una profesional de la medicina especializada en el área neonatal. Al llegar a casa, ella solía relatarle las experiencias vividas durante su jornada laboral. Aunque en un principio las historias que compartía parecían ser simples anécdotas de una profesión difícil, con el paso del tiempo estas narraciones comenzaron a generar en él una inquietante sospecha de que, en el hospital, podría haber un asesino en serie.
De esta manera, este ingeniero originario de Córdoba fue el primero en presentar una denuncia que fue posteriormente asignada a la Fiscalía del Distrito N° 3 Turno 7, bajo la dirección de Raúl Garzón. Fue en julio de 2022, manifestó que algo extraño ocurría en el hospital ante las reiteradas y sorpresivas muertes de recién nacidos entre marzo y junio de ese año.
Fue solo un mes después de las recientes muertes que se inició la investigación del caso que actualmente está siendo juzgado, con la enfermera Brenda Agüero como la principal acusada por administrar potasio e insulina a varios bebés, lo que resultó en la muerte de cinco de ellos, mientras que ocho lograron sobrevivir a la administración de estas sustancias.
Entre los imputados figura un total de diez funcionarios, entre los cuales se encuentran la ex directora del servicio de Neonatal, Liliana Asís, y el ex ministro de Salud provincial, Diego Hernán Cardozo, quienes también enfrentarán acusaciones.
Luperi ya prestó su testimonio durante la fase de instrucción. Este martes, el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, confirmó que tanto él como su esposa comparecerán nuevamente ante los jueces y el jurado popular para relatar su versión de los sucesos. Su declaración fue programada para el jueves, tras concluir la etapa de testimonios de los familiares de las víctimas.
Hasta el momento, Luperi no se había pronunciado públicamente acerca de su participación en el caso.
Mañana miércoles, se espera que María Fernanda Martín y Gabriela González, dos madres cuyos hijos lograron superar el incidente, se presenten ante el Tribunal y el jurado para ofrecer su testimonio personal en el caso.
A lo largo de esta semana, la mayoría de las madres de los recién nacidos que sobrevivieron a la administración de potasio e insulina dieron su testimonio, y se anticipa que las declaraciones concluyan este jueves, antes de la comparecencia de Luperi.
Los fallecimientos de Angeline Cornelio Rojas y Melody Luz Molina, ocurridos el 6 y 7 de junio, respectivamente, pusieron al descubierto una situación que ya resultaba evidente en ese momento. Antes de estas tragedias, en un periodo inferior a 90 días, tres bebés habían perdido la vida y otros ocho presentaron complicaciones inexplicables, a pesar de que los partos transcurrieron sin inconvenientes y tanto los recién nacidos como sus madres gozarían de buena salud.
A medida que se acumulaban los casos, los fallecimientos de Angeline y Melody fueron los únicos en ser denunciados oficialmente, aunque de manera aislada y sin conexión explícita con los antecedentes, que, según registros, habían llegado ya a la atención de las autoridades del Servicio de Neonatal y del Ministerio de Salud.
Los decesos de Angeline y Melody fueron catalogados como “muertes aisladas de etiología dudosa”, buscando determinar las causas específicas de cada uno. Para sumar a la complejidad del caso, una de las denuncias fue presentada por una enfermera, mientras que la otra provino de un agente de policía que se encontraba de guardia en el hospital.
Ese mismo día, Diego Cardozo, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro de Salud de Córdoba, se reunió en su despacho con Pablo Miguel Carvajal, el secretario del área sanitaria. Fue en este encuentro cuando aparentemente se le informó sobre los cuatro casos ocurridos los días 6 y 7 de junio, aunque sin detalles ni referencias a los antecedentes de los mismos.
Carvajal aparentemente le habría transmitido “la noticia” después de mantener una conversación telefónica con Liliana Asís, la directora del área Neonatal.
Posteriormente, Cardozo se reunió nuevamente, con registro en la causa, junto a su secretario de Salud y su asistente personal. En esta segunda reunión, el ministro afirmó haber instruido que se presentara una denuncia formal, aunque esto finalmente no se llevó a cabo. El fiscal Raúl Garzón lo acusó señalando que no bastaba con solicitar a sus colaboradores que llevaran el asunto a la Justicia, ya que era su responsabilidad hacerlo personalmente.
Un elemento clave en el caso, que será presentado en el juicio la próxima semana, será un archivo de Word recuperado de la computadora del ex ministro, que contradice su testimonio al sugerir que efectivamente tenía un conocimiento profundo de los casos. Según sus propias alegaciones durante la etapa de instrucción, el documento en cuestión habría sido creado en septiembre de 2022, pero su contenido desafía su versión anterior.
Cardozo, Carvajal, Asís, el ex jefe del Área Legal del Ministerio Alejandro Gauto, el ex subdirector de Gestión Administrativa del hospital Julio Escudero Salama y Adriana Moralez, quien se desempeñó como médica y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Mortalidad Materna Infantil, enfrentan cargos por encubrimiento y, en ciertos casos, por incumplimiento de los deberes asociados a su función pública.
Ellos son los principales implicados en el presunto encubrimiento de las muertes y descompensaciones, junto con Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del área Neonatal; Alicia Ariza, ex jefa de la unidad de Enfermería; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; y María Luján, quien firmó las actas de defunción de las tres primeras víctimas.
Otro aspecto que aún necesita aclaración durante el juicio es lo que ocurrió en la reunión del 8 de junio en el hospital. En esa ocasión, Marcela Yanover, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud provincial, convocó a un grupo numeroso de médicos y autoridades para presentar todos los casos que se consideraban sospechosos.
Entre los factores fundamentales que tendrán en cuenta los jueces y el jurado popular a la hora de emitir su veredicto, se encuentra el porqué nadie reportó oficialmente el posible problema en el área de Neonatología del hospital de Córdoba.
Hoy se escucharán las declaraciones de la familia de Angeline, la bebé que lamentablemente falleció en el centro hospitalario de Córdoba
En el juicio, los padres de Angeline, la primera bebé fallecida, solicitaron que la presunta responsable permaneciera en la sala a fin de enfrentarla cara a cara.
La madre de L.C.H., quien dio a luz al bebé en el Hospital Provincial Materno Neotanal de Córdoba, señaló a la enfermera Brenda Agüero en su declaración
Dio su testimonio en la tercera semana del juicio, mientras que la enfermera enfrenta cargos por el asesinato de cinco bebés y ocho intentos de homicidio
