Brenda Agüero enfrenta cargos por el asesinato de cinco recién nacidos y por haber intentado matar a otros ocho. Además, hay otras diez personas bajo acusación, incluyendo a funcionarios del Hospital Materno Neonatal de la capital provincial y a un exministro de Salud
Desde hoy lunes, la Cámara Criminal y Correccional de la 7ª Nominación de Córdoba, junto con un jurado popular, dará inicio al juicio de la enfermera Brenda Agüero, quien enfrenta cargos por un delito considerado uno de los más horrendos del siglo XXI en Argentina.
Según informó la revista Quorum, Agüero enfrenta cargos por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal, mientras que otros ocho recién nacidos, aunque enfermaron, lograron sobrevivir, lo que añade ocho posibles intentos de homicidio a las acusaciones en su contra.
El caso, que será discutido en juicio oral tras más de dos años de indagaciones, presenta una gran complejidad. Inicialmente, se centró en la supuesta autora directa de los homicidios y sus intentos, pero posteriormente las acusaciones se ampliaron para incluir a otros médicos, autoridades del hospital y ex funcionarios del Ministerio de Salud de Córdoba. Un total de 11 personas se sentarán en el banquillo, incluyendo al ex ministro Diego Hernán Cardozo. El proceso judicial comienza tras la decisión de la Cámara de Acusación de desestimar las más recientes apelaciones interpuestas por los acusados en el caso.
El fiscal Raúl Garzón lideró la investigación. Durante el juicio, los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini se encargarán de las acusaciones. Contaron con poco más de dos meses para examinar minuciosamente el caso.
El 18 de marzo de 2022, Francisco Calderón Cáceres, la primera víctima, perdió la vida apenas horas después de haber nacido por cesárea. Tanto él como su madre gozaban de buena salud tras el procedimiento. Ese mismo día, otro recién nacido sufrió una descompensación en el Materno Neonatal, aunque logró sobrevivir.
La familia de Francisco Calderón Cáceres recibió el certificado de defunción, y la única duda respecto a la causa de su fallecimiento giraba en torno a un posible problema con la vitamina K, un suplemento administrado a todos los recién nacidos para garantizar una correcta coagulación sanguínea y contribuir al funcionamiento de sus órganos. En respuesta a esta preocupación, el hospital decidió reemplazar los lotes de esa vitamina; sin embargo, los casos continuaron sucediendo.
A finales de abril, se registró otro fallecimiento cuestionable en circunstancias comparables a las de Calderón Cáceres. Tanto la madre como el recién nacido estaban en buen estado de salud al momento del parto.
En ese periodo, se identificó otro elemento que resultaría crucial para esclarecer la causa: varias madres, junto con médicos y enfermeros, notaron marcas de pinchazos inexplicables en múltiples recién nacidos. “Ninguna inyección se le coloca a un bebé en un lugar antojadizo, y acá vimos marcas en la espalda, en lugares muy aleatorios”, compartió una fuente involucrada en el caso a Infobae.
La justificación relacionada con la vitamina K empezaba a parecer insostenible. El 6 de mayo, la jefa del departamento de Neonatología envió una comunicación a la dirección del hospital. En ese escrito, que forma parte de la investigación, alertó sobre la muerte de dos bebés hasta ese momento y la descompensación de cinco más. Además, mencionó los inexplicables pinchazos y solicitó una investigación para esclarecer la situación.
Julio Escudero Salama, quien se desempeña como subdirector de Gestión Administrativa del hospital Neonatal, pidió una versión más completa de ese informe. La recibió el 10 de mayo. Seis días después, se reunió con el fiscal Guillermo González y el director de los médicos forenses, David Dib, en el edificio de Tribunales II.
El fiscal Raúl Garzón informó sobre el incidente con el propósito de dar inicio a una investigación, lo que llevó a la apertura de una indagación adicional. La investigación llegó a un punto muerto, ya que el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, resolvió archivar la causa en junio de 2024. Su conclusión fue que en la reunión se trataron "cuestiones generales" relacionadas con el hospital.
La tragedia se sucedió en una escalada de gravedad. La muerte de Ibrahim Guardia, el 24 de mayo de 2022, marcó el tercer fallecimiento en el Neonatal, pero la falta de pruebas para determinar la causa de muerte se mantuvo. La sospecha de una posible irregularidad ya estaba siendo cuestionada dentro del hospital, pero sin embargo se decidió no realizar una autopsia. Una semana antes, un nuevo bebé había llegado con signos visibles de inyecciones en su cuerpo, sumando a la preocupación de los trabajadores del hospital.
Del 6 al 7 de junio, la crisis alcanzó su punto máximo. En ese breve lapso, dos bebés perdieron la vida y otros dos sufrieron graves descompensaciones, lo que llevó el total a trece incidentes que serán objeto de análisis durante el juicio.
Las muertes de estos dos bebés se informaron como sospechosas: una fue denunciada por una enfermera y la otra por un policía que tenía la responsabilidad de vigilar el hospital. No obstante, cada caso se trató de manera aislada, sin establecer un vínculo claro entre ellos o con los incidentes previos. A pesar de que cinco infantes habían fallecido y otros ocho habían sufrido descompensaciones, nadie puso el asunto en manos de la Justicia de manera colectiva.
Tras recibir las dos denuncias, el Ministerio de Salud inició un proceso administrativo y decidió suspender a 15 trabajadores del hospital, incluida la enfermera Brenda Agüero. Desde entonces, cesaron los episodios de pinchazos, descompensaciones y fallecimientos de recién nacidos sanos.
El asunto fue llevado ante la Justicia un mes después de ocurrido. La manera en que se presentó fue, quizás, tan sorprendente como la respuesta que encontró la investigación del fiscal Garzón a la inquietante pregunta que rodeaba los cinco decesos: ¿Por qué sucedió esto?
La indagatoria del MPF se inició cuando el esposo de una doctora del hospital, un ingeniero de Córdoba, oyó a su esposa relatar la serie de tragedias que habían ocurrido. Sin dudarlo, se dirigió a los tribunales y presentó una denuncia, señalando por primera vez que todo tenía una relación. Puede que su intuición estuviera en lo correcto.
Las dudas fueron confirmadas por las autopsias realizadas a las dos últimas víctimas. Estos bebés presentaban elevados niveles de potasio en su organismo, conocidos como hiperpotasemia. De acuerdo con el informe, se estipula que los valores normales oscilan entre 3 y 3.5 miliequivalentes por litro. Cuando ocurre un deceso, las células tienden a liberar un poco más de potasio, alcanzando hasta 4.5 miliequivalentes. Sin embargo, en los cuerpos sometidos a examen, los forenses encontraron niveles alarmantes de 18 miliequivalentes por litro en ambos casos.
La autopsia indicó que el potasio había sido administrado de forma exógena, lo que significa que alguien había realizado las inyecciones. Además, se detectaron concentraciones elevadas de insulina en las víctimas, a pesar de que no tenían prescripción para recibir dicha hormona. Todo esto sucedió en un contexto de “inoculaciones erráticas”.
La fiscalía sostendrá frente al jurado que, aunque la enfermera poseía las habilidades necesarias para realizar una vacunación adecuada, las inoculaciones irregulares observadas “son compatibles con quien lo hace a escondidas, cuando hay un segundo de descuido”.
La investigación también descartó la posibilidad de que los eventos hayan sido fortuitos. Esta hipótesis se vuelve relevante al considerar que el potasio es representado por la letra K en la tabla periódica, lo que puede generar confusión entre los pacientes. “En ningún lugar del mundo se pone la letra K en las ampollas de potasio, sino que lleva su nombre completo, y las ampollas de vitamina K tienen otro tamaño”, comentó a este medio una fuente importante en el caso.
La defensa de la enfermera podría argumentar que el hospital encontraba ante una situación crítica con la caducidad de la vitamina K, al igual que con otros medicamentos en la farmacia, lo que podría haber contribuido a los trágicos sucesos. Aunque fuentes consultadas confirmaron la existencia de lotes de productos vencidos, la investigación no encontró pruebas concluyentes que vinculen directamente estos lotes con las muertes de los bebés.
Los abogados de la acusada centrarán su atención en los horarios de los fallecimientos y las descompensaciones. Compararán esos momentos con los registros de ingresos y egresos al área de Neonatología para establecer si Brenda Agüero estuvo o no presente durante cada uno de esos incidentes. Luego de su arresto, Brenda Agüero accedió a someterse a una evaluación psiquiátrica.
Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini argumentan que Agüero tenía la intención de provocar enfermedades en los bebés deliberadamente, con el fin de ser la primera enfermera en alertar a sus superiores. Según su teoría, esto le permitiría destacar y llamar la atención sobre su desempeño en el trabajo, superando a sus colegas.
La enfermera enfrenta una acusación formal que incluye cinco cargos por homicidio calificado mediante un procedimiento insidioso y ocho cargos adicionales por el mismo delito, aunque en grado de tentativa. Desde el 19 de agosto de 2022, se encuentra recluida en la prisión de Bouwer.
Liliana Asís, ex jefa del Hospital Materno Neonatal, y Claudia Ringelheim, ex subdirectora, enfrentan acusaciones por su presunta participación en una serie de delitos. Se les imputa encubrimiento doblemente agravado, falsificación intencional de información y negligencia en el desempeño de sus funciones como funcionarias públicas.
Otro de los funcionarios del centro de salud involucrados es Julio Escudero Salama, quien se desempeñaba como subdirector de Gestión Administrativa. Él también enfrentará las mismas acusaciones, salvo la de falsificación ideológica.
Entre los altos funcionarios involucrados se encuentran Diego Cardozo, antiguo ministro de Salud; Pablo Miguel Carvajal, ex secretario de Salud; y Alejandro Gabriel Gauto, ex responsable del Área Legal del Ministerio. Estos individuos podrían enfrentar penas por encubrimiento doblemente agravado.
Finalmente, los profesionales médicos y el personal del Neonatal que enfrentarán juicio incluyen a Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería; Marta Elena Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; María Alejandra Luján, quien firmó las actas de defunción y presuntamente conocía de las muertes sin denunciarlas; y Adriana Luisa Moralez, médico. En total, se les imponen cargos relacionados con la omisión de deberes propios de su cargo, encubrimiento agravado en dos instancias y falsificación ideológica.
Por su parte, el tribunal estará conformado por los jueces camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman. Asimismo, se contará con un jurado popular integrado por 20 ciudadanos, que se dividirán entre titulares y suplentes, además de 14 querellantes particulares.
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