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Habló la inquilina del edificio cedido a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo donde funcionaba el boliche clandestino

Manifestó que está en el edificio denunciado hace 20 años y que, en realidad, el espacio funciona como “una academia de baile”

Luego de que el Gobierno denunciara el funcionamiento de un boliche clandestino en un inmueble cedido a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la inquilina del edificio ubicado en Rivadavia 2700, rompió el silencio sobre las acusaciones.

“No me gusta que digan algo que no es cierto”, expresó. La mujer reafirmó que en ese sitio, que es parte del Ministerio de Justicia, opera “una academia de baile” y que los alumnos acuden los viernes y sábados por la tarde.

Según lo que relató, reside en el lugar junto a su esposo y se mantiene gracias a la comida y las bebidas de la cafetería que abrió hace cuatro años, donde los "alumnos de danza" suelen merendar. “Hace 20 años que vivo acá con mi esposo en el tercer piso. Entonces no entiendo por qué dicen que esto es un boliche clandestino, cuando otras veces también dijeron que era el boliche clandestino del señor D’ Elía”, indicó.

Indicó que las clases se llevan a cabo a las cinco o seis de la tarde, “tengo unos chiquitos que vienen a bailar marinera. Es una academia que viene a bailar acá, que ha estado hace poquito en la calle Corrientes, andan por todos lados viajando. En este salón, yo solamente vivo con lo que hago acá durante el día”.

“Durante la noche no hay nada. Ustedes pueden venir. Me gustaría que vengan los sábados a la noche, ya que dicen que hago eventos, fiestas. No, señores, en este piso no es. Acá no hay otra cosa, no hay nada”, añadió.

Asimismo, precisó que no abona alquiler, ya que el edificio fue “cedido por Cristina” Kirchner. “Cristina, en ese momento que era presidenta, también dijo que acá había mucho dinero para invertir, o sea que esto no se pudo arreglar”, declaró.

La mujer también mencionó que "hace años" recibió la visita del juez Javier Buján y de representantes de las Madres. “Nosotros teníamos el buffet, habíamos comprado la impresora para hacerles fotocopias, y teníamos la mesita para venderles el café. De eso vivimos nosotros, nada más”, reafirmó.

El periodista Martín González confirmó que la parte del local donde se encuentra el buffet conocido como “La cueva de Alí Babá” fue donada a la familia por Luis D’Elía, aunque no hay ningún contrato que respalde esa afirmación.

La denuncia del Gobierno

El Gobierno afirmó que en el edificio operaba un club nocturno ilegal. Este jueves, la Policía Federal llevó a cabo un operativo en el supuesto boliche clandestino que funcionaba en un inmueble que el Ministerio de Justicia había otorgado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

“Sí, escucharon bien. El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos; sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche. Es muy impresionante ver las fotos de lo que hicieron con el lugar. Hasta jugaban a los dardos”, comentó este jueves Manuel Adorni, portavoz del presidente, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada.

En un anuncio oficial, el Ministerio de Justicia dio a conocer que interpuso una denuncia penal “tras descubrir el uso clandestino e irregular” del edificio. “Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro”, señala el comunicado.

“Durante la inspección se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble”, añadió.

Contó, “como si esto fuera poco, en el año 2023, el Ministerio de Justicia destinó el equivalente a 4500 millones de pesos de hoy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se recibiera un solo alumno. Este inmueble, lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos”.

“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por la casta. El inmueble será recuperado para su posterior venta, y los responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, concluyó.

Adorni precisó que en el tercer piso del inmueble en Rivadavia al 2700 “vivía una familia; mientras que en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privada”.

“Una sede del Partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), vinculado a un famoso expiquetero (Luis D’Elía), donde se encontraron banners con la frase ‘Vamos a volver’ junto a una imagen de la expresidenta condenada (Cristina Kirchner)”, enumeró el vocero.

Continuó: “También estaba la Asociacion Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), la cual funcionaba durante unas agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15.30 a 18.30. Y además funcionaba la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina, que vaya a saber Dios qué función desempeñaba”.

“Esto, por supuesto, representa una grave desviación y una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos de la República Argentina. Se les terminó la fiesta a todos los que se divertían con la plata de los argentinos”, afirmó el representante de Javier Milei.

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Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Marc Jacobs, Michael Kors y otras marcas desembarcan en el nuevo shopping OH! Buenos Aires

  • Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.

  • Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.

  • Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.

  • Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.