A pesar de una fuerte inversión, el sistema universitario argentino presenta una tasa de graduación muy baja, con disparidades entre universidades.
Según el último informe de la Fundación Libertad, "Radiografía de las universidades argentinas", en 2024 las universidades públicas argentinas recibieron un total de $2,94 billones en transferencias, una cifra que muestra una caída del 27% en términos reales respecto al año anterior. Este presupuesto, aunque elevado en términos absolutos, está marcado por un patrón de concentración de recursos en unas pocas instituciones.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por ejemplo, concentran el 32% del total destinado a las universidades nacionales, lo que genera interrogantes sobre la distribución equitativa de los fondos y la eficiencia del gasto. Además, más del 90% de las transferencias se destinan al pago de salarios de los docentes y el personal no docente, lo que deja pocos recursos disponibles para otras áreas cruciales como la infraestructura o el desarrollo académico.
En términos relativos, Argentina dedica el 1,04% de su Producto Bruto Interno (PIB) a la educación terciaria, un porcentaje que está por debajo del promedio del G20 (1,09%) y de la OCDE (1,21%). Sin embargo, estos recursos no se traducen proporcionalmente en mejoras en los resultados académicos. El gasto por alumno en las universidades públicas alcanza los $1,5 millones, mientras que el costo por graduado asciende a $34,7 millones, un dato que revela una eficiencia limitada en la relación entre los fondos invertidos y los egresos obtenidos.
La tasa de graduación en las universidades públicas argentinas es alarmantemente baja. Actualmente, Argentina cuenta con un promedio de 20 egresados cada 100 ingresantes, una cifra que está muy por debajo de otros países de América Latina como Brasil, con un 27% de graduados sobre ingresantes, y Chile, con un impresionante 82%. Este bajo nivel de graduación es una de las principales críticas al sistema universitario argentino, que no logra completar a la mayoría de sus estudiantes en un tiempo razonable.
Además, las tasas de aprobación de materias muestran un panorama aún más preocupante. Según los datos más recientes, el 55,2% de los estudiantes de universidades públicas no aprueba más de una materia por año. Solo el 13,2% de los estudiantes aprueba seis o más materias por año, el número mínimo necesario para cumplir con el ritmo teórico de la carrera. Este bajo rendimiento académico refleja una ineficiencia en el sistema educativo, que, a pesar de contar con recursos considerables, no logra mantener a sus estudiantes en el camino de la graduación.
En términos internacionales, el sistema universitario argentino se encuentra rezagado. Aunque el gasto en educación terciaria en Argentina está por encima de países como Japón (0,66%), Israel (0,85%) e Irlanda (0,87%), los resultados obtenidos son mucho más modestos. Según los datos disponibles, solo el 19% de los argentinos de entre 25 y 34 años completó una educación terciaria, una cifra que está muy por debajo del promedio de 41% en el G20 y 48% en la OCDE. Esta disparidad es aún más pronunciada cuando se comparan los niveles de graduación entre Argentina y sus vecinos latinoamericanos: Chile tiene un 41% de graduados en la misma franja etaria, Colombia alcanza el 35%, y Brasil llega al 24%.
Estas diferencias son aún más notorias si se observan los indicadores de graduación por cantidad de ingresantes. Argentina tiene 20 egresados por cada 100 ingresantes, mientras que países como Chile alcanzan un ratio de 82 egresados por cada 100 ingresantes. Esta diferencia refleja no solo los desafíos estructurales del sistema educativo argentino, sino también un modelo que no logra retener a los estudiantes ni garantizar su graduación.
Dentro del país, el sistema universitario argentino también muestra notables desigualdades. Aunque las universidades nacionales reciben fondos similares, el costo por graduado varía considerablemente entre instituciones. Por ejemplo, el costo por graduado en la Universidad Nacional de Tucumán alcanza los $63,36 millones, mientras que en la Universidad Nacional de La Matanza el costo es de $16,93 millones. Este contraste pone de relieve las disparidades en la eficiencia con la que las universidades utilizan los recursos asignados. Mientras algunas instituciones logran mejores resultados a un costo relativamente menor, otras enfrentan mayores desafíos y presentan resultados mediocres.
Este patrón de desigualdad también se observa en la relación entre estudiantes y docentes. El promedio nacional de 13,4 estudiantes por docente es un indicador de una estructura relativamente bien distribuida en términos de recursos humanos. Sin embargo, algunas universidades como la Universidad Nacional de Defensa, con 191 estudiantes por docente, muestran una sobrecarga significativa de trabajo para sus educadores, lo que puede afectar la calidad educativa.
A pesar de los recursos asignados, el sistema universitario argentino sigue enfrentando serias dificultades. En 2024, el número de cargos docentes ascendió a 222.115, un 16% más que en 2015. Aunque este crecimiento podría indicar una mejora en la cantidad de recursos humanos, los resultados académicos no acompañan este incremento. El ratio de 55,2% de estudiantes que no aprueban más de una materia al año y el 20,7% de egresados por cada 100 ingresantes muestran que el sistema no logra retener ni graduar a la mayoría de los estudiantes, a pesar de contar con una infraestructura docente relativamente amplia.
Uno de los mayores problemas es la falta de un sistema de incentivos que fomente el cumplimiento de los plazos de la carrera y la eficiencia académica. Sin mecanismos que promuevan el rendimiento, muchos estudiantes no logran completar sus estudios a tiempo, lo que contribuye a una alta tasa de deserción. La educación superior en Argentina, a pesar de ser completamente gratuita, no ofrece suficientes barreras o incentivos para garantizar que los estudiantes se enfrenten a las exigencias académicas y terminen sus carreras dentro de un tiempo razonable.
Un aspecto que resalta en el informe es el crecimiento del número de estudiantes internacionales en las universidades públicas argentinas. Entre 2015 y 2023, la cantidad de estudiantes extranjeros se incrementó en un 132%, alcanzando los 82.797 estudiantes. Este aumento fue impulsado principalmente por la proximidad geográfica y el costo relativamente bajo de la educación terciaria en Argentina, en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esta situación genera un dilema: ¿es adecuado que los recursos públicos destinados a la educación gratuita se utilicen en beneficio de estudiantes de otros países, cuando el sistema enfrenta desafíos internos tan profundos?
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