Triple crimen en el conurbano: el poder que el Estado no ocupa

En varios lugares del conurbano (muchos más de los que nos gustaría admitir) cuando alguien habla de “un ajuste de cuentas” no está hablando de balances contables sino de balas. El triple crimen que volvió a sacudir las portadas no es una rareza, es la punta visible de una lógica económica de regímenes violentos.

Tres cuerpos abandonados en una casa de Florencio Varela y su asesinato trasmitidos en vivo a un grupo cerrado de WhatsApp dicen más sobre la organización social que cualquier boletín oficial: el Estado anota estadísticas, pero en el territorio real los que “llevan los libros” son otros.

Durante décadas se repitió que el Estado argentino era débil, o ineficiente, porque no lograba controlar la inseguridad. Pero la palabra precisa quizá sea otra porque el Estado no controlaba, administraba. La máquina estatal funcionaba como un gestor: repartir planes, sostener cajas, negociar con sindicatos, resolver paros de transporte o piquetes con parches. Era, y sigue siendo en buena parte, un administrador de conflictos no un soberano en el territorio. La diferencia es sutil pero decisiva. Administrar es coordinar recursos. Controlar es marcar las reglas y hacerlas cumplir.

En los barrios del conurbano esa brecha se vuelve palpable. Cuando el Estado se retira o apenas sobrevuela con móviles esporádicos, otros ocupan el vacío. El narco no solo vende drogas, fija castigos, decide qué conducta es tolerable, a quién se le permite abrir un kiosco y a quién no. Su “justicia” es inmediata, brutal, sin apelación. Donde el Estado administra con papeles, el narco controla con armas.

La violencia extrema, como la de este triple homicidio, es la cara espectacular de ese orden paralelo. No son solo delitos, son mensajes. Cada cuerpo baleado es un cartel escrito con una advertencia aterradora. En el idioma del narco cada uno de estos hechos es un mensaje irrefutable. Soberanía perdida. Se matan entre ellos, sí, pero sobre todo están recordando a todos los demás quién tiene la capacidad de decidir quién vive y quién muere en ese barrio.

Y conviene detenerse en un dato que suele quedar escondido detrás del sensacionalismo policial: el conurbano no es periferia, es epicentro. Más de diez millones de personas viven ahí. Hablar de soberanías fragmentadas en ese territorio no es una cuestión marginal, es el corazón mismo de la Argentina urbana. En esos barrios se juega no solo la seguridad, sino el sentido de pertenencia; se define quién siente que tiene un Estado detrás y quién entiende que el único Estado es el que impone el miedo.

El lenguaje político nacional sigue atrapado en categorías viejas: “inseguridad”, “delincuencia extranjera”, “narcos peruanos”. Son etiquetas que alivian conciencias, pero ensombrecen la mirada. En esta instancia, el problema no es de nacionalidades, sino de lógicas de poder. Si en un barrio el orden lo garantiza una organización criminal, no importa de dónde provenga su cúpula. Importa que el Estado resignó ese rol. Lo más inquietante no es la nacionalidad de los sicarios, sino la naturalidad con la que la sociedad se acostumbra a que haya soberanías solapadas.

La pregunta, entonces, no es solo cómo se combate el narco, sino qué significa gobernar un territorio. Porque administrar no es gobernar. En el conurbano, la administración se agota. Llega en forma de un subsidio que calma por un mes, de una patrulla que da vueltas durante dos horas, en forma de un intendente que inaugura luces LED en una plaza. Son gestos. El control, en cambio, se ejerce con presencia continua, con reglas claras (aunque sean crueles), con la capacidad de marcar un límite real. Y hoy, el que más claramente marca ese límite no siempre lleva uniforme ni cobra sueldo estatal. En los barrios se instala de facto con una pax particular, una pax narco que solo compra tiempo e hipoteca la autonomía.

El triple crimen no es un hecho aislado. Es un recordatorio brutal de que en vastas zonas del conurbano la autoridad legítima ya no se discute en términos estatales. Allí donde el Estado administra, otros controlan. Y mientras esa ecuación siga funcionando, la violencia seguirá siendo el idioma más claro de la soberanía de los barrios.