Un límite del que el Gobierno debería tomar nota

Es raro que haya una buena noticia del lado de la Justicia. Son muchos los jueces y fiscales que trabajan bien en la Argentina, pero en general las noticias que vienen de los tribunales o bien contribuyen al descrédito que muchos miembros del Poder Judicial se han sabido ganar o bien le quedan demasiado lejos a la gente.

Por eso, cuando la Justicia toma una decisión razonada, fundada y apegada al derecho, a favor de la gente que está pasando hambre, hay que celebrarlo.

Eso fue lo que pasó en la causa por el escándalo de los alimentos del Ministerio de Capital Humano que estaban acopiados en galpones en Villa Marteli y Tafí Viejo, en las provincias de Buenos Aires y Tucumán, respectivamente.

Todo comenzó con una denuncia de Juan Grabois, que impresionaba por la brutalidad: en medio de una emergencia alimentaria, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello tenía toneladas de alimentos sin distribuir desde diciembre, algunos de ellos próximos a vencer.

El Gobierno lo negó, lo desmintió, lo minimizó y puso excusas hasta que no tuvo más opción que reconocerlo.

La causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, uno de los viejos jueces de Comodoro Py -más allá de que sea un hombre joven-, que con mucho sentido común y en una decisión jurídicamente fundada le pidió al ministerio de Pettovello que explicara cuánta mercadería tenía, si tenían fecha de vencimiento y cómo pensaba repartirlo. No le dijo cómo hacerlo, sino que le pidió un plan.

La orden, muy trabajada, meditada, no era un pedido a la ligera de Casanello a Petovello: era una orden de la Justicia a un ministerio. Sin embargo, Sandra Pettovello entendió -tal vez con malas herramientas y mal asesorada- que se trataba de una sugerencia.

Pettovello primero pidió una prórroga y después, mientras una funcionara acusaba a Casanello ¡¿de juez militante?! (risas) y apelaba argumentando que se trata de una cuestión política no justiciable, empezó a repartir los alimentos a través de la Fundación Conin, que dirige el médico Abel Albino. Más allá de las buenas intenciones, e incluso de toda la experiencia y conocimiento que tenga en la materia, ellos mismos han admitido que no tienen el alcance nacional ni la logística para poder encargarse de la distribución de la totalidad de los alimentos.

Entonces llegó el dictamen del procurador de la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, que también estaba técnicamente fundado, bien argumentado e insistía en que el Ministerio de Capital Humano tenía que presentar un plan.

Y entonces llegó el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, en el que los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico dejaron en claro que Petovello estaba en desobediencia, y que de manera inmediata tenía que presentar un plan. El voto de Eduardo Farah es realmente de antología, para destacar.

No pasa muy seguido que se aceite el mecanismo para que de manera razonada, fundada, seria, apegada al derecho, técnicamente solvente, el juez de primera instancia, el procurador de la Cámara y la Cámara dicten este tipo de resoluciones, que afectan directamente a milles de personas que tienen hambre.

El Gobierno de Javier Milei, que habla tanto de la seguridad jurídica y que tan deseo y necesitado está de que vengan las inversiones debería tomar nota lo que hace que las inversiones vengan es este tipo de acciones. Acá hay institucionalidad: cuando un juez le pide algo a un ministro, el ministro no se hace el gil: cumple. Porque una orden judicial no es una sugerencia que de onda se puede dejar de hacer o no hacer.