Una Justicia que falla: el caso Cavallo y la agonía del plazo razonable

Voy a contar una historia, una triste historia. Triste porque termina complicándonos la vida a todos, reafirmando lo que algunos venimos diciendo hace años: el problema más grave que enfrentamos es la Justicia. Y no me refiero solo a los jueces, sino a todo un sistema que se hunde en su propia inoperancia.

La noticia es mala, pésima. La Corte Suprema de Justicia acaba de extinguir la causa por sobresueldos contra Domingo Felipe Cavallo, utilizando la figura del "plazo razonable". Después de 18 años de idas y vueltas, de papeles acumulados y de recursos interpuestos, todo quedó en la nada. Es un papelón de proporciones gigantescas.

El caso de los sobresueldos: una trama tan vieja como conocida

En los años 90, hablar de sobresueldos era casi un mito. Se sabía que la SIDE manejaba millones en dólares cada mes, pero no se sabía a dónde iba esa plata. El escándalo estalló de manera insólita: en un divorcio.

Un juez federal en proceso de separación blanqueó todo en una audiencia. Su esposa exigió parte de los bienes, y él, en su generosidad, no solo ofreció la mitad de su sueldo, sino que mencionó los sobresueldos de la SIDE como si fueran algo normal. Así, lo que era un rumor tomó forma y quedó registrado. De ahí en adelante, la trama incluyó a figuras como María Julia Alsogaray y al propio Cavallo, quien terminó admitiendo que recibía sobresueldos bajo el concepto de “suplemento”.

Cavallo declaró ante la Justicia que nunca supo que esos pagos podían provenir de un acto ilícito. Dijo incluso que, de haberlo sabido, no lo habría informado a la entonces AFIP. Pero el punto central es que él admitió haber recibido los sobresueldos. No estamos debatiendo si lo hizo o no, sino cómo un caso tan sencillo pudo enredarse durante 18 años.

La causa pasó por un largo derrotero en la Justicia. Cavallo y su defensa jugaron a la estrategia más común: dilatar, postergar, esquivar veredictos. Llegó a la Corte Suprema, donde estuvo parada seis años. Finalmente, tres jueces —Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda— decidieron (sin el acompañamiento de Ricardo Lorenzetti) que la acción estaba prescripta porque el plazo para resolverla había sido vulnerado.

El argumento central de la Corte es que Cavallo tenía derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y eso no ocurrió. La pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad de que esta causa estuviera frenada durante casi dos décadas? La misma Corte que extinguió la acción admite que Cavallo debería estar condenado por peculado, pero al mismo tiempo justifica el cierre del caso por las demoras del sistema.

Un mensaje preocupante para otras causas

Este fallo no solo deja en evidencia la crisis del Poder Judicial. También abre un precedente peligroso. La figura del plazo razonable podría aplicarse a otras causas, incluso aquellas que involucran a figuras políticas de peso, como las de Cristina Fernández de Kirchner.

Es importante señalar una diferencia clave: Cavallo admitió haber recibido los sobresueldos. En otros casos, como el de la ex presidenta, no hubo declaraciones similares. Sin embargo, el mensaje es el mismo: si el sistema judicial no puede garantizar plazos razonables, ¿cómo se sostendrán las investigaciones en el tiempo?

La inoperancia de la Justicia es un problema estructural que afecta todas las áreas de nuestra vida. La inflación, la economía, la política, todo está condicionado por un sistema que no funciona. Y esta no es solo mi opinión. Si no resolvemos este problema, cualquier avance en otras áreas será insuficiente.

El caso de Cavallo es el reflejo de un país donde las causas más simples se transforman en un laberinto sin salida, y los responsables terminan beneficiándose de los propios errores del sistema. Una Justicia que no llega a tiempo no es Justicia. Y en Argentina, parece que el tiempo nunca alcanza.