Miles de personas vuelven a marchar por la universidad pública.
Mientras el Gobierno pide auditorías y las universidades responden con épica, la discusión evita la pregunta incómoda de si se puede controlar un símbolo sin profanarlo.
Hay algo extraño en la discusión sobre las universidades públicas en Argentina. No extraño en términos políticos, porque la política argentina vive de discusiones exageradas, sino extraño en un sentido más profundo. En este sentido, pareciera que nadie le está contestando exactamente al otro.
El Gobierno habla de auditorías, presupuestos y trazabilidad de fondos. Las universidades responden con autonomía, educación pública, hospitales universitarios y movilidad social. Uno pregunta por planillas; el otro responde con símbolos.
Y quizás ahí esté el verdadero tema.
La universidad pública argentina nunca fue solamente una institución educativa. Fue también una pieza emocional del relato nacional, una de las pocas cosas que este país todavía cuenta con orgullo incluso cuando discute todo lo demás.
Durante décadas, la universidad representó una promesa muy específica. “Mi hijo el doctor” condensa esa idea de que el esfuerzo podía alterar el destino de nacimiento. El hijo del kiosquero podía convertirse en ingeniero. La hija de una empleada doméstica podía ser médica. Había algo profundamente democrático y profundamente épico en esa escena.
Por eso resulta tan difícil discutirla únicamente en términos administrativos. Cuando un funcionario habla de revisar gastos, una parte importante de la sociedad no escucha “transparencia”. Escucha otra cosa: van a tocar uno de los últimos lugares donde todavía creemos.
Y ahí aparece una palabra incómoda pero útil para destrabar este debate: profanar.
Profanar no significa destruir. Significa convertir algo sagrado en algo ordinario, pasar del mito al trámite, del orgullo al Excel.
Todas las sociedades reservan ciertos espacios para protegerlos del cálculo frío. La escuela, los hospitales, la infancia, los muertos, incluso la bandera. Lugares donde la lógica de la eficiencia convive, no sin tensión, con otro tipo de valor.
El problema es que vivimos en una época obsesionada con la transparencia absoluta. Todo debe ser medible, trazable, auditable. Toda institución debe demostrar permanentemente que merece existir.
Y el mileísmo expresa bastante bien ese espíritu de época. La sospecha permanente hacia cualquier estructura que reclame prestigio moral. La intuición de que detrás de toda nobleza puede esconderse un privilegio. La convicción de que nada debería quedar afuera de la revisión técnica.
En ese marco, la universidad pública aparece casi como una anomalía cultural: una institución todavía rodeada de cierta sacralidad social.
Pero hay algo todavía más interesante. Tal vez el Gobierno entienda perfectamente ese carácter sagrado. Tal vez por eso evita discutirlo, porque sabe que en el terreno emocional probablemente pierda. Entonces desplaza el conflicto hacia otro idioma: presupuesto, auditorías, eficiencia.
Mientras tanto, las universidades también eligen cuidadosamente su lenguaje. No se defienden mostrando balances en redes sociales. Se defienden mostrando investigadores, hospitales universitarios e historias de movilidad social. Nadie comparte orgulloso una planilla de gastos en Instagram. Sí comparte a un abuelo llorando en la entrega de un diploma. Y eso dice mucho sobre cómo funcionan hoy las legitimidades.
La universidad pública ya no garantiza necesariamente movilidad social como hace treinta años. El mercado laboral argentino se volvió demasiado precario para sostener esa promesa de manera automática. Sin embargo, sigue ofreciendo otra cosa y esa cosas es identidad.
Para muchos menores de cuarenta, la universidad pública quedó como uno de los últimos relatos de ascenso todavía disponibles. Casi todos los demás se derrumbaron: la casa propia, el trabajo estable, la jubilación tranquila, incluso la idea de progreso lineal. En ese marco roto, estudiar todavía conserva una potencia simbólica enorme, aunque no siempre garantice bienestar económico.
La incomodidad aparece porque el deterioro es visible. Profesores cobrando salarios bajísimos. Estudiantes cursando en edificios precarios. Laboratorios desactualizados. Investigadores emigrando. La pregunta sobre los recursos no surge en el vacío. Surge también de una evidencia material.
Y, sin embargo, cada vez que aparece la discusión sobre cómo se administra el sistema, el debate se vuelve rápidamente moral antes que técnico. Como si revisar el funcionamiento equivaliera automáticamente a deslegitimar el símbolo.
Tal vez porque la universidad pública argentina carga con una contradicción muy particular; es al mismo tiempo una institución admirada y una institución precarizada. Un orgullo nacional que muchas veces sobrevive a fuerza de sacrificio.
Tal vez por eso cualquier intento de “ponerle precio” a la universidad genera tanta resistencia emocional. Mucha gente siente que no están auditando solamente cuentas, sino revisando una parte de la identidad colectiva. Pero del otro lado también existe una incomodidad real. Hay contribuyentes que sienten que cualquier intento de preguntar “¿en qué se gasta?” automáticamente los convierte en enemigos de la educación pública, como si ciertas instituciones hubieran quedado protegidas detrás de una legitimidad moral imposible de cuestionar.
Ahí aparece el nudo incómodo de este debate: ¿se puede controlar algo sin profanarlo? Esta debe ser una de las preguntas más difíciles de esta época, porque no habla solamente de universidades. Habla de vínculos, de política y de confianza social. Cuando una sociedad deja de creer en la buena fe del otro, toda auditoría parece persecución y toda defensa institucional parece un encubrimiento.
Tal vez por eso la discusión nunca avanza realmente. Unos sienten que están pidiendo números; otros sienten que están defendiendo un símbolo. Y quizás el problema más profundo sea que una sociedad empieza a romperse cuando ya no sabe distinguir entre revisar algo y atacarlo, cuando cualquier pedido de explicación se vive como una amenaza existencial y cuando incluso las instituciones más valiosas necesitan demostrar, todos los días, que merecen seguir existiendo.
Porque hay momentos en que las sociedades dejan de administrar sus símbolos y empiezan, lentamente, a desconfiar de ellos. Y cuando eso pasa, lo que se pierde no es solamente una universidad.
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