El recorte del personal estatal alcanzó un 9,6%, según el reporte gubernamental que detalla los ajustes en contratos y modalidades laborales
Durante los primeros 17 meses de gestión del presidente Javier Milei, el sector público argentino experimentó una reducción profunda y sostenida de su planta de personal, con la eliminación de 47.925 puestos de trabajo, lo que representa un descenso total del 9,6% en el empleo estatal. Esta información surge de un informe oficial presentado por la Unidad de Evaluación de Impacto, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que detalla un ahorro anual estimado en 1.885 millones de dólares, sumando los salarios y los costos asociados a infraestructura laboral.
Según este reporte, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la Administración Pública Nacional (APN) redujo su plantilla un 13,7%, mientras que las empresas estatales registraron una caída aún más significativa, del 16,4%. Estos números reflejan un proceso profundo de reestructuración del sector público impulsado por la actual gestión, que busca optimizar el gasto estatal y reducir el tamaño del aparato burocrático.
Dentro de la APN, los tipos de vínculo laboral mostraron variaciones significativas. El personal de planta permanente y transitoria se redujo un 8%, mientras que los empleados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) disminuyeron un 20%. La reducción más pronunciada afectó a los trabajadores contratados bajo la modalidad LOYS (monotributistas bajo Decreto 1109/17), con una caída del 55,2%, de acuerdo a lo informado oficialmente.
El cálculo del ahorro que detalla el informe se fundamenta en el salario promedio ponderado para abril de 2025 según el tipo de contrato, multiplicado por la cantidad de personas desvinculadas. Además, se considera que el costo total de un empleado suele duplicar su salario, dado que incluye gastos en espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios. Esta metodología permitió estimar un ahorro salarial en la APN de 942,5 millones de dólares, que se duplica al incluir los costos indirectos, alcanzando los 1.885 millones.
Desglosando por tipo de contrato, el informe oficial precisa que la reducción en empleados bajo la Ley Marco generó un ahorro salarial de 231 millones de dólares y un ahorro total, con infraestructura, de 462 millones. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro fue de 254 millones en salarios, totalizando 508 millones incluyendo costos indirectos. Finalmente, los contratos LOYS representaron un ahorro en sueldos de 67 millones, que asciende a 134 millones al sumar costos asociados.
En cuanto a las empresas estatales y al personal militar y de seguridad, el reporte gubernamental utilizó como referencia el salario promedio de la APN para calcular los ahorros, aunque no detalla cifras específicas para estos sectores. La reducción general se percibe como una política integral de optimización del empleo público.
Este proceso de reducción del empleo público se inscribe en una política más amplia orientada a “reestructurar y achicar” el Estado, con la finalidad declarada de mejorar la eficiencia administrativa y controlar el gasto público. Desde el gobierno se sostiene que esta medida permite eliminar puestos redundantes y mejorar la calidad del servicio público mediante una asignación más eficiente de recursos.
El informe oficial no evalúa directamente los efectos sociales ni políticos del recorte, pero distintos actores sindicales y políticos han expresado preocupación por el impacto en la calidad del servicio y en las condiciones laborales. Algunos especialistas consultados por El Observador advierten que, si bien el ahorro estimado es sustancial, la metodología para calcularlo podría ser conservadora, ya que los gastos indirectos en infraestructura y servicios en el sector público pueden superar el doble del salario, por encima de lo que generalmente sucede en el sector privado.
Además, el documento evidencia que la caída más pronunciada en los contratos temporales y monotributistas revela un cambio estructural en la modalidad de contratación estatal, con una reducción del 55,2% en la modalidad LOYS, lo que implica un replanteo de la flexibilidad laboral dentro del Estado.
El informe no aborda el impacto que esta reducción puede tener sobre la calidad y continuidad de los servicios públicos, un aspecto que especialistas y la sociedad civil consideran clave para ponderar el equilibrio entre ahorro fiscal y eficiencia.
Desde la óptica macroeconómica, el reporte gubernamental destaca que la disminución del gasto en personal contribuye a mejorar el equilibrio fiscal y reducir el déficit, liberando recursos para otros fines. Sin embargo, especialistas consultados remarcan que para sostener este tipo de políticas se requiere un acompañamiento que atenúe los posibles efectos sociales negativos, especialmente en el empleo formal y la prestación de servicios.
En términos más amplios, el gobierno continúa avanzando con planes de modernización administrativa, revisión de contratos y redefinición de funciones, buscando consolidar un Estado más eficiente y sostenible, según la información oficial difundida. La evolución y consecuencias de estas medidas serán observadas atentamente por diversos sectores políticos y sociales.
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