El Gobierno aumentó por quinta vez el recargo que financia las Zonas Frías, un régimen aprobado en 2021 que, pese a las buenas intenciones declamadas, ha resultado perjudicial para los consumidores de menores ingresos
El Ministerio de Economía aumentó ayer el recargo que pagan todos los usuarios de gas del país para financiar el régimen de Zona Fría del 6,60% al 6,80% sobre el precio del gas natural. La resolución 1253/2025, publicada en el Boletín Oficial, marcó el quinto incremento en lo que va del año, en un intento por reducir los aportes del Tesoro Nacional a un sistema que genera cada vez más críticas por su diseño regresivo.
La medida refleja la encrucijada en la que se encuentra el gobierno de Javier Milei con un régimen que beneficia a 4 millones de hogares —la mitad de los usuarios de gas del país— pero que incluye sectores de altos ingresos mientras es financiado por usuarios de menores recursos que no reciben el subsidio.
"En la provincia de Buenos Aires un usuario pobre de La Plata paga un impuesto específico del 10% sobre el gas natural que consume, para financiar el subsidio a las casas de usuarios de altos ingresos de la Costa Atlántica", comentó en su cuenta de X el economista Nicolás Gadano, director de la consultora Empiria y uno de los principales críticos del sistema.
La observación de Gadano revela una distorsión técnica clave: aunque el recargo es del 6,80%, los usuarios de menores ingresos terminan pagando una alícuota efectiva del 10% porque el cálculo se hace sobre el precio que pagan los usuarios de altos ingresos, mientras que los de bajos recursos acceden a tarifas subsidiadas más bajas.
El régimen de Zona Fría, establecido por la ley 27.637 sancionada en 2021, otorga descuentos del 30% al 50% en las facturas de gas a usuarios de zonas consideradas de bajas temperaturas. Su financiamiento proviene de un recargo que pagan todos los demás usuarios del país sobre el precio del gas natural.
La ampliación del régimen de Zona Fría tuvo un apoyo político abrumador en el Congreso. La ley fue aprobada con los votos del oficialismo kirchnerista, la oposición radical y peronista, y gran parte de los bloques provinciales. Solo legisladores del PRO se abstuvieron o votaron en contra.
La norma expandió significativamente la cobertura geográfica del esquema original, que desde 2002 beneficiaba principalmente a la Patagonia, la Puna y Malargüe. La ampliación sumó gran parte de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis.
Pero el consenso político no garantizó eficiencia técnica. Según el análisis del investigador Rodrigo Fernández, del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, "la normativa no satisface ninguno de los criterios normativos de equidad ampliamente aceptados y contribuye a la creación de desequilibrios significativos en las tarifas".
El problema de fondo es que varias de las áreas designadas como "zonas frías" no califican realmente como tales según el mapa de zonas bioambientales del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). En su mayoría, las ciudades incluidas presentan climas templados, que experimentan bajas temperaturas únicamente durante el invierno.
La ampliación incorporó 3,1 millones de usuarios adicionales a los 850.000 hogares que ya recibían el beneficio, llevando el total a cerca de 4 millones de beneficiarios. El recargo original del 4,46% saltó al 5,44%, pero resultó insuficiente para cubrir la expansión.
Cuando asumió, el gobierno de Milei prometió derogar la ley de Zona Fría como parte de la Ley Bases. Sin embargo, el Senado reincorporó la ampliación en el dictamen final y la normativa se mantuvo intacta.
Ante la imposibilidad política de eliminar un régimen que beneficia a millones de votantes, la administración optó por una estrategia más sutil: vaciar gradualmente el sistema mediante aumentos progresivos del recargo. En abril aumentó el porcentaje al 6%, en junio al 6,2%, en julio al 6,4% y 6,6%, y ayer al 6,8%.
Según estimaciones oficiales, el recargo debería llegar al 10% para que el esquema se autofinancie completamente, evitando aportes del Tesoro Nacional. Pero cada aumento genera resistencia política en las provincias que no reciben el beneficio.
Paralelamente, el gobierno implementó restricciones administrativas más estrictas. Limitó el acceso al subsidio completo a un solo medidor por usuario, afectando a 137.842 beneficiarios, y endureció los criterios de elegibilidad. Para acceder al subsidio de garrafas, por ejemplo, ahora no se puede tener gas de red ni Tarifa Social.
Las críticas técnicas al régimen apuntan a su carácter fundamentalmente regresivo. Los hogares de altos ingresos pueden ahorrar hasta 213.000 pesos anuales gracias al subsidio, mientras que las familias vulnerables apenas logran cubrir lo básico.
"Las áreas beneficiadas por la legislación actual tienden a presentar índices de pobreza crónica significativamente menores que las cálidas", señala el análisis de Fernández, generando un subsidio cruzado de regiones pobres y cálidas hacia regiones frías y más ricas.
La distorsión se profundiza en el mecanismo de financiamiento. Como explicó Gadano, el recargo del 6,8% se calcula sobre el precio del gas que pagan los usuarios de altos ingresos (categoría N1), pero se cobra a todos los usuarios. Los de bajos ingresos (N2), que reciben un precio subsidiado más bajo, terminan pagando una alícuota efectiva del 10%.
"Para todas las categorías de segmentación, la alícuota del 6,8% se aplica sobre el precio del N1. Así, un usuario de bajos ingresos que recibe un precio más bajo por el gas natural, termina pagando un recargo efectivo del 10% sobre sus consumos", detalló el economista.
Carbajales por su parte propone aplicar el mismo esquema de segmentación por niveles de ingreso que se usa en la política energética nacional. Así, los hogares de menores ingresos seguirían recibiendo un 50% de subsidio, mientras que los de mayores ingresos obtendrían un porcentaje menor, ajustando el beneficio al poder adquisitivo real.
El contraste con otros subsidios energéticos resulta revelador. En electricidad, el gobierno logró un "ajuste fenomenal", según Gadano, llevando la cobertura por parte de los usuarios del 20% al 80% del costo del servicio. En el gas envasado, directamente disolvió el fondo fiduciario pero mantuvo el Programa Hogar con criterios más restrictivos.
Sin embargo, el régimen de gas natural por red permanece prácticamente intacto, protegido por su peso electoral. Hasta evalúa anular la ampliación mediante decreto presidencial, pero la resistencia legislativa en año electoral hace improbable esta opción.
Los subsidios energéticos representaron 2,2 puntos del PBI en 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y los subsidios al gas han estado históricamente en torno al 0,5% del PBI desde 2016. Para 2024, el Ministerio de Economía pretendía reducir los subsidios económicos en 0,7 puntos del PBI, pero la persistencia del régimen de Zona Fría complica esa meta.
La paradoja persiste: una ley diseñada con fines sociales, aprobada con amplio consenso político, terminó generando efectos regresivos que benefician desproporcionadamente a sectores de mayores ingresos mientras es financiada por contribuyentes de menores recursos. Los aumentos progresivos del recargo intentan corregir el desbalance fiscal, pero profundizan las distorsiones distributivas que los especialistas vienen denunciando desde su sanción.
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