Récord histórico en el mercado de capitales: las emisiones superaron los USD 20.250 millones en 2025
Argentina cierra el año con crecimiento en torno al 4,3%, inflación del 30% y superávit fiscal. El respaldo de Estados Unidos fue clave para sostener al modelo ante el desafío electoral.
Argentina transitó 2025 con un programa económico que profundizó el cambio radical respecto del modelo vigente durante las gestiones kirchneristas. El Gobierno del presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 en una situación casi desesperada tras la gestión de Alberto Fernández -con Sergio Massa en el doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial-, priorizó el equilibrio fiscal como ancla del sistema y al régimen cambiario (sin el levantamiento completo del cepo) como variable de ajuste gradual.
El resultado fue una inflación anual en torno del 30%, la más baja desde 2017, y un crecimiento del PBI proyectado en 4,3% tras dos años de contracción. El superávit primario alcanzó el 1,6% del PBI, cumpliendo por segundo año consecutivo las metas del Fondo Monetario Internacional. Esta secuencia —ajuste fiscal primero, liberalización cambiaria después— marcó la diferencia tanto respecto del déficit crónico kirchnerista como de la gestión de Mauricio Macri, que en 2015 desarmó el cepo sin haber consolidado las cuentas públicas y terminó sucumbiendo a una corrida en 2018.
El superávit fiscal sostenido fue el elemento distintivo del programa. A diferencia de décadas de déficit crónico financiado con emisión o deuda, el Gobierno de Milei mantuvo el equilibrio de las cuentas públicas mediante un ajuste del gasto que incluyó recortes en subsidios, obra pública y transferencias a provincias. Este resultado se logró en un año de crecimiento económico y con reducción de retenciones.
Sin embargo, esta fortaleza no se trasladó al balance del Banco Central, cuyas reservas netas permanecieron cerca de cero durante todo el año. En febrero, el Gobierno redujo el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual, desatando la primera crisis de confianza del año. Entre el 10 y el 17 de marzo, el Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares de reservas en una semana, mientras el dólar paralelo subía 4% y los futuros se disparaban. La respuesta llegó en abril con una liberalización parcial del mercado de cambios que amplió las bandas cambiarias y otorgó mayor libertad a personas físicas, aunque mantuvo restricciones para el sector corporativo.
Entre mayo y agosto, la inflación mensual se ubicó entre 1,5% y 1,9%, el mejor registro del año. Sin embargo, en el segundo semestre el ritmo se aceleró hasta 2,5% en noviembre. El Gobierno mantuvo el esquema de bandas y priorizó la desinflación sobre la acumulación de reservas. Esta decisión implicó una disyuntiva concreta: comprar reservas requiere inyectar pesos en la economía, lo que puede presionar sobre la inflación. La autoridad monetaria optó por acumular dólares gradualmente, financiado únicamente contra el crecimiento de la demanda de dinero. El problema es que esta demanda depende de las expectativas de devaluación, que a su vez están influidas por el nivel de reservas: mayor acumulación de reservas reduce expectativas de devaluación, lo que incrementa la confianza en el peso y abre espacio para seguir comprando dólares.
En septiembre, cuando la tensión cambiaria volvía a crecer en el período preelectoral, el Gobierno anunció un acuerdo de swap con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, del cual se utilizaron 2.500 millones para enfrentar vencimientos con el FMI. Este respaldo estadounidense resultó decisivo para estabilizar el mercado y despejar incertidumbres en la recta final de la campaña. La apuesta geopolítica del Gobierno de Milei —alinearse con la administración de Donald Trump desde el inicio— rindió frutos en el momento más crítico.
Las elecciones legislativas del 26 de octubre marcaron un punto de inflexión. La Libertad Avanza obtuvo el 40,68% de los votos a nivel nacional y ganó en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido en las primarias de septiembre. El triunfo consolidó la gobernabilidad y le otorgó al oficialismo el tercio necesario en el Congreso para sostener vetos presidenciales. La victoria validó el programa económico y debilitó al kirchnerismo, que quedó sin liderazgos claros ni mensaje político definido.
En las semanas posteriores a las elecciones, el Banco Central compró apenas 175 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios, a pesar del optimismo de los inversores que apostaron al peso. El Gobierno mantuvo el techo de la banda cambiaria prácticamente sin modificaciones, aun cuando el tipo de cambio operó durante semanas a menos de 5% de ese límite. Esta preferencia revelada mostró que la prioridad seguía siendo la desinflación, incluso con un costo en términos de competitividad externa.
El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger lideró centenares de microreformas que apuntaron a reducir trabas burocráticas y mejorar mercados. Sin embargo, la ausencia de reformas estructurales más profundas —especialmente en materia laboral y tributaria— quedó como tarea pendiente. El Gobierno enfrentó el desafío de articular coaliciones legislativas con un músculo político limitado, lo que condicionó la capacidad de avanzar en cambios de largo plazo.
El crecimiento del 4,3% tuvo características distintivas. Los sectores capital-intensivos lideraron la recuperación: Vaca Muerta expandió la producción de petróleo y gas justo cuando la demanda global de energía se ve incrementada por el desarrollo de inteligencia artificial, la minería avanzó con proyectos de litio y cobre, y el agro se benefició de precios internacionales sostenidos. Estos sectores, concentrados en el interior del país, generaron inversiones y empleo en provincias como Neuquén, San Juan y Mendoza.
En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el comercio siguieron deprimidos. El salario real mostró recuperación moderada, pero el consumo se mantuvo débil. Esta heterogeneidad no fue accidental: respondió a un cambio en los precios relativos que favoreció sectores exportables sobre actividades vinculadas al consumo interno que habían dependido históricamente de subsidios y protección.
El crecimiento fue, además, asimétrico en su composición. La inversión creció fuertemente, impulsada por proyectos de infraestructura energética y minera. Las exportaciones e importaciones también se expandieron. Por definición, esto implicó que el consumo fue el componente más débil. El empleo, como variable rezagada, tardó en responder, y la economía mostró una tendencia hacia sectores más capital-intensivos que generan menos puestos de trabajo por unidad de inversión.
El contexto internacional jugó a favor de Argentina de manera inusual. El Gobierno de Milei apostó desde el inicio por un alineamiento con Estados Unidos en un momento en que la administración de Trump buscaba socios confiables en América Latina. Esta apuesta geopolítica rindió frutos en septiembre, cuando se anunció el acuerdo por el swap y el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Este respaldo resultó decisivo para estabilizar el mercado en momentos de alta volatilidad.
Este apoyo externo compensó parcialmente la debilidad en la acumulación de reservas. Sin embargo, esta estrategia plantea interrogantes para 2027, cuando el mandato de Trump termine antes que el de Milei. La pregunta es si Argentina puede construir sus propias reservas de seguridad —acumulación de dólares en el Banco Central, acceso sostenible a mercados de deuda, superávit de cuenta corriente— sin depender de los avatares de la política estadounidense.
Según el índice de Adecuación de Reservas del FMI, Argentina se ubicó entre los países con peor posición del mundo en este indicador, con un ratio similar al de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Las reservas netas cercanas a cero contrastaron con un nivel considerado adecuado de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para una economía del tamaño argentino. Desde el Gobierno se argumentó que el Tesoro también acumula dólares para hacer frente a los servicios de deuda, por lo que la compra de divisas se realiza desde ambos frentes. Sin embargo, economistas señalaron que se trata de objetivos diferentes: mientras el Tesoro necesita dólares para pagar vencimientos, el Banco Central los requiere como reserva de contingencia ante posibles crisis cambiarias.
Argentina cerró 2025 con un modelo económico que logró estabilizar la macro mediante un ajuste fiscal inédito y una estrategia cambiaria gradualista. Los resultados en crecimiento y desinflación fueron sólidos. La apuesta geopolítica del Gobierno generó un respaldo externo que funcionó como salvavidas en momentos críticos. Sin embargo, la insuficiente acumulación de reservas mantiene abierta la pregunta sobre la sostenibilidad del esquema ante shocks futuros. El desafío para 2026 —con proyecciones de crecimiento entre 3,5% y 4% e inflación de 18% a 20%— será construir esas reservas de seguridad mientras se sostiene el crecimiento, antes de que la incertidumbre electoral vuelva a poner a prueba la consistencia del programa.
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