Un informe global de la consultora PwC sobre el avance hacia energías limpias ubica al país en el grupo de "alto riesgo y alta recompensa" por su potencial en litio y gas.
Un nuevo estudio de la consultora global PwC analizó cómo avanzan las principales economías del mundo en la transición energética —el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes más limpias como solar, eólica o hidrógeno— y concluyó que Argentina tiene recursos estratégicos valiosos pero enfrenta serios obstáculos para convertirlos en proyectos concretos. El informe evaluó a los 20 países del G20 según 14 variables distribuidas en cinco áreas: progreso en la transición, capacidad de inversión y financiamiento, estabilidad política y económica, recursos disponibles para la transición y ambición de políticas públicas.
El documento, elaborado junto a Oxford Economics y publicado en septiembre de 2025, clasificó a los países en seis grupos según sus capacidades y desafíos. Argentina quedó en la categoría de "alto riesgo, alta recompensa" junto a Brasil y Rusia: naciones con potencial significativo para la transición energética pero que carecen de estabilidad institucional suficiente para atraer las inversiones masivas que necesitan. La paradoja argentina es clara: el país posee litio, cobre, gas natural y territorio para proyectos renovables, pero décadas de volatilidad macroeconómica y cambios regulatorios abruptos alejan a los inversores internacionales.
La demanda global de energía creció un 2,2% en 2024, impulsada por el desarrollo de economías emergentes y la expansión de centros de datos, según la Agencia Internacional de Energía citada en el informe. Este aumento de consumo genera presión adicional sobre los gobiernos para acelerar la transición sin descuidar la seguridad del suministro energético.
El estudio identificó seis grupos con características comunes. Los "extractores avanzados" —Australia, Canadá, Arabia Saudita y Estados Unidos— son economías industrializadas con fuertes lazos históricos con los combustibles fósiles pero también con acceso a financiamiento robusto y recursos naturales abundantes para renovables. Su desafío es diversificar economías profundamente vinculadas al petróleo y el gas.
Los "impulsores de políticas" incluyen a Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, naciones que han invertido fuertemente en tecnologías limpias y cuentan con opinión pública favorable a la transición. Estas economías europeas avanzaron en reducir la intensidad de emisiones, aunque deben equilibrar ese progreso con la necesidad de fortalecer su resiliencia energética de corto plazo.
Un tercer grupo, los "innovadores tecnológicos", agrupa a Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, países líderes en desarrollo de tecnología limpia pero con poblaciones envejecidas que podrían limitar su capacidad de inversión futura. Estos países compensan su escasez de recursos renovables con fuerte inversión en investigación y desarrollo.
Los "países listos para inversión" —México, Sudáfrica y Turquía— tienen estabilidad económica y política razonable pero necesitan atraer capital externo para materializar sus planes energéticos de largo plazo. Cada uno enfrenta desafíos particulares: México carece de recursos naturales más allá de su capacidad solar, Sudáfrica tiene metas ambiciosas pero sufre inestabilidad civil, y Turquía depende de importar los recursos necesarios para su transición.
Los "emergentes dependientes del carbón" —China, India e Indonesia— enfrentan el dilema de sostener su crecimiento industrial sin abandonar la generación eléctrica basada en combustibles fósiles. China lidera este grupo gracias a su riqueza en recursos naturales, inversión en tecnología y capacidad demostrada para manufacturar infraestructura renovable a gran escala.
Finalmente, el grupo de "alto riesgo, alta recompensa" incluye a Argentina, Brasil y Rusia. El informe señala que estos países tienen potencial para jugar un rol importante en la transición energética global, pero carecen de la ambición política consistente y los niveles de estabilidad que los inversores internacionales exigen.
Argentina presenta un perfil energético complejo. El país cuenta con reservas de gas natural de bajo costo en Vaca Muerta, una de las formaciones de shale gas más grandes del mundo, y dispone de extensos territorios para proyectos eólicos y solares. Además, posee yacimientos de minerales críticos como litio y cobre, indispensables para la fabricación de baterías y tecnologías renovables. Sin embargo, la historia reciente de inestabilidad macroeconómica, cambios regulatorios y crisis recurrentes erosionó la confianza de los inversores.
El informe subraya que Argentina atravesó un período prolongado de inestabilidad económica y empresarial que frenó el ingreso de capitales. A diferencia de Brasil, que renovó su compromiso con la protección de la selva amazónica y avanzó en generación renovable y biocombustibles, Argentina aún debe demostrar que su marco legal puede ofrecer garantías consistentes a largo plazo.
Hay entonces un diagnóstico claro: Argentina tiene los activos naturales, pero necesita capital para desarrollarlos. Los proyectos de exportación de GNL desde Vaca Muerta podrían convertir al país en un proveedor energético regional clave, mientras que la extracción de litio en el noroeste argentino ya comenzó, aunque requiere escala y mejoras en infraestructura logística para competir globalmente.
El informe propone que los países del grupo de alto riesgo y alta recompensa se concentren en la seguridad energética doméstica liderada por gobierno y sector privado. Brasil, por ejemplo, innovó al desarrollar una mezcla de combustibles de bajo carbono que incluye biomasa y biocombustibles derivados de procesos industriales existentes, en lugar de depender exclusivamente de nueva generación solar o eólica.
Dado que la confianza de los inversores privados globales es limitada, PwC recomienda que Argentina trabaje con gobiernos internacionales y organismos multilaterales para asegurar apoyo financiero. Esto incluye desarrollar esquemas de financiamiento mixto (blended finance) que combinen capital público y privado para repartir el riesgo y garantizar retornos. Estas estructuras podrían reducir la exposición al riesgo político que históricamente alejó a los fondos de inversión del país.
El documento enfatiza que Argentina debe demostrar que su marco legal y regulatorio se aplica de manera consistente y predecible, de modo que los inversores mantengan control sobre el capital desplegado. Este punto es crítico en un país donde cambios de gobierno implicaron en ocasiones reversiones de políticas energéticas y modificaciones retroactivas en las condiciones de inversión.
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