Se publicó este miércoles en el Boletín Oficial una reglamentación al DNU 70/2023, modificando la normativa de acceso a los mercados aerocomerciales, además de derogar normas y modificar el Código Aeronáutico
A días de la asunción de Federico Sturzenegger al mando del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno Nacional dio a conocer la primera desregulación importante, que si bien no lleva la firma del flamante ministro, su mano estuvo detrás de la redacción del decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Se trata del decreto 599/2024, por el cual el Poder Ejecutivo desregula y moderniza las normativas -entre ellas, el Código Aeronáutico- que rigen el sector aerocomercial, con cambios que afectan al acceso a los mercados aerocomerciales. La medida forma parte de la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia 70 de diciembre de 2023.
Con el decreto, el Gobierno aspira a fomentar la competencia y eliminar trabas que están vigentes desde mediados del siglo pasado. De acuerdo con la información oficial, la medida apunta a las autorizaciones para realizar actividades de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares, realizados con aeronaves; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.
Se trata de una iniciativa que permite que haya más operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio. En la actualidad, Intercargo tiene la exclusividad y algunas aerolíneas, como Flybondi y American Airlines, se autoprestan el servicio.
Ahora, las aerolíneas podrán contratar -previa aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)-, algo que hasta el momento se encontraba limitado.
“La actividad regulada por el presente reglamento se regirá por los siguientes principios: a) Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles. b) Estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores. c) Desregulación tarifaria. d) Resguardo de la seguridad operacional. e) Vigilancia operacional continua de los servicios autorizados. f) Libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada. g) Intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente. h) Transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”, indicó el Gobierno.
A su vez se incluyen “incentivos para la realización de nuevas rutas aerocomerciales y/o para la operación de nuevos transportadores”, el “acceso y asignación justa, con estándares internacionales, de los servicios y espacios comunes aeroportuarios, que permitan la libre competencia”; y el establecimiento de indicadores e índices de monitoreo atendiendo a la eficiencia operacional, la regularidad, la puntualidad y la planificación.
El decreto, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo, instruye a las autoridades competentes para que “garanticen los principios de libre mercado y libre competencia, sujetas a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de un transportador, un operador de servicios aeroportuarios o de rampa en general y/o cualquier otro prestador del sistema de transporte aéreo”.
El Gobierno señaló que la reforma del Código Aeronáutico se aplicará teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, “procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los de los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales”.
Las modificaciones incluyen la reducción de los plazos de los procedimientos con el fin de evitar “dilaciones innecesarias y la duración indeterminada de los procesos, optimizando de esta manera los recursos de los que dispone la administración”. “Los trámites tendientes a reglamentar el acceso de operadores aéreos al mercado argentino deben sujetarse a los requisitos propios y exclusivos de la especificidad de la materia”, planteó el Poder Ejecutivo.
De esta forma, se insistió con la idea de “optimizar la infraestructura disponible” y de “una asignación eficiente de los recursos de forma imparcial, no discriminatoria y transparente”.
“Cielos abiertos y desregulación del transporte aéreo, una nueva realidad”, celebró anoche el vocero presidencial, Manuel Adorni, previo a la oficialización del decreto.
El comunicado del Gobierno que difundió la medida afirma que "las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años. Para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil es necesario actualizarlas. Por eso están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos".
Además, agrega que "se trabajaron en conjunto con empresas del sector, universidades, equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria. El Gobierno Nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses".
Números. Un 50% del parque automotor, es decir 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año, mientras que el 40%, unos 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026.
