El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la reunión de la OEA
En una sesión extraordinaria, la OEA aprobó una resolución para exigir elecciones libres y la liberación de presos políticos en Nicaragua. "La dictadura de Murillo y Ortega no tiene lugar en nuestro hemisferio", dijo el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau.
El anuncio de Daniel Ortega de que excluirá a la oposición de las elecciones en Nicaragua sacudió en julio a la opinión pública internacional. En una sesión extraordinaria en Washington, los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron este viernes una resolución para exigir al país centroamericano comicios libres y la liberación de presos políticos. Estados Unidos, por su parte, apuntó que están "todas las opciones sobre la mesa" para responder al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
"La dictadura de Murillo y Ortega no tiene lugar en nuestro hemisferio", declaró el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en el encuentro de cancilleres de la OEA, en el que denunció que Managua vetó a la nueva embajadora estadounidense en el país, Natasha Franceschi, ratificada el pasado miércoles por el Senado.
Además, acusó a Ortega y Murillo de haber desmantelado la democracia para instaurar una "dinastía" y un "Estado policial" que pone en peligro directo la estabilidad y seguridad regional.
Tras las reunión, el subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el argentino-estadounidense Juan Pablo Segura, dijo que es evidente que el líder nicaragüense "no tiene voluntad de negociar" y citó como ejemplo el caso de la embajadora Franceschi. Para Segura, esto muestra que Managua "no quiere tener un diálogo serio" y contrasta con el esfuerzo de Washington por "mantener un canal diplomático profesional con el país".
En una conferencia de prensa, a la que asistió El Observador USA, saludó la resolución aprobada por la OEA y aseguró que EEUU mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para exigir cuentas a Managua.
"Es momento de ejercer presión y no es nada más de parte de los Estados Unidos, es de cada uno de los países del hemisferio", señaló. "Queremos asegurarnos de que no haya un Estado entre los países de la OEA (…) en el que esta dictadura pueda pasar desapercibida", afirmó.
Los ministros de Relaciones Exteriores y representantes de los 32 países activos de la OEA reunidos en Washington se declararon "profundamente preocupados" por "el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua".
La declaración se dio después del anuncio de julio de Ortega de que "no habrá elecciones" en el país, al que le siguió la reciente aprobación por parte del Parlamento de una reforma constitucional que deja a la oposición fuera del proceso electoral. Managua considera a la oposición como "traidores a la patria", que además están "al servicio" de Washington.
En el encuentro se acordó la creación de un grupo de negociación para buscar un "diálogo rápido y directo con las autoridades" de Nicaragua, y se fijó un plazo de 60 días para que la delegación entregue sus conclusiones.
"Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región", declaró el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recogió la agencia AFP.
La resolución aprobada por unanimidad en el encuentro, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".
El texto también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella.
Las decisiones del gobierno centroamericano "tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región", advirtieron los cancilleres. Brasil y Uruguay objetaron este punto y dejaron constancia de sus reservas.
"La llamada paz por la fuerza, entre comillas, es un lema que puede tener cierta resonancia en determinados círculos", declaró el embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli. Esa "falsa paz" supone "la alienación de la soberanía nacional", denunció.
La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, pero los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana, pese a que Managua abandonó la organización en noviembre de 2023.
"La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", expresó el texto.
Ortega y Murillo gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Después de gobernar Nicaragua en la década de 1980, Ortega volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.
En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta. Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.
La semana pasada, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de utilizar las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población. En su informe La anatomía de la crueldad estatal, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció también al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018.
Entre ellas figuran el general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, exdiputado y fundador del partido YATAMA.
"Aprobar esta resolución por consenso demuestra nuestra resolución para decirle a esta dictadura: 'todos nosotros les estamos vigilando'", declaró Landau en la reunión de cancilleres, en la que se refirió en particular a la muerte de Rivera bajo custodia y la calificó de "terrible tragedia". Además, denunció que sus familiares fueron encarcelados "simplemente por haber pedido que les entregaran su cuerpo".
También hizo referencia a la persecución contra la Iglesia católica, al recordar el exilio forzado de la mitad del episcopado y revalar denuncias de tratos crueles contra las máximas figuras del clero.
En junio, el secretadio de Estado, Marco Rubio, describió a la dictadura Murillo-Ortega como "enemiga de la humanidad", al tiempo que EEUU restringía la visa de 100 funcionarios nicaragüenses tras la muerte del líder opositor Brooklyn Rivera.
Y después de que Ortega hiciera su anuncio sobre las elecciones, Rubio dijo que Washington "no se quedará de brazos cruzados". Para el jefe de la diplomacia estadounidense, esas declaraciones "demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense".
El informe documenta 161 desapariciones forzadas desde 2018, incluidas 29 personas cuyo paradero sigue sin conocerse, y responsabiliza al Estado de ocho muertes bajo custodia.
La Asamblea Legislativa presentó el proyecto de reforma constitucional que votará a principios de septiembre. Las leyes prevén la ampliación del mandato presidencial a siete años y excluyen a los adversarios de Ortega.
El jefe de la diplomacia estadounidense dice que el anuncio "deja al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria" del matrimonio presidencial Ortega-Murillo y llama a comunidad internacional a unirse frente a los ataques contra los "valores democráticos".
Luis Galeano fue detenido por ICE en Orlando. El nicaragüense vive desde 2018 en EEUU, donde solicitó asilo político. Políticos y agrupaciones de periodistas pidieron que se tenga en cuenta su situación de perseguido político.
