Tras presentar su renuncia, el presidente de Paraguay anunció que ejercerá su defensa ante el Senado, que lo citó a comparecer mañana a las 10.
El Senado de Paraguay escuchó este jueves la acusación de los diputados contra el presidente Santiago Peña en el juicio político por el colapso de Ueno Bank, y fijó para este viernes a las 10 la comparecencia del mandatario para que ejerza su derecho a la defensa. Horas antes, Peña había anunciado en la red social X que se presentaría ante el Congreso, en un giro respecto de la renuncia que había entregado esa misma mañana.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió Peña. Y agregó: “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”. El mandatario se comprometió a colaborar con las investigaciones, aunque no admitió responsabilidades: “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”. También pidió que su situación no demore la devolución de los depósitos: “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”.
Durante la sesión, los diputados que integran el equipo acusador expusieron los cargos contra el mandatario, a quien se busca juzgar por su responsabilidad en la crisis de Ueno Bank. El diputado Pedro Gómez cuestionó decisiones vinculadas con los fondos de los trabajadores y atribuyó a Peña haber ordenado cambios en su administración. “El dinero de los trabajadores, que hoy es el tema más importante para nosotros, hay montón de cosas que el presidente de la República, que es el árbitro, dio la orden de cambiar”, afirmó.
Su colega Freddy Franco señaló presuntos vínculos entre el banco y sociedades relacionadas con autoridades. “La empresa Ueno Bank creó varias empresas vinculadas a las autoridades, se turnaban para ser presidente, vicepresidente, síndico”, sostuvo. Se trata de acusaciones que el Senado deberá evaluar.
Tras la exposición, la cámara levantó la sesión. El senador Basilio “Bachi” Núñez se refirió a la convocatoria de Peña y estimó que el proceso podría concluir este mismo viernes, en la misma jornada en que el presidente ejerza su defensa. “Mañana se puede llegar a finiquitar a esta hora, se puede cumpliendo las cinco sesiones”, afirmó, en alusión a los plazos previstos para el procedimiento en el Senado.
La jornada había comenzado con máxima tensión en el Congreso. Una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si se aceptaba la renuncia, se levantó por falta de quorum: tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se votaba, cuando ganaba terreno la postura de rechazar la dimisión. Según un constitucionalista consultado por la agencia AFP y legisladores que hablaron con la prensa local, Peña sigue siendo presidente hasta que se resuelva su situación. El artículo 202 de la Constitución establece que corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la renuncia, y mientras tanto el mandatario conserva sus atribuciones.
La controversia gira en torno a dos mecanismos con consecuencias distintas. El artículo 202 regula la renuncia, mientras que el artículo 225 fija el procedimiento de juicio político, que requiere una acusación de Diputados y una decisión del Senado. La oposición sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, lo que, según sus legisladores, podría complicar eventuales investigaciones judiciales. Por eso denunció un posible pacto de impunidad y reclamó que el proceso llegue hasta la destitución. El oficialismo, en cambio, defendió aceptar la renuncia como una salida institucional para acelerar la sucesión.
Antes, Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación contra Peña, aun después de que este anunciara que dejaría el cargo. La cámara desestimó, en cambio, el pedido contra el vicepresidente, Pedro Alliana, lo que despejó el camino para que asuma la presidencia cuando se formalice la salida de Peña. El mandato concluye en agosto de 2028. El ministro del Interior, Enrique Riera, también presentó su renuncia.
La crisis fracturó además al Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, le retiró su respaldo y apoyó el juicio político. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó en un comunicado. En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el mandatario por posibles responsabilidades en las irregularidades de Ueno Bank, que fue derivada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había crecido aceleradamente desde su transformación en banco, a fines de 2023. La medida implicó la suspensión de sus operaciones y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que generó una situación similar a un corralito financiero.
La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones y la cobertura sanitaria. El BCP justificó su intervención porque el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido y detectó préstamos a empresas del mismo grupo económico que superaban los límites permitidos.
El caso adquirió dimensión política por los vínculos de Peña con Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025. Además, el mandatario designó al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, quien renunció esta semana. El libelo acusatorio fue presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo. “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del juicio político, quien sostuvo que Peña perdió la credibilidad necesaria para gobernar.
El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.700 dólares) y que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, equivalentes a unos 38.000 dólares. Los montos superiores deberán recuperarse durante el proceso de resolución. Ocho directivos y ejecutivos del banco, entre ellos responsables del Grupo Vázquez, fueron detenidos. Durante dos noches, cientos de manifestantes reclamaron en Asunción la devolución de sus ahorros al grito de “Devuelvan nuestra plata” y “Juicio a Santi Peña”, con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El proceso remite al que terminó con la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012: Diputados aprobó la acusación con 76 votos de 80 y, al día siguiente, el Senado lo destituyó por 39 votos contra cuatro, en un trámite de menos de 48 horas que le dio apenas dos horas para preparar su defensa.
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