Santiago Peña dijo que se defenderá en el juicio político y que aportará información sobre el caso Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves por la noche que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa. Es un giro respecto de la decisión que había tomado horas antes, cuando presentó su renuncia ante el Congreso en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank. El mandatario difundió el mensaje en la red social X, poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, convocada para las 19.45, en la que se debía debatir su destitución.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió Peña. Y agregó: “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”.

El jefe de Estado se comprometió a colaborar con las investigaciones, aunque no admitió responsabilidades. “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo. También pidió que el debate sobre su continuidad no demore la devolución de los depósitos a los clientes afectados. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, advirtió. Por último, reclamó calma y dijo que respetará el desenlace institucional: “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”.

Una sesión sin quorum y una disputa constitucional

El mensaje llegó después de una jornada de máxima tensión en el Congreso. Una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si se aceptaba la renuncia, se levantó por falta de quorum. Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se votaba, cuando ganaba terreno la postura de rechazar la dimisión. Según un constitucionalista consultado por la agencia AFP y legisladores que hablaron con la prensa local, Peña sigue siendo presidente hasta que se resuelva su situación. El artículo 202 de la Constitución establece que corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la renuncia, y mientras tanto el mandatario conserva sus atribuciones.

La controversia gira en torno a dos mecanismos con consecuencias distintas. El artículo 202 regula la renuncia, mientras que el artículo 225 fija el procedimiento de juicio político, que requiere una acusación de la Cámara de Diputados y una decisión del Senado. La oposición sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, algo que, según sus legisladores, podría complicar eventuales investigaciones judiciales. Por eso denunció un posible pacto de impunidad y reclamó que el proceso llegue hasta la destitución. El oficialismo, en cambio, defendió la aceptación de la renuncia como una salida institucional para acelerar la sucesión.

Horas antes, Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación contra Peña, aun después de que este anunciara su intención de dejar el cargo. La Cámara desestimó, en cambio, el pedido contra el vicepresidente, Pedro Alliana, lo que despejó el camino para que asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña. El mandato constitucional concluye en agosto de 2028. Además, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su renuncia ante el Congreso.

La crisis también fracturó al Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, le retiró su respaldo y apoyó el juicio político. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó en un comunicado. En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña por posibles responsabilidades en las irregularidades de Ueno Bank, que fue derivada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El colapso de Ueno Bank

El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había crecido aceleradamente desde su transformación en banco, a fines de 2023. La medida implicó la suspensión de sus operaciones, el cierre de sucursales y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que generó una situación similar a un corralito financiero.

La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones y la cobertura sanitaria. El BCP justificó su intervención porque el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. También detectó préstamos a empresas del mismo grupo económico que superaban los límites permitidos.

El caso adquirió dimensión política por los vínculos de Peña con Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025. Además, el presidente había designado al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, quien renunció esta semana. El libelo acusatorio, presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo, plantea posibles conflictos de intereses y cuestiona la actuación del mandatario. Se trata de acusaciones que deberán evaluarse en las instancias correspondientes. “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, del partido Patria Querida y una de las impulsoras del juicio político. Según sostuvo, Peña perdió la credibilidad necesaria para gobernar.

El Gobierno intentó contener el impacto: Peña canceló un viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, promovió cambios en la conducción del BCP y respaldó una ley para acelerar la devolución de los depósitos. El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.700 dólares) y recordó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, equivalentes a unos 38.000 dólares. Los montos superiores deberán recuperarse durante el proceso de resolución. Además, ocho directivos y ejecutivos del banco, entre ellos responsables del Grupo Vázquez, fueron detenidos.

Durante dos noches consecutivas, cientos de manifestantes reclamaron en Asunción la devolución de sus ahorros y responsabilidades políticas al grito de “Devuelvan nuestra plata” y “Juicio a Santi Peña”. Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes.

El antecedente de Fernando Lugo

El proceso contra Peña reavivó el recuerdo de la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012. El exobispo había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda que puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado. Su caída se precipitó tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante un operativo de desalojo de tierras. Diputados aprobó el juicio político por mal desempeño el 21 de junio, con 76 votos de 80, y al día siguiente el Senado lo destituyó por 39 votos contra cuatro, en un procedimiento de menos de 48 horas que le dio apenas dos horas para preparar su defensa. Lo reemplazó su vicepresidente, Federico Franco.

La rapidez del trámite generó cuestionamientos internacionales por las garantías del debido proceso. Varios gobiernos latinoamericanos calificaron la destitución como un golpe de Estado y el Mercosur suspendió temporalmente a Paraguay.