Chubut se convirtió en la primera provincia argentina en eliminar los fueros de funcionarios públicos, incluidos jueces y legisladores. El referéndum provincial realizado el domingo confirmó, con el 63,61% de los votos, la enmienda constitucional impulsada por el gobernador Ignacio Torres, que elimina los artículos 247 y 248 de la Carta Magna provincial.
El resultado, que contó con más de 280 mil votantes, habilita la entrada en vigencia inmediata de la reforma sin necesidad de un nuevo tratamiento parlamentario. Desde ahora, ningún funcionario, magistrado o dirigente sindical contará con inmunidades judiciales o de arresto.
Según informó la revista Quorum, tras conocerse los resultados, el gobernador Torres celebró la decisión popular y la definió como un cambio estructural. “Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios”, afirmó.
El mandatario provincial destacó que el voto a favor representa un consenso social amplio. “Podemos estar orgullosos de ser la primera provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley”, expresó, al remarcar que la eliminación de los fueros fue “una respuesta contundente del pueblo”.
Qué cambia en Chubut con la reforma
La modificación constitucional establece que ya no será necesario un proceso de desafuero ni autorización legislativa para ejecutar una condena judicial contra un funcionario. El texto aprobado suprime los artículos que otorgaban inmunidad de arresto y de proceso penal a los integrantes de los tres poderes del Estado y a los dirigentes gremiales.
El gobierno provincial sostiene que el objetivo es “garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional”. En términos prácticos, la medida implica que los funcionarios podrán ser investigados o detenidos sin intervención de otro poder del Estado, lo que, según el Ejecutivo, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones.
Preocupación del ámbito judicial
La reforma no estuvo exenta de polémica. Días antes del referéndum, distintas organizaciones judiciales -entre ellas la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)– advirtieron sobre los posibles efectos institucionales de la eliminación de los fueros.
La FAM sostuvo que las inmunidades “no son privilegios de la magistratura, sino garantía de independencia judicial”, y alertó que “debilitar a los jueces no es democratizar las instituciones, sino desproteger a los ciudadanos frente a los abusos de poder, la corrupción y la arbitrariedad”.
Por su parte, la FLAM expresó su “preocupación y rechazo” a la iniciativa y advirtió que la medida afecta gravemente la independencia del Poder Judicial. En su comunicado, la federación remarcó que “el fuero de inmunidad no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía de los ciudadanos de contar con jueces idóneos e imparciales”.
Incluso la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, se pronunció en la misma línea. “Los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas y gozar de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales. La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad”, escribió días antes de la votación.
