La Cámara Baja ratificó el tratado entre los dos bloques. El Gobierno busca convertirse en el primer país del Mercosur en ratificarlo, mientras Europa avanza con la aplicación provisional y el Senado argentino se prepara para la votación definitiva.
En un trámite expeditivo y con una mayoría más amplia de la prevista, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el 19 del mes pasado en Asunción. El resultado fue contundente: 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, un número que refleja un respaldo transversal que excedió al oficialismo, y que dividió al kirchnerismo.
La Casa Rosada interpreta la votación no solo como una victoria legislativa sino como una señal política hacia el exterior. El Gobierno aspira a que la Argentina se convierta en el primer país del bloque en ratificar el tratado, con el objetivo de posicionarse mejor en la asignación de cuotas de exportación hacia Europa y mostrarse como un socio confiable en un contexto global marcado por tensiones comerciales y creciente proteccionismo.
El oficialismo logró acelerar el tratamiento tras obtener dictamen favorable en comisión con apoyo de bloques aliados y sectores dialoguistas. La estrategia fue clara: evitar que quedara atrapado en la grieta partidaria. La discusión se centró en el impacto exportador, la inserción internacional y la necesidad de ampliar mercados tras más de una década sin crecimiento sostenido.
En el recinto, el respaldo fue más amplio de lo esperado. Una parte significativa de Unión por la Patria acompañó la iniciativa, argumentando que fortalecerá al Mercosur y ampliará oportunidades para las economías regionales. Desde La Libertad Avanza y el PRO se defendió el tratado como una herramienta para reducir barreras, atraer inversiones y abaratar bienes de capital. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre riesgos para la industria metalmecánica, automotriz y textil, y cuestionaron una apertura que consideran asimétrica.
El acuerdo establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y el 91% de los productos europeos que ingresen al bloque sudamericano. La desgravación será escalonada y diferenciada por sectores, con plazos más extensos para áreas consideradas sensibles.
Además del capítulo comercial, el texto incluye disposiciones sobre servicios, inversiones, compras públicas, reglas de origen y compromisos ambientales y laborales. En el tramo final de la negociación se incorporaron salvaguardas agrícolas que permiten a la UE suspender temporalmente preferencias arancelarias si un aumento de importaciones genera daños severos en mercados internos, junto con cupos específicos para productos sensibles.
En el plano jurídico europeo, la Unión decidió dividir el acuerdo en dos instrumentos. El Interim Trade Agreement (ITA), que contiene el pilar comercial, podrá aplicarse de manera provisional tras la aprobación del Parlamento Europeo. El EU-Mercosur Partnership Agreement (EMPA), que incluye los capítulos políticos y de cooperación, deberá ser ratificado por los 27 parlamentos nacionales. Un eventual rechazo de alguno de ellos abre interrogantes sobre el alcance definitivo del acuerdo, un debate aún abierto entre especialistas en derecho comunitario.
El Consejo Europeo ya aprobó el texto por mayoría cualificada, pese a la oposición de Francia y otros países que cuestionan el impacto en sus sectores agrícolas. Esta semana se formalizaron las salvaguardas exigidas por los gobiernos más reticentes, aprobadas por el Parlamento Europeo, lo que permitió destrabar la votación.
Sin embargo, el proceso no está completamente cerrado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá revisar determinados mecanismos de reequilibrio incluidos en el tratado. Antecedentes similares indican que este tipo de análisis puede extenderse entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, la aplicación provisional del componente comercial podría comenzar antes de que finalicen todas las ratificaciones nacionales.
Brasil, Uruguay y Paraguay ya iniciaron sus respectivos procesos parlamentarios. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva envió el acuerdo al Congreso en la apertura del período legislativo 2026, buscando imprimirle celeridad política al tratamiento. Uruguay también activó su discusión, enviándolo a la Asamblea para su discusión, y aspira a ser el primero en ratificarlo. Paraguay fue el primer socio en formalizar el ingreso del texto al Congreso, en una jugada institucional que busca posicionarlo como pionero en la implementación.
La competencia por la ratificación no es simbólica: las cuotas de exportación comenzarán a agotarse una vez que el acuerdo entre en vigencia, y ningún país quiere quedar relegado en su aprovechamiento.
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto pasará al Senado, donde el oficialismo confía en repetir la mayoría alcanzada en la Cámara Baja. La ratificación fue incorporada como prioridad dentro del temario legislativo de las sesiones extraordinarias y forma parte del núcleo estratégico de la política exterior del Gobierno.
Si el Senado aprueba el tratado en las próximas semanas, la Argentina quedará formalmente alineada con la aplicación provisional del componente comercial con el bloque europeo. Más allá del impacto inmediato en aranceles, la votación consolidaría un giro estructural en la política comercial argentina, alentada por una Europa que, luego de años de trabas internas, tuvo la voluntad política de sellar el acuerdo con el Mercosur.
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