El sector de discapacidad vuelve a encender las alarmas por el Presupuesto 2027.
Se busca que la pensión no contributiva por discapacidad sea incompatible con el empleo formal. Además, se quita la universalidad de los valores en los servicios.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso incorpora un capítulo específico con modificaciones al régimen de discapacidad. Las principales medidas están concentradas entre los artículos 36 y 41, y alcanzan a las pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo formal, el financiamiento de la emergencia y el sistema de prestaciones básicas.
Recién ingresado al Congreso, el boceto de la "ley de leyes" enviado por Javier Milei anticipa un crecimiento del PBI del 4% en 2027, así como también para los dos años siguientes. Una inflación promedio anual de 21,1%. y una de diciembre a diciembre del 18%. El dólar promedio alcanzaría los $1.728, mientras que llegado a diciembre escalaría a $1.847,60. En tanto, el salario promedio crecerá un 25,4%; el consumo privado un 3,4%; y la inversión un 9,2%.
No obstante, pese a las cifras proyectadas, la oposición durante la madrugada de este miércoles (el proyecto ingresó al Palacio Legislativo poco antes de las 23 del martes) se percató de unos detalles en el documento que cambian el régimen del sector de discapacidad. Como está previsto un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto en Diputados este miércoles, se pondrá el grito en el cielo.
El artículo 36 propone modificar el artículo 6° de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 y establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral consistirá en una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por la Ley 24.241. El proyecto vuelve así a utilizar la denominación de “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral” dentro de este régimen.
Pero el cambio central va por otro lado, que preocupa más a los prestadores. El artículo 37 modifica el régimen de compatibilidad laboral previsto en la Ley 27.793 y establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con tener un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado vigente.
La normativa actual marca que un beneficiario puede cobrar este "subsidio" mientras su sueldo sea menor a dos salarios mínimos. El proyecto elimina este esquema: cualquier persona con un vínculo laboral formal, no importa su ingreso, no podrá cobrar el beneficio.
El artículo 38 modifica el número 19 de la Ley 27.793 y establece que los gastos derivados de la emergencia serán afrontados con créditos del Ministerio de Salud, a través de los programas de pensiones no contributivas laborales. También contempla que, si los créditos previstos resultaran insuficientes, el exceso pueda ser cubierto mediante una compensación presupuestaria con partidas de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Las alarmas no se apagan aún, ya que uno de los puntos más relevantes para los prestadores aparece en el artículo 39, que sustituye el artículo 7° bis de la Ley 24.901. El proyecto del Gobierno menciona que el Nomenclador de Prestaciones Básicas dejaría de incluir valores universales, por lo que los precios serían determinados por cada ente obligado en su relación con los respectivos prestadores.
"El nomenclador es la esencia del sistema, nunca había sido modificado. Iguala a todas las personas, sin importar dónde vive ni qué obra social o prepaga tiene. Gracias al sistema de prestaciones únicas reciben la misma prestación de calidad sin importar esa variable", mencionó a El Observador Argentina un transportista del sector. Adelantó que habrán modificaciones y acciones legales.
El Presupuesto 2027 establece que cuando el obligado sea el Estado nacional, los aranceles serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Si esa determinación no se realiza dentro del período establecido, el Ministerio de Salud fijaría los valores tomando como referencia el IPC del INDEC.
Esto representa un cambio respecto de la legislación vigente, que establece que los valores de los aranceles del sistema deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas y actualizados según el mecanismo previsto por la normativa.
El proyecto no dice literalmente que cada obra social o prepaga pueda decidir qué terapia cubrir. Lo que sí establece de manera expresa es que ya no habrá un valor universal que rija el nomenclador, por lo que cada ente obligado determinará los valores en su relación con los prestadores.
Al mismo tiempo, el texto mantiene la obligación de garantizar un “piso mínimo prestacional común”, con estándares de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones. Es decir, hay dos cuestiones diferentes: se descentraliza la determinación de los aranceles, pero el proyecto mantiene un piso mínimo de prestaciones.
El artículo 40 sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478 y establece que el Poder Ejecutivo podrá otorgar una pensión inembargable a personas sin suficientes recursos, mayores de 70 años o “imposibilitadas para trabajar”, según los requisitos que establezca la reglamentación.
Más allá de los cambios normativos, el borrador enviado por el Ejecutivo este martes asigna partidas específicas dentro del Ministerio de Salud para las principales políticas vinculadas con discapacidad. En miras al 2027 contempla:
Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral: $6.094 billones.
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas: $1.165 billones.
Acciones de Integración de Personas con Discapacidad: $7.414 millones.
Prevención y Control de Discapacidades: $8.355 millones.
En conjunto, esas cuatro partidas suman aproximadamente $7,275 billones. El programa de Acciones de Integración de Personas con Discapacidad prevé, entre otras acciones, capacitación, asistencia técnica y subsidios a personas e instituciones. Para 2027 tiene asignados $7.414 millones, de los cuales $6.674 millones corresponden a transferencias al sector privado.
Además, recordaron el repentino rechazo al proyecto anticorrupción del año pasado, que dio rienda suelta a los rumores de un acuerdo entre Casa Rosada y el peronismo misionero.
Argentina iniciará en 2029. El país se comprometió a implementar el Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF) y a iniciar el intercambio automático de información sobre transacciones con criptoactivos entre autoridades tributarias.
Foco en operaciones realizadas en el extranjero. El sistema permitirá que las autoridades fiscales argentinas reciban información sobre transacciones con criptoactivos efectuadas fuera del país, uno de los puntos considerados de mayor riesgo para la ocultación de ingresos y patrimonio.
Se suma a 76 jurisdicciones. Con su incorporación, ya son 77 los países y jurisdicciones que se comprometieron a implementar el CARF y comenzar a intercambiar información de manera automática entre 2027 y 2029.
El objetivo es combatir la evasión y la elusión fiscal. El CARF fue desarrollado por la OCDE junto con los países del G20 para extender al universo cripto los mecanismos internacionales de intercambio de información tributaria.
