14 años del asesinato de Mariano Ferreyra
El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra fue asesinado en una emboscada de la Unión Ferroviaria. Este crimen destapó las complicidades entre gremios, empresarios y el Estado.
Un 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra, un joven militante de 23 años del Partido Obrero, salió de su casa en una mañana soleada de Avellaneda sin saber que no volvería. Ese día, junto a un grupo de compañeros, se dirigió a la estación del Ferrocarril Roca para acompañar una protesta de trabajadores tercerizados. Estos obreros, contratados por empresas subcontratistas, cobraban sueldos muy por debajo de los establecidos por los convenios colectivos y carecían de los derechos básicos que sí tenían los empleados de planta.
El reclamo de los tercerizados era concreto: exigían el pase a planta permanente para terminar con la precarización laboral que los afectaba, trabajando las mismas horas y en las mismas condiciones que los efectivos, pero cobrando un tercio de lo que correspondía y sin acceso a beneficios como la obra social o la estabilidad laboral.
El conflicto venía de años de reclamos, y esa mañana parecía que los manifestantes lograrían visibilizar su lucha. Pero lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en una emboscada mortal.
Desde las primeras horas del día, el clima de tensión fue en aumento. Un primer enfrentamiento ocurrió alrededor de las once de la mañana, cuando la patota sindical, compuesta por miembros de la Unión Ferroviaria y barrabravas de equipos de fútbol, arrojaba piedras desde el terraplén hacia los manifestantes. Entre ellos, varios llevaban puestos uniformes de trabajo, mientras gritaban amenazas e insultos. Ante la violencia, los manifestantes decidieron replegarse hacia Barracas, cruzando el Puente Viejo. Ahí, en las calles Pedro de Luján y Perdriel, todo tomaría un giro fatal.
Pasado el mediodía, la patota volvió a atacar, esta vez con más virulencia. Entre los agresores, se destacaba Cristian Favale, un barrabrava que había sido convocado para reforzar el ataque. La orden fue dada por Pablo Díaz, jefe sindical de la Línea Roca, que en todo momento coordinaba los movimientos. En ese instante, Mariano Ferreyra, junto con otros compañeros, formó un cordón de seguridad para que los demás manifestantes pudieran retirarse de manera segura. Pero la brutalidad de la patota se desató con armas de fuego. Favale, apoyando una rodilla en el suelo, disparó. Mariano fue alcanzado por una de las balas y cayó herido de muerte. A su lado, Elsa Rodríguez fue gravemente herida y quedó parapléjica de por vida.
El asesinato de Mariano Ferreyra no fue un hecho aislado de violencia sindical. La investigación judicial reveló una trama oscura de complicidades que incluía a la burocracia sindical, encabezada por José Pedraza, y la pasividad –si no complicidad– de las fuerzas de seguridad. La Policía Federal y la Bonaerense, presentes durante el ataque, liberaron la zona para que la patota pudiera actuar con total impunidad.
El Partido Obrero, junto con otras organizaciones políticas y sindicales, no tardó en denunciar lo que había ocurrido: el asesinato de Mariano no solo era la consecuencia de un conflicto sindical, sino de un sistema de tercerización laboral que contaba con la protección del poder político y económico. El gobierno de Cristina Kirchner, que en un primer momento se mantuvo distante del caso, fue señalado por su relación con Pedraza, un dirigente sindical que había sostenido vínculos estrechos con la administración kirchnerista.
Poco después, el 6 de diciembre de 2010, Cristina recibió en su despacho de la Casa Rosada a la madre de Mariano, Beatriz Rial, junto con sus hermanos Ricardo, Pablo y Rocío. Este encuentro ocurrió tras el reclamo del Partido Obrero para que la mandataria se reuniera con la familia del joven asesinado. Aunque no se divulgaron detalles sobre lo conversado, este gesto fue interpretado como un intento de acercamiento del gobierno a los familiares, en medio de las fuertes críticas por la relación del oficialismo con el sindicalista Pedraza.
José Pedraza fue detenido meses después, en febrero de 2011, en un lujoso departamento en Puerto Madero valuado en un millón de dólares. Allí se encontraron armas de fuego, documentación que probaba su participación en el negocio de las tercerizaciones ferroviarias y folletos de la cooperativa Unión del Mercosur, que era parte del sistema que mantenía a los trabajadores bajo condiciones precarias. Este hallazgo no hizo más que confirmar las denuncias: Pedraza, lejos de ser un defensor de los derechos de los trabajadores, había creado un esquema que lo beneficiaba personalmente.
El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra comenzó en agosto de 2012 y culminó en abril de 2013 con un fallo histórico que marcó un precedente en la Justicia argentina. Por primera vez, se condenaba a los autores intelectuales de un crimen político. José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos de la cúpula de la Unión Ferroviaria, fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes necesarios del asesinato. Los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, que dispararon contra los manifestantes, recibieron 18 años de prisión como autores materiales del crimen.
Pero las condenas no se limitaron a los agresores directos. El juicio también destapó la complicidad de las fuerzas de seguridad. Varios comisarios de la Policía Federal fueron condenados por su responsabilidad al liberar la zona para que la patota actuara sin impedimentos. Este fallo dejó en claro que la violencia sindical y la represión a los trabajadores no hubieran sido posibles sin la connivencia de sectores del Estado.
Las escuchas telefónicas utilizadas durante el juicio revelaron conversaciones entre Pedraza y altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Trabajo Carlos Tomada y la viceministra Noemí Rial, quienes discutían cómo manejar políticamente el conflicto con los tercerizados. Incluso se comprobó que Pedraza había ayudado a conseguir abogado para Favale, el barrabrava que disparó contra Mariano. Estas revelaciones demostraron la profundidad de los vínculos entre la burocracia sindical, el poder político y el entramado empresarial que sostenía la tercerización laboral.
El legado de Mariano Ferreyra ha trascendido como un símbolo de las luchas sociales en Argentina, particularmente en la defensa de los derechos laborales y contra la precarización. Su muerte evidenció no solo la violencia sindical, sino también la complicidad entre sectores del sindicalismo y el Estado, lo que permitió que situaciones de injusticia y represión perduraran.
A más de una década de su asesinato, su figura sigue siendo un referente para quienes abogan por la mejora de las condiciones laborales y la promoción de la justicia social en el país.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
