Santiago Caputo en uno de los palcos de la Cámara de Diputados de la Nación.
La Libertad Avanza cree tener los números suficientes, pero algunos de sus aliados aún no definieron cuál será su voto.
El empoderamiento libertario dentro del Congreso podría garantizarle el Gobierno apoyo suficiente para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 que reformula la Ley de Inteligencia. Sin embargo, en los pasillos del Palacio Legislativo no se olvidan de las peleas pasadas y advierten "que ya no la tienen tan sencilla", por lo que Casa Rosada envió a sus peones a timbrear despachos y levantar teléfonos para consolidar a sus aliados.
Los diputados Esteban Paulón, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro fueron los primeros en advertir sobre este decreto, que se difundió poco antes de que salga publicado en el Boletín Oficial. El mismo incorpora más discrecionalidad y suma el artículo 2 bis: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
El Gobierno estableció mediante un DNU la reestructuración integral de la SIDE. Si bien le quita algunas áreas, se refuerza la capacidad de influencia y de control. Desde ahora todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas "encubiertas" y se autoriza a los agentes de inteligencia a "aprehender" personas en casos de flagrancia o por orden judicial.
Los legisladores Paulón, Frade y Ferraro presentaron un amparo y solicitaron a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de los efectos de este decreto y declare su inconstitucionalidad.
Según los diputados del interbloque Unidos, esto habilitaría a la persecución de políticos y periodistas. Además, manifestaron que el decreto viola la autonomía y las facultades parlamentarias previstas en el artículo 75 y en el 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. También tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional.
Esteban Paulón denunció: "El DNU 941/25 modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei. Todo eso sin pasar por el Congreso y sin participación de la Comisión Bicameral". La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional".
Entre medio, el exgobernador de Chaco y actual senador, Jorge Capitanich, presentó un proyecto para anular por ley el DNU. "Es inconstitucional, discrecional y peligroso ya que consolida la lógica del enemigo, habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas -prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó-", manifestó desde sus redes.
Además, un grupo de dirigentes que ocupaba lugares en el gobierno de Raúl Alfonsín presentó otro recurso de amparo ante la justicia a fin de pedir la suspensión inmediata de los artículos del decreto del Gobierno. Se trató de Leopoldo Moreau, Miguel Ángel Pierri y los dirigentes radicales Federico Storani, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín, Ricardo Terrile y Ricardo Alfonsín
El peronismo de ambas Cámaras (sobre todo de la baja) exigió que se sume este DNU al temario de las sesiones extraordinarias que habrán en febrero, cuyo llamado aún no se oficializó. La idea es llevarlo al recinto lo antes posible y tirarlo abajo.
No obstante, desde La Libertad Avanza explicaron que el DNU debe pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo, la cual no está conformada aún por el recambio parlamentario. Para ello, se debe llamar a la sesión preparatoria y eso será recién el 23 de febrero.
Llegado el momento, ¿el Gobierno tendrá el apoyo necesario para blindar el DNU? Su principal aliado, el PRO, no rechazó de entrada la iniciativa y el bloque de Diputados consideró: "La modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos. Entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino".
"La Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001. Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo -junto con sus amenazas y desafíos- ha cambiado de forma radical. La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional", manifiestan los legisladores.
Sin embargo, tampoco garantizan su apoyo y aguardarán al dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria. Diputados y senadores amarillos dialogan entre sí para enfrentar una postura dentro del recinto, que parecería ir más por el sí que por el no, incluso pese a las tensiones que todo el partido teje con el Gobierno.
La UCR de ambos cuerpos mantiene en incógnita su postura y no descarta posibles divisiones en sus eventuales votos. Los gobernadores influirán en los votos de sus legisladores, lo que podría garantizarle un buen apoyo al Gobierno en las dos Cámaras. De todos modos, desde las esferas nacionales del partido no están demasiado convencidos de acompañar esta iniciativa y en los próximos días podrían enviar un mensaje al resto de los radicales.
El interbloque Unidos (que concentra a Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal) de Diputados se muestra reacio a este decreto y apuesta a la negativa, como Unión por la Patria. Quienes componen el bloque de Innovación Federal adoptaron el silencio y descansan en las negociaciones de sus gobernadores: sus miembros responden a Misiones y Salta, cada vez más cercanos a Rosada.
Al disolver la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica, que estaba bajo el ala del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -a cargo de Santiago Caputo- queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional. Además, se habilita a los organismos de esta área a cumplir funciones policiales en el marco de investigaciones judiciales, criminales o de interés de la inteligencia nacional.
El Gobierno insiste en que el objetivo es tener un sistema de inteligencia “moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”. Al unificar más funciones dentro de la SIDE, en base a lo que marca el DNU, se actúa de forma más rápida y coordinada.
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