La CGT explora diferentes caminos para enfrentar la reforma laboral.
Más allá de las declaraciones púbicas y de los posibles escenarios que incluyen medidas de fuerza, la central obrera retoma el diálogo con el Gobierno de cara al debate por la modificación la regulación laboral.
Golpear la mesa para después negociar. El ADN de la CGT no se modifica. El modo de dar batallas y encarar negociaciones convive con una interna eterna. El escenario que se dibuja en el universo sindical ante la reforma laboral que plantea Javier Milei no es una novedad.
Si bien la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que le texto de la reforma laboral enviado por el Ejecutivo sufrirá modificaciones, el sector más combativo desconfía. En el histórico edificio de Azopardo el núcleo más combativo de la CGT sostiene que el Gobierno está al borde de conseguir las voluntades para avanzar con el proyecto.
En ese marco, la disputa interna de la CGT vuelva a aflorar. Por ahora, el triunvirato que conduce la CGT y que integran Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola diseña un plan de acción que combina el endurecimiento del discurso público con negociaciones reservadas en los pasillos de la Casa Rosada.
A primera vista el cambio con la conducción saliente sería meramente cosmético. Algo que no cae bien en el sector más combativo que sostiene la necesidad de endurecer las posturas en el segundo tramo de la gestión que lleva adelante Javier Milei.
Está claro que en el ámbito público, los secretarios generales de la central obrera sostienen un enfrentamiento total contra las políticas de Javier Milei. Las declaraciones incluyen cuestionamientos, amenazas de paro general para el día del tratamiento de la ley. Sin embargo, la realidad puertas adentro del poder exhibe un matiz distinto. Representantes de la central sindical mantienen un diálogo cotidiano con algunos de los funcionarios más cercanos al presidente.
La intención es la depuración del texto original. La búsqueda primitiva es desactivar los artículos que amenazan la supervivencia del modelo sindical argentino y los derechos colectivos. A esta hora, como en inicio de las negociaciones la figura de Federico Sturzenegger surge como el obstáculo principal. El sector gremial identifica al ministro como el autor de los puntos más conflictivos de la reforma.
La preocupación mayor de Azopardo reside en el desfinanciamiento de las estructuras sindicales. El proyecto oficial introduce trabas al cobro de las cuotas de afiliación y las cuotas solidarias. El texto obliga a los gremios a pactar cada año estas retenciones, lo que limita la "ultraactividad" de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos.
Además, la reforma elimina la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención de estas cuotas. Para la CGT, este cambio genera demoras y dificultades administrativas que impactan directamente en su recaudación y, por lo tanto, en el servicio a los afiliados. En ese marco, si bien desde el Gobierno le hicieron un guiño a la dirigencia sindical y se mostraron proclives a retirar del proyecto los artículos que planteaban la eliminación total de la obligatoriedad de las cuotas, el proyecto definitivo mantiene mecanismos que erosionan la caja gremial.
Otro eje de conflicto central afecta el ejercicio de la huelga. El Gobierno propone una ampliación del listado de "actividades esenciales" y de "importancia trascendental". Bajo esta normativa, los sindicatos deben garantizar un servicio mínimo del 75% en áreas como la docencia y del 50% en casi todos los demás servicios públicos. Esta medida reduce de forma drástica la capacidad de presión del movimiento obrero organizado.
Asimismo, la central obrera rechaza de forma innegociable la primacía de los convenios por empresa por sobre los convenios de actividad. La CGT considera que este punto destruye la base de la negociación colectiva nacional.
La CGT traslada el centro de gravedad de su lobby hacia las provincias. En las últimas semanas, los embajadores de Azopardo mantuvieron encuentros formales e informales con casi todos los mandatarios provinciales.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó un desafío directo a la central obrera durante estas reuniones. Él exige una contrapropuesta clara en lugar de un rechazo total. Por otro lado, Axel Kicillof visitó la sede de la CGT para coordinar una estrategia común contra la reforma. La central busca el compromiso de los gobernadores peronistas, incluso de aquellos que acompañaron el Presupuesto 2026, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). La expectativa gremial reside en que estos líderes no asuman el costo político de una reforma laboral con alta carga simbólica.
La estrategia de "reducción de daños" no genera consenso unánime dentro de la CGT. Un ala dura, que incluye a Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (Bancarios) y Hugo Yasky (CTA), exige el abandono de las negociaciones con la Casa Rosada y la convocatoria inmediata a un paro nacional. Estos dirigentes cuestionan la lógica de conversar con quien consideran su "verdugo" y apuestan por el endurecimiento absoluto de las medidas de fuerza.
Lo cierto es que pese a las conversaciones informales, la CGT no logró que le Gobierno convoque formalmente a una mesa de diálogo. Por lo cual la pulseada que lleva a cabo al CGT depende en buena parte de la suerte que corra la interna que se juega puertas adentro de Balcarce 50.
La cuenta regresiva rumbo al 10 de febrero, fecha en que el oficialismo volvería a poner en marcha el debate parlamentario, está en marcha. Todos cuentan votos y buscan alfiles que puedan definir el destino del proyecto del Ejecutivo. En ese marco, el rol de los gobernadores volverá a ser clave para lo que suceda puertas adentro del Congreso más allá del poder de fuego que pueda ostentar la CGT.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
