El Gobierno consideró como "electoralista" a la marcha universitaria, pero convocará al dialogo

El Gobierno no acusó recibo de la marcha federal universitaria, consideró que se trató de una manifestación "electoralista", con "mayor presencia de partidos políticos que de estudiantes" y puso en duda de dónde salieron los fondos para montar el escenario central. La administración de Javier Milei, no obstante, convocó a las casas de estudio.

"No fue una movilización de estudiantes, sino de partidos políticos en clave electoral. Están pensado en las elecciones del año que viene, no en la educación. Fue totalmente electoralista", le dijo a El Observador una fuente que tiene acceso constante al despacho presidencial. Sin embargo, una vez finalizada la movilización la Casa Rosada reforzó la convocatoria a las universidades para discutir el financiamiento junto con la situación de los diferentes hospitales escuelas.

El Gobierno le bajó el precio a la marcha universitaria pero convocó a las casas de estudio

El Gobierno no quiere aparecer cerrado al diálogo, pero tampoco está dispuesto a ceder en el relato. La instrucción interna es mostrar voluntad de negociación sin abandonar la idea de que detrás del reclamo universitario hay una estrategia de desgaste contra La Libertad Avanza. “Hay actores que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria”, repiten en Balcarce 50. Esa es la línea que sostendrá el oficialismo después de la movilización. En el Gobierno apuntan contra la participación de sindicatos, organizaciones sociales, partidos opositores y dirigentes provinciales. Creen que esa presencia les permite separar el reclamo educativo de la utilización política de la calle.

La Casa Rosada ya empezó a preparar ese terreno en la previa de la marcha. El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salieron a cuestionar el funcionamiento del sistema universitario. El foco estuvo puesto en cuánto cuesta graduar a un alumno, cuántos estudiantes son regulares y cómo se reparten los fondos públicos.

Javier Milei siguió la marcha universitaria desde Olivos

El mensaje oficial fue claro: el problema, para el Gobierno, no es solo cuánto dinero reciben las universidades, sino quién administra esos recursos y con qué controles. El punto más sensible aparece en los hospitales universitarios. El Gobierno avanzó en la creación de una comisión con los rectores de las universidades que tienen hospitales a su cargo. La decisión llegó después de que la UBA reclamara fondos para sostener sus centros de salud y advirtiera sobre dificultades para funcionar desde junio.

En Capital Humano sostienen que esa discusión no puede resolverse solo con la UBA. Según la explicación oficial, existe una partida específica para hospitales universitarios de $79.763 millones anuales y la Universidad de Buenos Aires pidió más de $75.000 millones. En el Gobierno afirman que, si aceptaran ese reclamo, quedaría muy poco margen para el resto de las universidades con hospitales.

El Gobierno busca salir del conflicto con las universidades

Por eso, la comisión buscará definir nuevos criterios de reparto. La Casa Rosada quiere evitar una negociación bilateral con la UBA y llevar el tema a una mesa más amplia. El argumento es presupuestario, pero también político: el Gobierno acusa a la universidad porteña de haber concentrado históricamente la mayor parte de los recursos.

La convocatoria a las universidades seguirá la misma lógica. Habrá mesa de diálogo, pero no cheque en blanco. La administración libertaria quiere discutir salarios, funcionamiento y partidas, aunque con auditorías y datos abiertos como condición central. Ese esquema no desactiva el conflicto. Más bien lo ordena. En el Gobierno creen que la pelea con las universidades puede ser parte de una discusión más amplia contra lo que definen como privilegios, falta de transparencia y uso político de fondos públicos.

En el oficialismo reconocen que existe atraso salarial entre docentes y no docentes, pero sostienen que los gremios rechazaron las propuestas del Poder Ejecutivo. También insisten en que la Ley de Financiamiento Universitario no puede aplicarse porque, según la lectura oficial, implicaría un gasto que el Estado no puede afrontar.

Álvarez fue uno de los funcionarios que endureció esa postura. “Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso. Es una cosa única en la jurisprudencia. No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias.

La interna entre los diferentes sectores de LLA también se hizo presente. Es que la imagen de la Plaza de Mayo fue una muestra más de la pelea que está desatada desde hace meses en la Casa Rosada. Un sector del Gobierno buscó, a principio de año, entablar dialogo con las casas de estudio para llevar adelante una nueva ley de financiamiento universitario para destrabar el conflicto. En contraposición, el otro sector sostuvo que podía conseguir un fallo judicial favorable. Esto finalmente no ocurrió.

"La foto de hoy de la Plaza de Mayo es también una imagen de nuestra impericia. Hay que hacer autocrítica", se sinceró ante este medio un miembro del Gabinete.