La operación se centra en reforzar la seguridad y el control de las fronteras en las zonas del norte y noreste de la provincia de Salta. La vigilancia y el control estarán a cargo de las Fuerzas Armadas, que se coordinarán con las fuerzas de seguridad provinciales y federales.
Se llevará a cabo en zonas rurales, fuera de los pasos fronterizos habilitados y áreas urbanas. La medida abarca la utilización de tecnología avanzada como drones, radares móviles y aviones para monitorear las áreas.
La operación está respaldada por varias normativas como la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y el Decreto-Ley N.º 15.385/44, lo que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en zonas de seguridad fronteriza.
Contexto
El Ministerio de Defensa de la Nación aprobó la Resolución 727/2025, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, que da inicio a la "Operación Presidente Julio Argentino Roca". El despliegue de las Fuerzas Armadas comenzará el 27 de agosto de 2025, con la misión de reforzar la seguridad en las fronteras del norte y noreste de Salta. Esta operación se desarrollará en áreas rurales y en zonas no habilitadas como pasos fronterizos, priorizando tareas de vigilancia y control.
La operación se enmarca dentro de la Resolución 347/2025, que establece las reglas operativas y la coordinación entre las distintas fuerzas, tanto nacionales como provinciales. Para ello, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional crearon una mesa de coordinación interministerial para establecer los lineamientos operativos y las áreas de actuación.
El ministro de Defensa, Luis Petri, justificó la medida, señalando que las Fuerzas Armadas tienen la autorización legal para reforzar el control de las fronteras. "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y delincuentes violentos. Elijan de qué lado van a estar", afirmó, en referencia a las críticas recibidas.
La operación no solo apunta a aumentar la seguridad en la zona, sino también a contribuir con la demarcación de los límites internacionales del país. Las Fuerzas Armadas estarán operando bajo un sistema de registros que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la misión. Este sistema será gestionado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la colaboración de la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa.
Un aspecto relevante es que el despliegue contará con el uso de tecnología avanzada, como drones, radares móviles, helicópteros y un avión Diamond, destinado a relevamientos aéreos. Además, en la fase inicial se concentrará en la provincia de Salta, en áreas previamente delimitadas como zona de seguridad fronteriza.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respaldó la operación, destacando la importancia de reforzar la presencia del Estado en las áreas más críticas, como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, zonas estratégicas en la frontera con Bolivia.
Cómo sigue
El despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco de la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" continuará en las próximas semanas, con énfasis en el monitoreo y control de las zonas de seguridad fronteriza de Salta. Se espera que las tareas de vigilancia se intensifiquen conforme avance la operación, y se mantendrá la coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad federales.
El Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25, encargado de coordinar el despliegue, también asegurará la conexión con las fuerzas provinciales para garantizar que las acciones estén alineadas con los objetivos estratégicos de la operación. Además, el sistema de registro creado permitirá evaluar el impacto de la medida en tiempo real.
El plan estará en ejecución hasta mediados de diciembre de 2025, pero podría haber nuevas resoluciones o extensiones si se consideran necesarias para cumplir con los objetivos establecidos por el Ministerio de Defensa.
Revisión de la exclusión de querellantes. La Sala II de la Cámara de Casación, con los votos de Angela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, revisará la pérdida de la condición de querellantes de siete inversores. La decisión del juez Martínez de Giorgi se había apoyado en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, para quien los inversores asumieron un riesgo pero no fueron estafados.
Cómo perdieron esa condición. Dos de ellos, Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, habían sido rechazados como querellantes, algo confirmado por la Cámara Federal. Los demás (Marchetto, Vega, Paris, Quintero y Romeo) la perdieron tras una excepción de falta de acción planteada por la defensa del broker Mauricio Novelli.
El sobreseimiento de los Milei. Taiano consideró que no hubo delito en la caída del token, que fue una inversión volátil y que los inversores fueron víctimas del mercado. Sobre esa base sobreseyó al Presidente y a su hermana Karina, además de Novelli, Hayden Davis y otros involucrados.
La oposición de la PIA. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas se opuso al sobreseimiento ante el Juzgado 8, que subroga Daniel Rafecas hasta el viernes. Sostuvo que faltan pruebas por producir, que los peritajes de trazabilidad de fondos no pudieron completarse por falta de herramientas informáticas y que el token fue presentado de forma engañosa, usando la imagen del Presidente para generar confianza.
Agenda cargada y prórroga a la vista. Ante el inminente fin de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre, el Poder Ejecutivo planea convocar a extraordinarias para tratar temas urgentes como el Presupuesto 2027, la ley de discapacidad, la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Tensiones y trabas por el Presupuesto. El proyecto se complicó en Diputados por una nueva exigencia del PRO y la UCR para bajar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), sumado al malestar de intendentes y gobernadores del interior por el reparto de subsidios al transporte respecto al AMBA.
Foco inmediato en el Senado. La Cámara alta buscará dictaminar este miércoles el proyecto de discapacidad para votarlo el 19 de noviembre, mientras permanecen trabadas iniciativas como la reforma política o aquella sobre la propiedad privada (que repone la Ley de Tierras).
Presión de los bloques aliados. La oposición dialoguista condiciona las negociaciones parlamentarias al avance de proyectos propios, entre ellos el régimen RIIR (UCR), la penalización del vandalismo rural (PRO), la regulación del mercado de carbono (Royón) y la reforma de la Ley de Cabotaje (gobernadores).
La medida. Fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el Gobierno entiende que las pymes tienen un problema financiero y tienen un problema con los embargos.
Problema heredado. "Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, dijo Caputo.
El objetivo. La decisión busca darle margen a las empresas para regularizar su situación financiera
Otro anuncio. Además, adelantó que el Gobierno le propondrá a las provincias y a CABA la eliminación del impuesto a los sellos.
