La CGT convocó a un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral cuando se vote en Diputados
La central obrera logró la adhesión clave de la UTA y descartó una movilización al Congreso; será el cuarto paro contra Milei.
La central obrera logró la adhesión clave de la UTA y descartó una movilización al Congreso; será el cuarto paro contra Milei.
Aunque la idea inicial de la mayoría de la CGT era mantener una estrategia moderada y buscar más cambios en la reforma laboral o trabar su tratamiento legislativo, su decisión de acelerar un paro general obedeció a que el triunvirato cegetista consideró que no había espacio para negociaciones por la presión de diversos sectores sindicales y la fuerte polémica por el artículo que reduce el pago de los sueldos en casos de licencias médicas.
En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.
La adhesión de la UTA era clave porque este sindicato ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, suele ser renuente a sumarse a los paros generales, como sucedió el 10 de abril pasado, cuando no adhirió a la huelga de la CGT con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.
Uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa. "Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida", anticiparon desde el gremio de colectiveros.
La adhesión de este gremio estratégico del transporte refuerza la expectativa de un fuerte impacto nacional de la nueva huelga general de la CGT, que se hará este jueves, en que podría sesionar Diputados, o el miércoles 25 si el oficialismo tiene que negociar entre sus legisladores aliados para la sanción de la reforma laboral.
El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
Aunque la CGT logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, el malestar sindical se agravó tras la aprobación en la Cámara Alta del artículo 44, que cercena el derecho a percibir el 100% del salario por enfermedad o accidente no asociado a la actividad laboral.
Según el texto, los afectados percibirán un 50% del salario, con opción a un 75% si la situación no obedece a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, nunca formó parte del debate original y desató fuertes críticas dentro y fuera de la central obrera.
"Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron", dijo un dirigente dialoguista de la CGT, quien remarcó las internas dentro del oficialismo por la inesperada incorporación de esa cláusula.
En el Gobierno reconocen el desacuerdo y evalúan alternativas, como una corrección posterior mediante el decreto reglamentario de la ley para evitar que ese punto comprometa la sanción veloz que busca la administración Milei.
Patricia Bullrich, jefa de senadores de los libertarios, justificó el cambio: "Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso", señaló a TN, aunque dejó abierta la puerta para garantizar el salario pleno a quienes sufran enfermedades graves.
La estrategia judicial está sobre la mesa de la CGT. En un documento interno, la central obrera advirtió que se opone a la reforma laboral en su conjunto porque la considera "contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional".
El texto enfatiza: "Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo", y advierte que la iniciativa oficial vulnera los principios de progresividad y no regresión. Además, señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige un esquema tripartito para llevar adelante la definición de una reforma laboral, lo que no ocurrió en este caso, y anticipa una pelea en los tribunales si la ley se aprueba.
El rechazo de la CGT excede el artículo 44 y se extiende a las restricciones sobre la huelga en servicios esenciales, cambios en las indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales, entre otros puntos de la reforma laboral.
La reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA— reclama medidas aún más drásticas y ya había anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la reforma laboral.
El paro general de 24 horas se realizará cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, lo que podría ocurrir este jueves o el miércoles 25 si el oficialismo necesita negociar con sus legisladores aliados. El triunvirato de la CGT concurrirá este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto aprobado en el Senado. El Gobierno evalúa alternativas para corregir el polémico artículo 44 mediante el decreto reglamentario de la ley. La CGT anticipa una pelea judicial si la reforma se aprueba, argumentando que vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales, y que no se cumplió con el esquema tripartito que exige la OIT.
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