La mesa política de La Libertad Avanza sigue dividida en la negociación con los gobernadores

La mesa política de La Libertad Avanza (LLA) no llegó a un acuerdo en cuento a la contraoferta para los gobernadores en la búsqueda de aprobar la reforma laboral en el Senado. Un sector del oficialismo ve con buenos ojos una compensación para los mandatarios mientras que el otro quiere todo igual. Crece el malestar por la falta de avances.

Desde las 10 estuvieron reunidos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; el estratega de LLA, Santiago Caputo; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A ellos se les sumó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

La Libertad Avanza sin acuerdo por la reforma laboral

Fue la primera reunión del año y el diagnóstico quedó expuesto rápido: el oficialismo sigue sin una salida limpia para resolver la encrucijada central de la negociación con gobernadores y bloques dialoguistas en el Senado. La reforma laboral está “en condiciones políticas” de avanzar, pero no en condiciones numéricas. Y el freno, según reconstruyó El Observador, no pasa por la letra gruesa del proyecto sino por dos artículos del dictamen que se volvieron tóxicos para los aliados provinciales.

El primer punto de conflicto es el artículo 191, que propone bajar alícuotas del impuesto a las Ganancias para los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1° de enero de 2026: donde hoy dice 30% pasaría a 27%, y donde dice 35% bajaría a 31,5%. En la mesa lo explicaron sin eufemismos: los gobernadores y los senadores dialoguistas lo leen como una reducción de recaudación con impacto directo en la coparticipación y, por lo tanto, en las cuentas provinciales en un año que ya llega con márgenes estrechos y paritarias calientes.

Los gobernadores reclaman más fondos

El segundo nudo es el artículo 212, aún más sensible por su forma que por su contenido: establece que un paquete de beneficios e incentivos impositivos —incluidos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y cambios tributarios varios— entrará en vigencia “cuando así lo disponga el Ministerio de Economía” en función de “las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Traducido a lenguaje político: discrecionalidad. Los dialoguistas lo ven como una llave en manos de Hacienda para prender y apagar exenciones según el humor de la caja, y los gobernadores sospechan que, si el costo político queda del lado de ellos, el beneficio real queda sujeto a una decisión administrativa del Ejecutivo.

Ahí se abrió la grieta interna. Por un lado, el sector más político —que en la reunión encarnaron Santilli y Santiago Caputo— insistió en que la única forma de sacar la reforma laboral “ya” es ofreciendo una compensación económica a las provincias y aceptando retoques que permitan juntar votos sin estirar la negociación hasta marzo. En ese esquema, la prioridad es aprobar: ajustar el texto para que pase el Senado y evitar que la reforma se convierta en un test de fuerza que el Gobierno no está en condiciones de ganar.

Las dos posturas dentro del Gobierno que frenan la negociación por la reforma laboral

En la vereda de enfrente se paró el ala más dura, donde se alinearon Karina Milei, Patricia Bullrich y Manuel Adorni. El argumento, repetido como mantra, es que “la recaudación que pierden la van a recuperar por el aumento de actividad”. Para ese grupo, ceder en los artículos sería regalar la narrativa de que el Gobierno negocia con los gobernadores a cambio de plata. Y, dentro de los dos puntos objetados, consideran que el 212 es el que debería salir primero: no sólo porque ordena la discusión alrededor del equilibrio fiscal, sino porque suena a habilitación “a dedo” y complica el discurso de reglas claras. El ministro de Economía, por su parte, no quiere ceder en ninguno de los puntos.

El apuro por las extraordinarias.

El resultado fue el esperado: sin acuerdo. La mesa política terminó pateando la definición hacia una nueva ronda con gobernadores y senadores dialoguistas, pero con una certeza operativa: el Ejecutivo va a ordenar las extraordinarias para que el Congreso no se disperse. Según lo definido este viernes, las sesiones extraordinarias se convocarán durante todo febrero a partir del 2 y el temario quedará acotado a dos asuntos: la reforma laboral y la modificación a la ley de glaciares. El decreto, anticiparon, se publicará “en los próximos días”.

La decisión de achicar el temario tiene un objetivo transparente: evitar que el Senado se convierta en un bazar de pedidos provinciales y proyectos laterales mientras el Gobierno necesita una victoria concreta para sostener el primer semestre. Pero también desnuda la fragilidad del momento: la Casa Rosada quiere que febrero sea un mes de avance legislativo, aunque la mesa política todavía no pudo resolver qué está dispuesta a ceder —y a quién— para que la reforma laboral salga del laberinto de los artículos 191 y 212 sin pagar un costo mayor. En esa tensión, el oficialismo juega su partido más incómodo: convencer a los aliados de que acompañen sin cobrar, y convencer a los propios de que negociar no es retroceder.