En la Casa Rosada hay quienes sostienen que habría "una tregua". Oficialmente la administración de Javier Milei continúa con la intención de auditar al fútbol.
Los cambios en el Ministerio de Justicia abrieron una discusión inesperada dentro del Gobierno sobre hasta dónde llegará la ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de versiones cruzadas sobre una eventual tregua con Claudio “Chiqui” Tapia y con una definición pendiente que puede marcar si la avanzada institucional sigue o entra en pausa.
La duda se instaló en la Casa Rosada después de la salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), el funcionario que se había convertido en la cara visible de la embestida oficial sobre la estructura jurídica y contable de la AFA. Vítolo dejó firmadas, antes de irse, dos resoluciones sensibles: una para solicitar la designación de veedores sobre la AFA y otra para avanzar en el mismo sentido sobre la Superliga, la asociación civil que organiza el torneo de primera división.
El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, decidió darle curso a una de esas medidas. Se trata del expediente para designar veedores sobre la AFA, que seguirá su trámite administrativo. La otra resolución, referida a la Superliga, quedó pendiente de la autorización política del titular de la cartera, que deberá definir si también se avanza con una intervención informativa sobre la organización del campeonato de primera división.
La salida de Vítolo fue leída por un sector del oficialismo como una señal de que podría estar gestándose una tregua entre el presidente Javier Milei y el mandamás del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, después de meses de tensión entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA. Esa hipótesis fue rechazada por fuentes oficiales ante la consulta de El Observador, que sostuvieron que la estrategia del Gobierno no cambió.
“El actual titular de la IGJ es alguien que impulsó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y ya tuvo un litigio con la AFA. Su perfil es claro”, explicó un funcionario con acceso a las discusiones internas del Gobierno para descartar que exista un repliegue en el conflicto con la conducción del fútbol argentino.
De todas formas, la salida de Vítolo dejó ruido político dentro del propio oficialismo. El ex titular de la IGJ alimentó esas versiones en su carta de renuncia al señalar que “le fue solicitado su apartamiento” del cargo y al advertir sobre la existencia de “personas intocables” en el sistema que, según su interpretación, condicionan el funcionamiento de las instituciones. Ese mensaje fue leído dentro del Gobierno como una señal de malestar del ex funcionario con la forma en que se produjo su salida, pero también como un gesto que buscó dejar planteada la idea de que la ofensiva contra la AFA había encontrado resistencias políticas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , en paralelo, avanzó con una denuncia este viernes cuando identificó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por US$1,4 millones y que tendría presuntos vínculos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA.
La disputa entre el Gobierno y la AFA tiene varios capítulos abiertos. En la Casa Rosada nunca ocultaron su simpatía por avanzar hacia un modelo que permita el ingreso de Sociedades Anónimas Deportivas, algo que la conducción de Tapia rechaza de forma tajante y que se convirtió en uno de los ejes de fricción entre ambas partes.
En paralelo, la IGJ venía impulsando distintas medidas de control sobre la estructura administrativa del fútbol argentino. Entre ellas, pedidos de información sobre balances, observaciones sobre el manejo de los fondos y la posibilidad de designar veedores para revisar documentación y el funcionamiento institucional de las entidades vinculadas a la organización de los torneos.
Por eso, dentro del oficialismo consideran que la definición que adopte Mahíques sobre la resolución pendiente para la Superliga será una señal política relevante. Si se autoriza el avance de esa medida, la lectura interna será que el Gobierno decidió sostener la presión institucional sobre la estructura del fútbol argentino. Si, en cambio, se demora o se archiva, volverán a aparecer las especulaciones sobre un eventual entendimiento con la conducción de la AFA.
Por ahora, en Balcarce 50 aseguran que no hay cambio de estrategia y que la relación con Tapia sigue atravesada por una fuerte desconfianza. Pero en un conflicto que mezcla política, negocios y fútbol, dentro del propio Gobierno admiten que cada movimiento administrativo termina siendo interpretado como una señal sobre el verdadero estado del vínculo entre la Casa Rosada y el hombre más poderoso del fútbol argentino.
El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, presentó un escrito para que expliquen balances millonarios y presenten documentación sobre gastos e inversiones.
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