Imputaron a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes jubilatorios en la AFA
La Justicia investiga una deuda superior a los $19.000 millones en contribuciones a la seguridad social que la entidad madre del fútbol argentino habría retenido sin depositar.
Lo que importa
La Justicia imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, por presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente.
La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Diego Amarante. La causa se encuentra en una etapa inicial de investigación.
Según la denuncia de ARCA, la AFA tiene una deuda superior a los $19.000 millones correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad retuvo tributos y aportes de empleados propios y de clubes del fútbol argentino sin ingresarlos en el plazo legal.
El fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. La pesquisa se extenderá también a otros integrantes de la comisión directiva de la AFA.
El fiscal consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, otros directivos habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
La causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales si se confirman los extremos denunciados. La investigación se inició a partir de una denuncia del área de Grandes Contribuyentes de ARCA.
Contexto
¿De qué se acusa específicamente a Tapia?
La imputación se basa en la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la AFA. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino, pero no los habría ingresado dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
¿Cuál es el monto de la deuda investigada?
Según ARCA, la deuda atribuida a la AFA supera los $19.000 millones y corresponde a los últimos dos años. Se trata de contribuciones a la seguridad social que habrían sido retenidas pero no depositadas en los plazos establecidos por la ley.
¿Por qué se responsabiliza a Tapia?
El fiscal Claudio Roberto Navas Rial atribuyó responsabilidad a Tapia por dos razones principales: su rol institucional como presidente de la AFA y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Estos elementos lo ubicarían en una posición de control sobre las obligaciones tributarias y previsionales de la entidad.
¿Hay otros implicados en la investigación?
Sí. El fiscal consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la comisión directiva. El dictamen señala que estos directivos habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis, lo que los haría corresponsables de las irregularidades investigadas.
¿Cómo se inició la causa?
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Esta dependencia detectó las presuntas irregularidades en el pago de contribuciones a la seguridad social por parte de la AFA.
¿En qué etapa se encuentra la causa?
El expediente se encuentra en una etapa inicial. La imputación presentada por el fiscal Navas Rial ante el juez Diego Amarante es el primer paso formal de la investigación penal. A partir de ahora, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales si se confirman los extremos denunciados.
¿Qué sanciones prevé el Régimen Penal Tributario?
El Régimen Penal Tributario establece sanciones para quienes retienen aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos en el plazo legal. Las penas varían según los montos involucrados y pueden incluir desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta y el monto evadido.
Cómo sigue
La investigación continuará con la citación a declarar de Tapia y otros miembros de la comisión directiva de la AFA. El juez Diego Amarante deberá evaluar el requerimiento del fiscal y decidir si avanza con nuevas medidas de prueba o citaciones. La causa podría ampliarse si se detectan otras irregularidades en el manejo de las contribuciones a la seguridad social por parte de la entidad madre del fútbol argentino.
El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, presentó un escrito para que expliquen balances millonarios y presenten documentación sobre gastos e inversiones.
Mientras el Congreso vota el Presupuesto y el fútbol vuelve a estallar en escándalos, dos mundos que parecen separados revelan la misma escena: reglas frágiles, autoridad discutida y rituales que sostienen un orden que nadie termina de creer.
Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
