La agenda judicial incluirá decisiones de alto impacto político y social, en un contexto donde no pasa desapercibido que se trata de un año electoral signado por diversas controversias.
Este año promete una nutrida agenda judicial que incluirá decisiones de alto impacto político y social.
La declaración indagatoria del ex presidente Alberto Fernández prevista para este martes 4 de febrero en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez marcará el reinicio de la actividad desde esta semana en los tribunales federales de Retiro.
Es parte de una nutrida agenda judicial que incluirá decisiones de alto impacto político y social, en un contexto donde no pasa desapercibido que se trata de un año electoral signado por controversias vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a raíz del fallo Levinas firmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según informó la revista Quorum, el reinicio 2025 llega también enmarcado por un nuevo panorama en lo relativo a la máxima autoridad judicial del país: la Corte comienza a funcionar con tres miembros luego de la jubilación en diciembre de Juan Carlos Maqueda.
Los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz tendrán que buscar consenso o, caso contrario, convocar conjueces.
El foco de atención estará puesto además en el cimbronazo que alteró la tranquilidad del verano para muchos referentes del Poder Judicial: el fallo Levinas y sus consecuencias, habilitar al Superior Tribunal de Justicia porteño como instancia de apelación de fueros nacionales con jurisdicción en CABA.
La semana arranca con planteos para dejar sin efecto esa sentencia o suspender su aplicación a otras causas y con la intención de Cámaras de los diferentes fueros involucrados de reunir a sus integrantes para dictar fallos plenarios que -se anuncia- resistirán la decisión de la Corte.
Mañana martes las 11 el ex presidente Alberto Fernández tiene que presentarse a su segunda declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini.
La primera fue en noviembre de 2024 vinculada a una investigación por supuesto direccionamiento indebido de la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos en su gobierno.
En esta pesquisa debe definirse su situación procesal y el ex presidente ha insistido una vez más con apartar al juez de la causa, algo que está bajo análisis de la Cámara Federal porteña.
Pero tras varias postergaciones, finalmente está citado mañana para comparecer ante el magistrado y el fiscal federal Ramiro González y dar explicaciones por la denuncia de violencia de género de la ex Primera Dama.
Está acusado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja”, “lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud” de Yáñez y “coacciones” dirigidas a intentar que la víctima no presentara la denuncia.
Durante febrero habrá además movimientos clave en las causas que tienen como acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Comienza la cuenta regresiva para presentar recursos ante la Corte Suprema de justicia con miras a revisar el veredicto que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
Además, dos tribunales orales deben retomar preparativos para otros dos debates orales aún sin fecha de inicio que tendrán a la ex presidenta en el banquillo, las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán.
La Corte Suprema dejó firme en diciembre decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal para que ambos casos lleguen a la instancia de debate oral y público.
El 6 de noviembre y luego de los comicios legislativos del 26 de octubre, la ex presidenta comenzará a ser juzgada en el “Caso Cuadernos”.
Hasta esa fecha, avanzarán medidas de prueba clave ordenadas en el marco de la instrucción suplementaria por el Tribunal Oral Federal 7, entre ellas una pericia caligráfica sobre los originales de los manuscritos del ex remisero Oscar Centeno, que dieron origen a la investigación por supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública.
El juez federal Sebastián Casanello se apronta a enviar a juicio oral al referente del Partido Obrero Eduardo Belliboni y otros procesados por desmanejos con plantes “Potenciar Trabajo”.
Los delitos en el caso de Belliboni son presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.
En diciembre último, el magistrado comenzó la ronda de consultas a todas las partes del caso antes de definir la elevación parcial a juicio, ya que retendrá una parte del caso relativa a establecer si hubo responsabilidad de funcionarios públicos en lo ocurrido.
Uno de los juicios que más expectativa despierta comenzará el 6 de marzo y tendrá entre los principales acusados a la actriz Andrea del Boca por supuestos delitos con la financiación pública de su novela Mamá Corazón durante el kirchnerismo.
Será además un nuevo debate a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que tendrá también en el banquillo al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
De acuerdo a la investigación judicial entre 2011 y 2015 se firmaron convenios mediante la Universidad de San Martín que otorgaron de manera “discrecional” poco más de 36 millones de pesos privada “a+A Group SRL” para la telenovela “Mamá Corazón” y a la cooperativa de trabajo “Tostaki Ltda” para la miniserie “El Pacto”. Ambos hechos llegan a juicio.
Este conjunto de eventos y decisiones anticipa un inicio de año judicial -y electoral- cargado de actividad y con posibles repercusiones significativas en el ámbito político y social de Argentina.
Un fallo dictado por la Sala A de Feria de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y le ordena al Estado que “se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional en la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.
Fue a partir de un planteo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exigió una medida cautelar que le impida al Estado reducir el personal.
Eduardo Casal advirtió que la sentencia impide a los fiscales nacionales cumplir su rol y le pidió a Rosatti frenar su aplicación.
Gabino Tapia, ministro de Justicia de la administración de Jorge Macri, objetó el pedido que el procurador general Eduardo Casal para que suspenda el denominado fallo Levinas y dijo que los dictámenes "están para cumplirse"
La red de pagos más grande Asia. Desembarca por primera vez en el negocio de emisión de tarjetas en el país mediante una alianza con PVS LATAM.
Tarjetas. Los usuarios podrán solicitar y gestionar una tarjeta digital desde PVS Wallet, para realizar pagos tanto en Argentina como en el exterior.
La tarjeta podrá vincularse con WeChat Pay y Alipay. Esto facilitará pagos y compras en el ecosistema asiático y ampliará la competencia en el mercado local.
La Fundación Solana presentó Solana DvP, un programa de código abierto que permite completar operaciones institucionales en blockchain en segundos.
El sistema ejecuta el pago y la transferencia del activo al mismo tiempo, reduciendo el riesgo de contraparte y procesos que tradicionalmente pueden demorar hasta dos días.
JPMorgan aportó su experiencia en liquidaciones para el desarrollo del estándar, pensado para impulsar operaciones institucionales y activos tokenizados.
