La Ciudad avaló el fallo de la Corte que le da más poder a la justicia porteña
Gabino Tapia, ministro de Justicia de la administración de Jorge Macri, objetó el pedido que el procurador general Eduardo Casal para que suspenda el denominado fallo Levinas y dijo que los dictámenes "están para cumplirse"
Lo que importa
El ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, respondió hoy el pedido que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le hizo a la Corte Suprema de Justicia para que suspenda el fallo conocido como Levinas, que le dio más poder a la justicia porteña y señaló que "los fallos están para cumplirse"
"La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el 'inmovilismo' y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional", expresó Tapia a través de su cuenta en la red social X.
Casal solicitó la suspensión de la medida "hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda".
Contexto
Casal le pidió el viernes a la Corte Suprema de Justicia que suspenda el denominado fallo Levinas, emitido por el máximo tribunal a fines del año pasado, que le dio más poder a la justicia porteña al establecer que las causas nacionales pueden ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En una carta enviada al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Casal consideró que el denominado fallo Levinas "dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El fallo Levinas contempla que tras la intervención en una causa por parte de una Cámara Nacional se puede apelar a la justicia porteña antes que en la Corte.
Cómo sigue
Casal aguardará una definición favorable de la Corte al respecto, al observar que la Procuración General de la Nación tiene, por ley, competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales y no puede apelar ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad.
Y se suma, además, que la Fiscalía General porteña y sus fiscales tampoco pueden intervenir ante la Justicia de la Ciudad.
Los magistrados buscan impedir la aplicación del fallo dictado por el máximo tribunal en diciembre pasado. Consideran que a medida como “ilegal y arbitraria” porque modifica el funcionamiento del Poder Judicial sin una reforma legislativa.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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