Magistrados de los fueros civil, laboral, comercial y penal están preparando una estrategia para impedir la aplicación del fallo dictado por el máximo tribunal en diciembre pasado. Consideran que la medida es “ilegal y arbitraria”, ya que modifica todo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial sin una reforma legislativa.
Según informó la revista Quorum, la tensión entre la Corte Suprema de Justicia y los jueces nacionales tras el fallo “Levinas” es cada vez más alta. Magistrados de los fueros civil, laboral, comercial y penal están preparando una estrategia para impedir la aplicación del dictamen que le otorgó más poder al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, al establecer que todas las decisiones de la justicia nacional en la Capital deben ser revisadas por ese tribunal local.
El malestar entre los jueces es notorio. En los chats internos de las distintas cámaras nacionales, el tema domina la conversación, según publica el diario La Nación. La semana que viene, cuando termine la feria judicial, se reunirán para definir medidas concretas que impidan la aplicación del fallo dictado el 27 de diciembre pasado. La resistencia judicial no tiene precedentes y anticipa un conflicto institucional de magnitud.
Una reacción sin antecedentes
El fallo “Levinas” fue visto por la Corte Suprema como un paso en el reconocimiento de la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los jueces nacionales consideran que la medida es “ilegal y arbitraria”, ya que modifica todo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial sin una reforma legislativa.
Los magistrados argumentan que la Corte se extralimitó en sus funciones y actuó como un legislador al ordenar este traspaso sin una ley del Congreso. En ese marco, planean dictar acordadas y fallos plenarios para bloquear su aplicación.
Algunas cámaras ya comenzaron a tomar posición. La Cámara Nacional del Trabajo, por ejemplo, en un fallo reciente, determinó que es “inadmisible la intervención de un tribunal local”, haciendo referencia al TSJ porteño. El argumento es que muchos casos involucran a organismos federales y, por lo tanto, no pueden ser revisados por la justicia de la Ciudad.
Este razonamiento es compartido por los jueces comerciales y penales, quienes sostienen que la intervención del TSJ porteño agregaría una instancia innecesaria, demorando las causas y afectando la seguridad jurídica.
Trasfondo político
El rechazo de los jueces nacionales al fallo “Levinas” también tiene un trasfondo político. La aplicación de la sentencia de la Corte Suprema permite que el TSJ porteño –cuyos jueces fueron mayoritariamente designados por gobiernos del PRO– tome decisiones clave en casos sensibles.
Uno de los ejemplos más relevantes es la causa de la quiebra del Correo Argentino, que involucra a la familia Macri. Con la nueva interpretación de la Corte, el TSJ de la Ciudad podría intervenir y hasta revocar el apartamiento de la jueza que llevó adelante el caso.
Los jueces nacionales alertan que esto podría generar un desbalance en la independencia judicial, al otorgar al tribunal porteño un rol que no estaba previsto en la estructura judicial original. “Es como si hubieran tirado una granada y cerrado la puerta”, graficó un camarista
La Corte atrapada en su propio fallo
Un dato clave es que la Corte Suprema ya no tiene los votos necesarios para reafirmar el fallo “Levinas” en caso de una nueva presentación. En su momento, la decisión fue tomada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.
Sin embargo, Maqueda dejó el tribunal en diciembre de 2024, lo que significa que actualmente no hay una mayoría de tres votos para sostener la postura original. Esto deja a la Corte en una situación incómoda: su fallo puede volverse inaplicable si las cámaras nacionales logran bloquearlo a nivel operativo.
¿Cómo sigue el conflicto?
La próxima semana será clave. Se esperan reuniones de las cámaras nacionales para definir estrategias y, posiblemente, emitir fallos que desconozcan la obligatoriedad del fallo “Levinas”. Entre las medidas en estudio están:
- Dictar acordadas que bloqueen la aplicación del fallo.
- Rechazar los recursos extraordinarios que deberían ser remitidos al TSJ porteño.
- Forzar a la Corte Suprema a revisar cada caso de manera individual, lo que la pondría en una situación de parálisis.
Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de los litigantes y abogados. Nadie sabe con qué código procesal se debe litigar en la Ciudad de Buenos Aires: ¿el nacional o el local? La falta de claridad procesal podría generar demoras, nulidades y una mayor incertidumbre jurídica.
Los jueces nacionales insisten en que esta no es una pelea de poder, sino una defensa del sistema judicial tal como estaba estructurado. Argumentan que el fallo de la Corte no solo altera la organización del Poder Judicial, sino que también afecta a los ciudadanos, al prolongar los tiempos de los juicios y crear conflictos sobre qué normas aplicar.
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El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
