El presidente paraguayo Santiago Peña pidió una prórroga para presentar su defensa en el juicio político, que no fue aceptada por los senadores. Qué hay detrás de la crisis y las protestas de miles de ahorristas.
Paraguay atraviesa una crisis sin precedentes. El colapso de Ueno Bank, que tenía cerca de tres millones de clientes y administraba fondos públicos, no sólo provocó masivas protestas de los ahorristas que no podían acceder a su dinero, sino que llevó a la caída de Santiago Peña. El Congreso paraguayo no aceptó la renuncia del presidente, que enfrenta ahora un juicio político.
El economista de 47 años, del histórico Partido Colorado y aliado del gobierno de Donald Trump, pidió este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero fue rechazada por el Senado. "Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió Peña en un mensaje publicado en X.
"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", señaló en la publicación, en la que compartió la carta que envió al presidente del Senado, Basilio Núñez, para pedir la extensión.
Peña, que asumió el cargo en agosto de 2023, había presentado su renuncia la víspera a través de un mensaje de video, después de que legisladores opositores y sectores de su propio partido coincidieran en un juicio político en su contra. Incluso perdió el apoyo del exmandatario Horacio Cartes, su mentor político e impulsor de su ascenso a la jefatura de Estado.
La Cámara de Diputados decidió el jueves por unanimidad iniciar el juicio político por "mal desempeño de funciones" y rechazó abrir otro contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, a quien corresponde sucederlo. En plena crisis, el ministro del Interior, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo.
La diferencia entre la aceptación de la renuncia y la destitución es clave: en el primer caso, dejaría de ser presidente pero se mantendría como senador vitalicio, lo que le permite tener fueros y evitar quedar en el centro de futuras investigaciones, algo que no le garantiza el juicio político.
El Senado paraguayo se reunió este viernes por la mañana el pedido de prórroga del mandatario, que sigue en el cargo provisoriamente. La solicitud fue rechazada por 39 legisladores, mientras que tres votaron a favor, dos se abstuvieron y uno estaba ausente, informó el medio local ABC.
Antes de la sesión, la senadora opositora Esperanza Martínez manifestó a la prensa que el reglamento del proceso de destitución prevé cinco sesiones y que la primera de ellas tuvo lugar el jueves, cuando los legisladores se establecieron como jueces y escucharon los alegatos de la acusación.
Martínez consideró que, como parte del proceso, Peña debería presentarse este viernes a ejercer su defensa, luego habrá otra sesión para que se presenten pruebas, una más para que se debatan los alegatos a favor y en contra y una última para dar un dictamen.
"Algunos rumores dicen que Santiago Peña está amenazando, que tiene cuestiones que colocarle a cada uno de los actores políticos de este país", apuntó la senadora del Partido de la Participación Ciudadana, miembro de la coalición de izquierda Frente Guasú, que aseguró que el aún presidente podría intentar escapar del país.
"¿O acaso no puede pasar lo que pasó con Bolsonaro?", señaló, en referencia a la salida irregular del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva, pese a la prohibición de la justicia, que lo investiga por lavado de dinero.
Por su parte, la senadora liberal Celeste Amarilla, argumentó que un plazo razonable de 48 horas permitiría garantizar el debido proceso y evitar que Peña recurra posteriormente a instancias judiciales o internacionales para cuestionar una eventual destitución.
El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había crecido aceleradamente desde su transformación en banco, a fines de 2023. La medida implicó la suspensión de sus operaciones y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que generó una situación similar a un corralito financiero.
La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones y la cobertura sanitaria.
El BCP justificó su intervención porque el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido y detectó préstamos a empresas del mismo grupo económico que superaban los límites permitidos.
"También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. (...) Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", señaló Peña en su mensaje de renuncia.
Uno de los principales cuestionamientos contra el mandatario está relacionado con sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, que controlaba Ueno Bank: Peña había tenido acciones en este grupo, pero se desvinculó de esa participación en 2025, cuando ya estaba al frente del gobierno.
Los legisladores que promovieron su destitución señalaron un posible "conflicto de intereses" y cuestionaron la evolución patrimonial del presidente, además de plantear presuntas responsabilidades por el manejo de fondos públicos y previsionales.
La crisis también provocó la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, cuya renuncia había sido solicitada por el propio Peña luego de conocerse la intervención de la entidad.
La intervención del banco generó protestas de ahorristas y cuestionamientos sobre los controles del sistema financiero. La Fiscalía, por su parte, dispuso actuaciones contra directivos de la institución, mientras las autoridades debieron organizar un mecanismo para devolver los depósitos afectados.
Miles de personas protestaron el jueves por tercera noche consecutiva en Asunción y otras localidades del país, como Ciudad del Este. "Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel", dijo Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años, a la agencia AFP durante una protesta en Asunción.
Con pancartas en las que se leía "robar es delito solo para los pobres" y "no me sirve tu renuncia, devolvé la plata de tu bolsillo", unos 5.000 manifestantes se apostaron la víspera a las afueras de Congreso en apoyo al juicio contra Peña, según estimaciones de la policía.
Tras la intervención de Ueno, Peña promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos. El Banco Central comenzó a pagar el jueves las garantías de depósitos a los ahorristas. El BCP informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses, están destinados a un "primer grupo" de ahorristas que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.
Tres años después de asumir el poder, Santiago Peña terminó arrastrado por la crisis desatada tras la intervención del Ueno Bank.
En diálogo con El Observador USA en Washington, el presidente del Banco Central de Paraguay analiza el hito histórico de alcanzar el grado de inversión, el rol de Paraguay en las reuniones del FMI y el impacto de la crisis en Medio Oriente. "La formación económica del presidente Peña facilita un lenguaje común", afirma. Elogios al uruguayo Tolosa.
