La jueza que determinó quién se encarga de la salud de Jorge Lanata fue recusada
El sistema judicial emitió un fallo a favor de Elba Marcovecchio luego de que ella interpusiera una denuncia por las irregularidades en la gestión del patrimonio de Lanata
Mientras la salud de Jorge Lanata muestra signos de mejora, surgió una nueva controversia en torno a su círculo cercano. El periodista sigue hospitalizado en el Hospital Italiano y se informó que su secretaria habría efectuado un gasto de 51 millones de pesos a través de su tarjeta.
Debido a las inconsistencias en los activos del periodista, su esposa, Elba Marcovecchio, inició un proceso legal para solicitar una auditoría y presentó una denuncia por "inhibición general". Este jueves, se dio a conocer la decisión judicial que favorece a la abogada: se recusado a la juez asignada al caso.
Diego Esteves, en el programa A la Tarde, comunicó: “Recusaron a la juez Lucila Córdoba, la que determinó que la salud de Lanata debe ser compartida entre su esposa y su hija Bárbara Lanata”.
Y añadió detalles a su relato: “¿Cuáles son los motivos? Demora en resolver la cuestión. Se quedó como en un gris, porque restringió la capacidad para que Lanata decida sobre su salud, pero no así sobre el tema patrimonial en cuestión. Argumentaron las abogadas de Elba Marcovecchio, y la Justicia les dio la razón, no le daban acceso a todos los incidentes en la causa y debió responder a ciegas. Había confusión sobre el control sobre la internación y de la determinación de la capacidad de Lanata. Imagino que el juez va a ser más severo”.
Además, hace unos días salieron a la luz los audios de Alejandra Mendoza, quien es la representante legal de Jorge Lanata y fue identificada como la encargada de manejar los gastos con la tarjeta del periodista. En estas grabaciones, Mendoza señala a Marcovecchio como la responsable de realizar los gastos más elevados.
“La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En julio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto con la tarjeta Centurión porque los mayores gastos los hizo ella y se enojó. Después me invitó a su oficina a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos también", se defendió.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
