La Justicia ordena la detención de Ricardo Jaime por la tragedia de Once
La Justicia le ordena a Ricardo Jaime que se presente a cumplir en la cárcel su sentencia por la tragedia de Once
El ex secretario de Transporte deberá presentarse para cumplir una condena de seis años, tras la orden del TOF 2 y la ratificación de la Corte Suprema.
Lo que importa
De acuerdo a lo consignado por Revista Quorum, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, presentarse en un plazo de tres días hábiles para cumplir una condena de seis años en prisión por su rol en la tragedia de Once.
La orden llega después de que la Corte Suprema dejara firme la condena que vincula a Jaime como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Jaime, de 70 años, quien estuvo detenido entre 2016 y 2023, ya cuenta con múltiples condenas por corrupción y podría solicitar prisión domiciliaria debido a su edad.
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once celebraron la decisión judicial y demandaron al Estado la reparación económica por el accidente ocurrido en 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
Jaime enfrenta, además, varios procesos judiciales pendientes, incluido el caso de los “cuadernos de la corrupción”.
Contexto
¿Quién es Ricardo Jaime y cuál fue su rol en el kirchnerismo?: Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Fue el primer funcionario kirchnerista en ser detenido en 2016, bajo acusaciones de corrupción y administración fraudulenta. Su cargo lo colocó en el centro de varias controversias relacionadas con la gestión de recursos públicos, así como en investigaciones de corrupción en los sectores de transporte y obra pública.
¿Por qué fue condenado Ricardo Jaime en relación con la tragedia de Once?: Jaime fue condenado por su participación en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. En el accidente, un tren de la línea Sarmiento colisionó en la estación de Once, causando la muerte de 51 personas y dejando más de 700 heridos. Jaime fue considerado partícipe necesario de administración fraudulenta, ya que bajo su administración se realizaron prácticas deficientes que, según los jueces, contribuyeron al estado de precariedad del sistema ferroviario y, en consecuencia, al trágico accidente.
¿Cuál fue el proceso judicial que llevó a esta decisión del TOF 2?: El proceso judicial en torno a la tragedia de Once tuvo múltiples etapas. En 2015, el TOF 2 condenó a Jaime a seis años de prisión, considerándolo partícipe en el delito de administración fraudulenta. Posteriormente, en 2018, la Cámara Federal de Casación Penal revisó el caso, sumando el delito de estrago culposo y aumentando la pena a ocho años de cárcel. Sin embargo, en una segunda revisión, se dejó solo el delito de administración fraudulenta y se redujo la pena a cinco años. Esta última decisión fue ratificada recientemente por la Corte Suprema, dejando firme la condena y remitiendo la causa al TOF 2, que ordenó la ejecución de la sentencia.
¿Qué papel juegan los familiares de las víctimas en este caso?: Los familiares de las víctimas jugaron un papel activo en la búsqueda de justicia, exigiendo que se cumplan las condenas y se brinde reparación económica a los afectados por el accidente. En un comunicado reciente, los familiares destacaron que buscan justicia sin ánimo de venganza, y consideran que el sistema judicial cumplió su parte al ordenar la detención de Jaime. También enfatizaron su demanda al Estado para obtener sentencias indemnizatorias.
¿Qué otras condenas enfrenta Ricardo Jaime?: Jaime acumula un total de seis condenas, la mayoría relacionadas con delitos de corrupción. Además de la tragedia de Once, fue condenado por recibir dádivas, intento de robo de documentación y enriquecimiento ilícito. Otro caso relevante es la compra de trenes en mal estado de España y Portugal, así como su participación en un acuerdo de soborno vinculado al fallido proyecto del tren bala. A pesar de la gravedad de estos cargos, algunas de las condenas aún no están firmes.
¿Qué posibilidades existen de que Jaime reciba prisión domiciliaria?: Ricardo Jaime tiene 70 años, una edad que, según la legislación argentina, le permite solicitar la prisión domiciliaria. Además, su defensa podría argumentar razones de salud para apoyar esta solicitud. Sin embargo, el TOF 2 ordenó que primero se presente para ser detenido, y solo entonces se evaluarán las condiciones para una eventual prisión domiciliaria. Este recurso se usó en otros casos de exfuncionarios con problemas de salud o avanzada edad.
¿Qué otros juicios pendientes tiene Ricardo Jaime?: Además de las condenas firmes, Jaime enfrenta el juicio oral por el caso conocido como los “cuadernos de la corrupción”, que incluye a figuras prominentes del kirchnerismo como Cristina Kirchner y Julio De Vido. En este caso, Jaime está procesado junto a otros exfuncionarios y empresarios de la obra pública, acusados de recibir sobornos y gestionar un sistema de corrupción sistemático en proyectos de infraestructura pública.
Cómo sigue
Ricardo Jaime tiene un plazo de tres días hábiles para presentarse en el TOF 2 de Comodoro Py. Si cumple con la orden, deberá ingresar a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal, donde se le actualizarán los cálculos de su tiempo de detención y las penas acumuladas. A partir de ahí, su defensa podría formalizar un pedido de prisión domiciliaria basado en su edad y estado de salud, lo que deberá ser evaluado por los jueces del tribunal.
El proceso también podría derivar en nuevas instancias judiciales, especialmente si la defensa de Jaime presenta apelaciones o solicita revisiones adicionales. Mientras tanto, el Estado argentino enfrenta la presión de los familiares de las víctimas para que se resuelvan las demandas indemnizatorias pendientes, lo que podría llevar a acciones civiles paralelas al proceso penal.
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Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
