Luna Park: la Justicia porteña confirmó la medida que le prohíbe a la Ciudad la demolición
La Justicia porteña rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad, dejando firme la suspensión de la demolición del Luna Park.
Este lunes, la Justicia porteña rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, y ratificó la resolución que impide avanzar con el proyecto de demolición del histórico estadio Luna Park. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión adoptada en noviembre por el Juzgado N° 5 de la Ciudad, a cargo de la jueza Natalia Tanno, que había ordenado la suspensión de todas las obras y trámites administrativos vinculados con la demolición del emblemático "Palacio de los Deportes".
La resolución judicial se enmarca dentro de una denuncia presentada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien argumentó que el proyecto impulsado por el Gobierno porteño violaba las normativas de protección patrimonial del Luna Park, un Monumento Histórico Nacional con Protección Estructural en la ciudad. Según la demanda, la iniciativa de demolición no solo pone en riesgo la integridad del edificio, sino que también contraviene las leyes que protegen el patrimonio cultural de la ciudad.
“Autorizar la demolición de la casi totalidad de su interior es una acción prohibida que no tiene vuelta atrás, es su destrucción. Bajo el pretexto de una mejora tecnológica, se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada”, sostuvo Gil Domínguez en su denuncia. Esta postura fue respaldada por el dictamen del fiscal ante cámara, Juan Octavio Gauna, quien también consideró que el proyecto del gobierno de la Ciudad contravenía las normativas vigentes.
El rechazo al proyecto y las críticas de los expertos
El proyecto de demolición del Luna Park había sido aprobado por la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Disposición 1283/DGIUR/25. Sin embargo, esta iniciativa no estuvo exenta de controversia. Varias organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Civil Basta de Demoler, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, presentaron una denuncia que también fue respaldada por un informe técnico elaborado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli.
Según los especialistas, la propuesta de demolición no cumple con los principios de conservación del patrimonio histórico. En su informe, los arquitectos alertaron sobre el riesgo de perder casi por completo los componentes de valor patrimonial del edificio. “El proyecto de demolición nos enfrenta al sinsentido de destruir un edificio histórico –protegido– con la supuesta finalidad de conservarlo”, señalaron Magadán y Girelli, quienes agregaron que la disposición aprobada no busca una restauración ni una actualización del edificio, sino una "demolición encubierta" que permitiría construir un nuevo estadio dentro de la estructura actual.
Los expertos detallaron que la propuesta implica la ampliación del aforo del Luna Park, pasando de 8.400 a 11.100 espectadores, lo que conlleva el incremento del volumen del edificio, la elevación de la cubierta y la adición de un nuevo nivel sobre la fachada. En lugar de optar por una restauración o actualización tecnológica que respetara el carácter histórico del lugar, se plantea un proyecto que modificaría sustancialmente su estructura original.
El futuro del Luna Park y el impacto en el patrimonio cultural
El Luna Park, inaugurado en 1934, es un símbolo de la ciudad de Buenos Aires y un referente del deporte, la música y el entretenimiento. Con su arquitectura única, fue escenario de innumerables eventos históricos y culturales, consolidándose como uno de los lugares más emblemáticos del país. La posibilidad de su demolición generó un amplio rechazo, tanto entre especialistas en patrimonio como entre diversas organizaciones sociales y culturales.
De seguir adelante el proyecto del gobierno porteño, el Luna Park sería el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde la recuperación democrática de 1983. Esta perspectiva causó preocupación en muchos sectores, que temen que este precedente pueda abrir la puerta a nuevas intervenciones destructivas en otros edificios patrimoniales de la ciudad.
En este contexto, la jueza Natalia Tanno será la encargada de decidir si otorga la medida cautelar solicitada por Gil Domínguez y las organizaciones involucradas en la denuncia. Si la justicia concede esta medida, los efectos de la Disposición 1283/DGIUR/25 quedarán suspendidos hasta que se dicte la sentencia definitiva en el proceso judicial. Por el momento, el futuro del Luna Park sigue siendo incierto, pero la decisión judicial de este lunes representa un importante freno al plan de demolición que había sido impulsado por la administración porteña.
Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.
La ejecución de la medida tendrá como finalidad aplicar las "más amplias políticas de desregulación", de modo tal que las transportistas podrán establecer tarifas para estos servicios, "de acuerdo a la oferta y demanda".
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
