El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla defendió este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
La Corte y el corte
Mientras cientos de miles de personas sobrellevan un apagón en medio de una ola de calor, la Corte Suprema de Justicia deja en evidencia el espiral de desorden en el que la Argentina se encuentra atrapada
nos muestra una vez más el caos que domina las estructuras del poder. En este caso, tres votos de la Corte, entre ellos el de Manuel García-Mansilla, rechazaron que el juez Lijo pueda jurar como nuevo miembro del tribunal. Pero lo que está detrás de esta decisión no es solo un detalle judicial, sino la desestabilización de un sistema que está fallando a la vista de todos.
Hoy nos encontramos con una Argentina desordenada, un país donde las instituciones parecen perder credibilidad y las decisiones del Gobierno se toman a la deriva. La reciente decisión de la Corte Suprema de rechazar la licencia del juez Ariel Lijo expone el caos que domina las estructuras del poder. En este caso, tres votos de la Corte, entre ellos el de Manuel García-Mansilla, rechazaron que el juez federal y candidato al máximo tribunal pueda jurar como nuevo miembro. Pero esta decisión no solo se basa en argumentos que pueden resultar, para muchos, jurídicamente cuestionables -desde que carecen de adecuado sustento normativo-, sino que revela la inestabilidad de un sistema que está fallando a la vista del que quiera verlo. Aun reemplazando el nombre del cuestionado Lijo por el de cualquier otro en la misma situación, el escenario de desmadre vale por igual.
Preocupa la falta de legitimidad de las decisiones que se toman en la Corte. Se podría sospechar que en la resolución terciaron intereses que van mucho más allá de la institucionalidad, aunque se valieron en ella para excusarse. De hecho, sentadito y de corta memoria, ahí estaba firmando una resolución cortesana García-Mansilla, quien hacía segundos aseguraba que jamás aceptaría una designación en comisión por decreto presidencial. Aunque la designación en comisión por decreto se trate de una opción habilitada bajo alguna interpretación del texto constitucional, no deja de revelar la desmesura de la centralización del poder presidencial, la prescindencia del Senado y la fragilidad de un vidrioso sistema judicial que parece no estar funcionando como se espera.
Ni Horacio Rosatti ni Carlos Rosenkrantz hicieron mención a la designación en comisión de los dos candidatos propuestos por el gobierno de Javier Milei. Si no habían dicho una palabra cuando el entonces presidente Mauricio Macri pretendía designarlos así, astutos, intuyeron que se les cuestionaría la altura moral para semejante planteo.
Denegarle la licencia al polémico Lijo fue una salida elegante para todos.
En medio de tanto escándalo, especularon que pocos iban a reparar en el hecho que Manuel García-Mansilla no cuenta con el acuerdo del Senado. Ni siquiera cuenta con dictamen de comisión. Y que Ariel Lijo tiene acuerdo del Senado: lo obtuvo hace 20 años para ser juez federal. Además, tiene dictamen favorable de comisión con la mayoría de los votos de todos los espacios. Datos. Puros datos. Ninguna amainada manipulación de los hechos. Pero, en el mundo del revés, es García-Mansilla quien vota para que Lijo no ingrese a la Corte.
Lo que parece indiscutible es que el desorden político se traslada a la Justicia. Y este desorden no se limita a la Corte Suprema. Lo vemos también en las decisiones del Gobierno nacional. La falta de previsión y planificación es la norma, no la excepción. El Presidente ha decidido no acudir al Congreso para discutir temas fundamentales como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En lugar de trabajar en una coordinación con el Legislativo, el Presidente decide que "no lo necesita". Esto no solo refleja una falta de diálogo, sino también una peligrosa concentración del poder. Si el acuerdo con el FMI no puede ser discutido a nivel parlamentario, entonces el país está expuesto a las decisiones unilaterales de un solo actor.
A este escenario se suman otros problemas que terminan de completar el panorama de caos: los cortes de luz masivos que afectan a más de 650.000 personas, un Gobierno que no da explicaciones ni soluciones claras -la secretaria de Energía María Tettamanti brilla por su ausencia-, y una sociedad que se ve atrapada en una serie de crisis interconectadas. La falta de respuesta oficial ante la crisis energética es, sin lugar a dudas, otro indicio de un Estado ausente que deja a la ciudadanía a merced de las circunstancias.
La oposición, por su parte, está completamente desarticulada. La falta de cohesión y de propuestas claras hace que el Gobierno no necesite ni siquiera un adversario firme para seguir avanzando en sus errores. Lo más curioso es que, a veces, el Gobierno parece organizarse a partir de sus propios desaciertos, lo que le permite ganar tiempo mientras la oposición sigue perdiendo terreno. Lilita Carrió, en su papel de eterna salvadora de la república, se perfila como una figura que podría haber tenido más peso en la política nacional si no fuera por el ambiente polarizado y fragmentado en el que se encuentra.
En definitiva, Argentina se encuentra atrapada en un espiral de desorden donde las instituciones y el Gobierno no ofrecen respuestas coherentes. La Corte Suprema, el Congreso, y la Casa Rosada parecen estar desconectados entre sí, y lo peor es que, mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentando las consecuencias de un sistema que ha perdido el rumbo.
¿Hasta cuándo seguiremos naturalizando este desorden? ¿Qué más debe pasar para que nos demos cuenta de que el caos institucional ya no es una excepción, sino una norma? El país necesita una reforma profunda, pero más que nada, necesita un poco de sentido común en su funcionamiento. Sin él, no hay acuerdo, ni Justicia, ni gobierno que funcione.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría otorgar licencia al juez federal Ariel Lijo para que asuma en el máximo tribunal sin renunciar a su cargo como titular del Juzgado Federal que ocupa en los tribunales de Retiro.
La administración de Javier Milei no ocultó su malestar con Manuel García Mansilla pero espera a que se formalice la votación para expresarse al respecto.
Después de que el poderoso juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, se viera salpicado por el escándalo de fraude del Banco Master se desató una interna con otro magistrado en la corte que fue nombrado por Bolsonaro. El impacto de la crisis judicial en las elecciones.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.